Un impuesto hipotecado

El impuesto sobre el valor añadido (IVA), tributo que grava el valor incorporado a cada fase del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, llegará a España con una doble hipoteca. Es una exigencia para entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE), si bien lo tienen dos docenas de países no comunitarios. Será, además, un pilar básico para aumentar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social, aliviando las de los empresarios.Hacienda lo ha dicho claramente: "El IVA incide, en definitiva, sobre el consumidor". Es decir, que en el futuro la generalidad de los ciudadanos s...

El impuesto sobre el valor añadido (IVA), tributo que grava el valor incorporado a cada fase del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, llegará a España con una doble hipoteca. Es una exigencia para entrar en la Comunidad Económica Europea (CEE), si bien lo tienen dos docenas de países no comunitarios. Será, además, un pilar básico para aumentar las aportaciones del Estado a la Seguridad Social, aliviando las de los empresarios.Hacienda lo ha dicho claramente: "El IVA incide, en definitiva, sobre el consumidor". Es decir, que en el futuro la generalidad de los ciudadanos soportarán las dos fuentes ampliamente mayoritarias de recursos estatales: renta al ingresar, IVA al consumir. Los otros impuestos, esperemos, serán testimoniales.

Pero los empresarios, a juzgar por las reiteradas declaraciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), parece que lo van a pagar sólo ellos. Ayer mismo, en la introducción a su libro sobre los aspectos sectoriales de la integración de España en la CEE, la patronal ha dicho que únicamente la armonización en el plano de las aportaciones a la Seguridad Social (se quejan de que aportan el doble que sus colegas comunitarios, no de que la Seguridad Social española sea poco más de la mitad de la europea) haría posible una implantación del IVA en España.

Su argumento es que, en otro caso, ello supondría un muy grave daño para el conjunto de los intereses económicos nacionales. Ciertamente, les pesa, y debe pesarnos a todos, en especial a los parados españoles, que los productos hispanos lleven incorporado en su valor las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no son devueltas en aduanas, lo que resta competitividad con respecto a los países donde la Seguridad Social se paga más con impuestos.

No obstante, los representantes del resto de la sociedad (sindicatos, organizaciones de consumidores, partidos políticos) quizá deberían contribuir a que la voz empresarial no sea exclusiva sobre un tema que tanto costará a los ciudadanos. Los partidos parlamentarios tendrán su oportunidad en los próximos meses, con motivo del debate del proyecto de ley del IVA, si sus enmiendas son inspiradas también por intereses no sólo patronales. El resto de los estamentos no parece haber tomado hasta ahora posiciones públicas, y su actitud bien podría favorecer otra hipoteca para el nuevo impuesto.