Extravagante actuación del alcalde del pueblo salmantino de Larrodrigo

Los concejales de Larrodrigo (Salamanca) reclaman y esperan desde hace dos años el cese de su alcalde para que el Ayuntamiento vuelva a ponerse en marcha y el pueblo pueda funcionar de nuevo como otro cualquiera. Desde el verano de 1979, acusan a Miguel Vicente, ante UCD, el Gobierno Civil y otros organismos, de haber paralizado las actividades de la Corporación, de actuar en contra de los intereses de los vecinos y de haber cometido delitos que deberían imposibilitarle para seguir ocupando su puesto.

Los concejales del pueblo salmantino de Larrodrigo afirman que el gobernador ha retira...

Los concejales de Larrodrigo (Salamanca) reclaman y esperan desde hace dos años el cese de su alcalde para que el Ayuntamiento vuelva a ponerse en marcha y el pueblo pueda funcionar de nuevo como otro cualquiera. Desde el verano de 1979, acusan a Miguel Vicente, ante UCD, el Gobierno Civil y otros organismos, de haber paralizado las actividades de la Corporación, de actuar en contra de los intereses de los vecinos y de haber cometido delitos que deberían imposibilitarle para seguir ocupando su puesto.

Los concejales del pueblo salmantino de Larrodrigo afirman que el gobernador ha retirado al alcalde las llaves del Ayuntamiento y ha enviado el caso al juzgado, el fiscal se ha ocupado de su procesamiento por desobedecer a la primera autoridad provincial y UCD le ha expulsado en dos ocasiones. El jueves pasado, el alcalde aceptó en Magistratura pagar al alguacil su sueldo de veinte meses.El resto de la Corporación acusa a su alcalde en un escrito que envió al gobernador de: "Vivir casi al margen de la ley", de tener un carácter "violento y provocador", de "blasfemo y difamador". Explican cómo el alcalde se apropió de dinero del Ayuntamiento y califican su actuación de "anormal y delictiva". Añaden que, pese a los requerimientos del gobernador, no ha convocado plenos desde hace dos años y se ha negado a pagar a los funcionarios. Le responsabilizan de no cobrar los impuestos y de detener la contabilidad y los presupuestos.

Además, los concejales se refieren al desagrado con el que el pueblo ve continuamente el nombre de su representante en el Boletín Oficial de la provincia como sujeto de embargos, y a sus manifestaciones públicas diciendo que es el amo del pueblo. Junto a otras acusaciones, el escrito recoge también la protesta por la utilización del teléfono del Ayuntamiento, del correo oficial y del agua en beneficio propio y sin control.

Cuatrocientos habitantes

Larrodrigo es un pequeño pueblo de casi cuatrocientos habitantes. Como resultado de las elecciones municipales se encontró con un alcalde y tres concejales de UCD y otros tres ediles independientes. "Entonces no se había descubierto cómo era Miguel Vicente", manifiesta uno de ellos, y "en los pueblos no hay partidos, casi todos votaban a esa candidatura por otros". Cuando comenzaron los enfrentamientos con el alcalde, "porque ya a los dos meses quería que funcionáramos bajo sus órdenes", decidieron apuntarse todos a UCD."En el partido, cuando fuimos a protestar del alcalde, nos dejaron entrar, pero para tener más fuerza, nos afiliamos". Según estos concejales, UCD expulsó a Miguel Vicente, pero éste se benefició de la amnistía del congreso de Palma. "UCD es el partido más incivilizado y el más irresponsable, porque nos atiende, pero no nos soluciona el problema". El comité de disciplina de UCD de Salamanca se reunirá para tratar el caso y nos han asegurado que, aunque Miguel Vicente tiene todavía unos días para recurrir contra el expediente, ellos no le van a dejar volver, diga lo que diga Madrid".

Los concejales, el alguacil, el juez de paz y el secretario, que luchan para poder trabajar en beneficio del pueblo ("no sabe qué ambiente se está creando"), se extrañan de que nadie haya actuado ya de forma más efectiva. "Desobedeció al gobernador, que le mandó convocar sesiones, y le procesaron". "Nueve veces han pedido los concejales plenos", manifiesta el secretario. Y añade uno de los concejales: "Cortó las sesiones en el momento en que vio que no estábamos de acuerdo con él, a los tres meses de las elecciones".

Pasado el verano de 1979, la Diputación envió al pueblo una motoniveladora para arreglar las calles y dar trabajo a algunos de los vecinos que estaban en paro. "El alcalde se cogió veinticuatro jornales, es decir, 24.000 pesetas, porque dijo que el partido le había comunicado que ya podía cobrar del Ayuntamiento". "Posteriormente", continúan explicando los concejales, "se quedó con las 25.000 pesetas del gasóleo de la máquina. No nos enteramos hasta que, tres meses después, le reclamaron del surtidor, y entonces quiso culpar al secretario y al tesorero". Por fin Miguel Vicente devolvió el dinero, "porque sabía que íbamos a denunciarle".

Pero a partir de entonces, manifiestan los concejales, "empezamos a ir en contra de él. El secretario del Ayuntamiento ya no cobraba su sueldo y el alguacil iba a dejar de recibirlo pronto, "porque no quiere firmar los libramientos y nosotros no podemos pagarlos", continúan los ediles. En la actualidad, el Ayuntamiento debe casi 300.000 pesetas al segundo y 1.200.000 pesetas al primero. El Ayuntamiento tiene en caja alrededór de 1.500.000, pero no más, porque no ha cobrado los impuestos de estos dos últimos años.

Las autoridades reclaman justicia

Las autoridades de Larrodrigo reclaman justicia: "Nosotros no podemos hacer nada porque él no quiere. El pueblo está perdiendo todo su patrimonio porque no subasta los pastos ni cobra las masas comunales. Las sesenta hectáreas del pueblo se dividen en pastos y laboreo. El producto de aquéllos se subasta anualmente, pero desde que entramos en el Ayuntamiento, el alcalde no lo ha hecho y se están aprovechando de ello cuatro desaprensivos". Las masas comunales se arriendan en parcelas cada tres años, pero tampoco se cobran, "empezando por la que explota el alcalde, que es el primer deudor del pueblo".Las acusaciones contra el alcalde continúan. Algunas, aunque afectan a su vida privada, repercuten en la vida del pueblo. Entre éstas destaca la de manipular sus propios contadores del agua.

O la de haber dejado sus grifos abiertos continuamente durante el verano pasado, en tiempo de sequía. Además, los concejales aseguran que recibió un apercibimiento de Sanidad porque contaminaba alguna zona del pueblo. E impidió al maestro y los escolares arreglar una calle, ello a pesar de que el autocar que lleva a los niños ha amenazado con no entrar en el pueblo si los ramales de entrada continúan en el estado actual. EL PAÍS, pese a intentarlo reiteradamente, no pudo entrar en comunicación con el alcalde para conocer las razones de su actitud.