Preocupación del Ministerio de Defensa por las relaciones Ejercito-sociedad civil

El ministro de Defensa, Alberto Oliart, manifiesta en el informe general sobre el balance de las actividades llevadas a cabo por su departamento y las Fuerzas Armadas durante 1981 al que ha tenido acceso EL PAIS que "es de especial preocupación la mayor integración de la colectividad militar en la vida civil y en este tema destaca el de las relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil". El titular de Defensa admite que los militares forman "un grupo social notablemente diferenciado de otros sectores de la sociedad lo que tanto en España como en otros países ha dado lugar a tensiones...

El ministro de Defensa, Alberto Oliart, manifiesta en el informe general sobre el balance de las actividades llevadas a cabo por su departamento y las Fuerzas Armadas durante 1981 al que ha tenido acceso EL PAIS que "es de especial preocupación la mayor integración de la colectividad militar en la vida civil y en este tema destaca el de las relaciones de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil". El titular de Defensa admite que los militares forman "un grupo social notablemente diferenciado de otros sectores de la sociedad lo que tanto en España como en otros países ha dado lugar a tensiones y a la necesidad de plantearse el modo de superarlas".

El informe señala que el Ministerio de Defensa ha emprendido, en este sentido, diferentes acciones que piensa incrementar durante este año basadas en tres grupos principales: "las dirigidas hacia la clase política e intelectual, las dirigidas hacia los medios de comunicación social y las dirigidas hacia la población en general".Oliart reconoce que han existido tensiones entre las Fuerzas Armadas y la Prensa e indica que "si bien no sería honesto ignorar estas fricciones cuyo motivo fundamental puede decirse que han sido los fallos en la orientación del proceso de la libertad de expresión, tanto en unos como en otros, tampoco lo sería resaltar que durante 1981 se ha llevado a cabo un gran esfuerzo para superar estas barreras".

En torno al proceso que se sigue por los sucesos del 23 de febrero de 1981, el informe destaca que el Consejo Supremo de Justicia Militar ha actuado con absoluta independencia y ha rechazado cualquier intento de coacción y pretensiones de presión "como ha ocurrido cuando aquéllas se han intentado a través de la opinión pública que, en ocasiones, ha sido eco de manifestaciones no pertinentes".

El informe señala, asimismo, que la adhesión de España al Tratado Atlántico Norte decidida por el Gobierno es "un hecho histórico que representa la culminación de un proceso que, aunque algunos han calificado de apresurado, empezó en realidad en el mismo momento en que se concibió la idea de una alianza trasatlántica" y añade que "obstáculos de diversa naturaleza impidieron durante los últimos 33 años la realización formal de la adhesión, pero durante todo ese tiempo tanto España como la Organización del Tratado Atlántico Norte han estado esperando el momento propicio para perfeccionar una relación defensiva que existía, de hecho, desde hace casi el mismo número de años".

Por lo que se refiere al tema del terrorismo el balance del pasado año significa que es evidente que se ha progresado notablemente en esta lucha y destaca la contribución de las Fuerzas Armadas que también es importante "porque junto a los caídos de la Guardia Civil han sido asesinados muchos miembros de los Ejércitos desde soldados a generales siendo su mayor grandeza la de ser capaces de asumir el papel de retaguardia, de salvaguardia, que tienen asignado en la lucha y de encajar sus muertos con inmensa rabia pero timbién con el íntimo convencimiento de que con su sacrificio están colaborando decididamente en la lucha contra el terrorismo, al que no puede concedérsele otro tratamiento que el de simples grupos de asesinos"'.

La política militar es otro de los temas repasados; en este balance donde consta como un espacio de especial atención basado en la selección y aprobación por el Gobierno de los objetivos de la defensa militar. Esta política, precisa el informe, es el resultado "del análisis de la situación exterior e interior existente y de la evaluación de las amenazas que pesan sobre la soberanía e independencía de España, la integridad de su territorio y la permanencia del ordenamiento constitucional".

Asimismo, se incide especialmente en el Plan Estratégico Conjunto (PEC) cuya aprobación corresponde al Gobierno y que "constituye no sólo el marco previsible de actuacion de las Fuerzas Armadas, llegando el caso, sino la fuente inspiradora de la política militar".