La empresa pública en España: ese oscuro objeto del desgobierno

La empresa pública española atraviesa por uno de los períodos más críticos de su no larga pero sí muy accidentada historia. Es patente que se encuentra sometida a un descrédito generalizado, poniéndose incluso en duda su papel como instrumento de política económica capaz de contrarrestar algunas dificultades de la crisis económica o de contribuir a mejorar la distribución de la renta. Es más: se llega a un punto en que la empresa pública aparece como un pesado lastre para afrontar una reconversión industrial de cuya urgente necesidad nadie se permite dudar.

Dos direcciones fundamentales...

La empresa pública española atraviesa por uno de los períodos más críticos de su no larga pero sí muy accidentada historia. Es patente que se encuentra sometida a un descrédito generalizado, poniéndose incluso en duda su papel como instrumento de política económica capaz de contrarrestar algunas dificultades de la crisis económica o de contribuir a mejorar la distribución de la renta. Es más: se llega a un punto en que la empresa pública aparece como un pesado lastre para afrontar una reconversión industrial de cuya urgente necesidad nadie se permite dudar.

Dos direcciones fundamentales están presentes en la evolución más reciente. En primer lugar, la empresa pública parece destinada a acumular cuantiosos déficit que se multiplican en los últimos años: tales son los casos de Renfe, que de tener unas pérdidas de 46.000 millones de pesetas en 1979 ha pasado a 64.431 millones de pesetas en 1980; de Hunosa, cuyas pérdidas se elevaron a 18.990 millones de pesetas en 1979 y a 18.395 millones de pesetas en 1980; de Seat: 15.090 millones de pesetas en 1979 y 20.544 millones de pesetas en 1980; de Ensidesa (15.624 millones de pesetas de pérdidas en 1980), de Astilleros Españoles (17.000 millones de pesetas de pérdidas en 1980), de Altos Hornos del Mediterráneo (7.794 millones de pesetas en 1980), de Iberia (6.683 millones de pesetas de pérdidas en 1980), por poner sólo algunos ejemplos llamativos.Baste añadir que las empresas del INI, en su conjunto, suman 67.650 millones de pesetas de pérdidas en 1979 y 82.707 millones de pesetas en 1980, pérdidas que no registran toda la gravedad de la situación, sobre todo si se tiene en cuenta las reducidas -y en algunos casos ridículas- cifras que los balances del INI atribuyen a las amortizaciones o reposiciones de capital. Especialmente significativos en la siderurgia, la minería y la construcción naval, donde las amortizaciones apenas cubren el 3% o el 4% de los activos inmovilizados no financieros.

Renuncia al protagonismo

En segundo lugar, la empresa pública no sólo acumula pérdidas, sino que, paralelamente, ha renunciado a cualquier protagonismo en el futuro de la economía española o en el desenlace de la crisis. Basta una simple referencia a la distribución de las inversiones del INI en el período 1976-1979- para comprobar hasta qué punto se está produciendo esa dejación. A excepción del sector energético, que concentra importantes. inversiones -pero ya al margen de su competencia-, el INI ha destinado sólo el 0,5%. de sus inversiones directas a tecnología e informática; el 3,2%, a minería; el 1,1%, a alimentación; el 1,5%, al sector químico.

Actividades, todas ellas, que, en su mayoría, forman, parte de los sectores de futuro en donde deberán concentrarse las principales decisiones económicas, de las que el INI -siempre perdedor- va a quedar prácticamente, descolgado, sin posibilidad de hacer frente al desafío tecnológico o simplemente participar.

En la gestación de estos despropósitos, la ineptitud y la incompetencia no han sido ajenas en ocasiones al interesado objetivo de arrinconar en la trastienda de la economía española a la empresa pública. Numerosos hechos podrían apuntarse al respecto. Primero, la reiterada incapacidad del Gobierno para aprobar un estatuto de la empresa pública, a pesar, de los múltiples compromisos adquiridos desde 1977.

Incumplimientos deliberados, es presumible, porque, con un estatuto de la empresa pública en vigor, el Gobierno se vería obligado a proponer y discutir determinados criterios en relación al ámbito de actuación de la empresa pública, a la descentralización de sus actividades, a la regionalización de sus inversiones, al régimen de incompatibilidades y, sobre todo, estaría obligado a admitir un control más riguroso.

Es también necesaria la referencia a la estrategia seguida en la adquisición de participaciones y absorción de activos que tanto ha contribuido a acentuar ese endémico carácter de asilo de empresas desahuciadas que presenta el INI: entre otros ejemplos, cabe recordar, desde 1976, la adquisición total o parcial del grupo de empresas Alvarez -Geasa-, de Hijos de Barrera, SA; de Astilleros de Cartagena, SA; de la Sociedad de Porcelanas de, Vigo; de Altos Hornos del Mediterráneo; de Almirall, SA; de Textil Tarazona, SA; de Ibero Tanagra, SA; de Equipos Electrónicos, SA; así como la inefable compra del hotel Sarriá, de Barcelona, sobre el que pesaba, sentencia de demolición del Tribunal Supremo. Ni siquiera en la designación de altos cargos y dirigentes de las empresas públicas se observan cambios, en viejas prácticas rechazables. El anunciado cese del presidente del Banco Hipotecario, por su vinculación al grupo de Fernández Ordófiez, no es una simple anécdota, sino un dato bien clarificador de hasta qué punto son pautas de favoritismo político y venganza personal, y no de responsabilidad en la gestión económica, las que se siguen en la designación o cese de los dirigentes de las empresas públicas.

Prima de fidelidad en la elección de cargos

Así, son todavía numerosos los políticos que encuentran en la empresa pública una prima de fidelidad o un premio de consolidación, como en el caso lamentable de Sancho Rof, uno de los ministros de la colza.

En definitiva, ni del examen de sus balances ni de la estrategia desplegada en la adquisición y participación en empresas y actividades económicas, ni de la distribución de sus inversiones, ni de la designación de altos cargos y dirigentes se desprende la más mínima prueba de que la empresa pública ha entrado en el proceso de reformas que requería, por una parte, la crisis económica y, por otra, el régimen democrático.

Al contrario, la empresa pública ha visto acentuarse en los últimos años todas las servidumbres y limitaciones que tradicionalmente la han caracterizado. De manera especial, el INI. ha seguido viviendo una existencia mutilada y frustrada, subordinada a los intereses de diferentes grupos privados. A la hora de establecer ¡responsabilidades está claro que al Gobierno le corresponde asumir el mayor peso de la carga; pero seria ingenuo omitir las de dirigentes y, en algún caso, las de los propios trabajadores, o las de algún sindicato, que todavía no han comprendido que la sociedad no puede seguir manteniendo por más tiempo operaciones ruinosas o proyectos inviables carentes de la más mínima rentabilidad.

Dilucidar esas responsabilidades requeriría un amplio debate pero, en cualquier caso, lo que no ofrece dudas es la urgente necesidad de abordar un plan general de soluciones para la empresa pública, un nuevo modelo de participación social y pública en la actividad económica que permita hacer un uso racional de un instrumento potencialmente válido para desplegar un amplio abanico de acciones al servicio de la comunidad.