Secuestros
EL SECUESTRO de José Lipperheide por un comando de ETA Militar puede sugerir diversas interpretaciones acerca del significado y de la intencionalidad de ese acto de barbarie. Sin embargo" tales análisis, aunque necesarios, jamás deberían servir para una inconsciente aceptación de la brutalidad de unos comportamientos que no se relacionan con la lucha política, sino con el más común de los bandolerismos. En este sentido, el caso del industrial vizcaíno no es sustancialmente diferente del secuestro del doctor Iglesias.El goteo de actos terroristas tiende a familiarizar a la opinión pública con s...
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EL SECUESTRO de José Lipperheide por un comando de ETA Militar puede sugerir diversas interpretaciones acerca del significado y de la intencionalidad de ese acto de barbarie. Sin embargo" tales análisis, aunque necesarios, jamás deberían servir para una inconsciente aceptación de la brutalidad de unos comportamientos que no se relacionan con la lucha política, sino con el más común de los bandolerismos. En este sentido, el caso del industrial vizcaíno no es sustancialmente diferente del secuestro del doctor Iglesias.El goteo de actos terroristas tiende a familiarizar a la opinión pública con su existencia, al igual que los ciudadanos de un sistema totalitario terminan por acostumbrarse en su vida cotidiana a la arbitrariedad y a los abusos del poder. Pero una sociedad civilizada, para merecer el nombre de tal y continuar existiendo, tiene que conservar siempre intactos los resortes de asombro e indignación moral ante hechos que rebajan la condición humana al nivel de las escasas especies biológicas cuyos miembros se dan muerte entre sí de forma gratuita. La utilización de la vida de una persona como instrumento del chantaje y como medio para conseguir unas demandas es uno de los más deleznables recursos inventados por la maldad humana a lo largo de su historia. Esas gestoras que piden la libertad de los etarras encarcelados o denuncian las torturas de los detenidos muestran hasta qué extremos de irracionalidad pueden llegar. ¿Cómo se puede pedir la amnistía para quienes, como ocurrió después de octubre de 1977, están dispuestos a seguir asesinando o secuestrando nada más salir de prisión y no ofrecen abandonar las armas e integrarse en la convivencia democrática? ¿Desde qué postura moral se pueden denunciar las violaciones de los derechos humanos en departamentos gubernamentales y apoyar, a la vez, esa refinada forma de tortura que es un secuestro o esa violencia definitiva que es un asesinato?
Entre los secuestradores del jugador Quini o el doctor Iglesias y los secuestradores del ingeniero Ryan y el industrial Lipperheide no hay más diferencia que la puramente formal del lenguaje que reivindica la triste hazaña. Unos y otros están animados por el mismo desprecio a la vida y los derechos humanos y por la misma fría decisión de transformar en mercancía y negocio rentable la existencia de un semejante. Desde esta perspectiva, ETA Militar es indistinguible de cualquier otra banda mafiosa, por mucho que se esfuercen sus ideólogos por buscar coartadas justificatorias de carácter político. El proceso de descomposición moral y ruina histórica de las formaciones de este género, que convierten la fuerza de las armas y el culto de la violencia en su único discurso teórico, ha transformado, desde hace ya años, a los etarras en una simple pandilla de asesinos.
El secuestro del industrial vizcaíno puede ser analizado, de añadidura, como un síntoma de la actual. situación de ETA Militar. Un trabajo policial mejor planificado y la superior eficacia de los servicios de información han permitido, al parecer, desmontar buena parte de la infraestructura de apoyo de los terroristas. También parece probable que la colaboración del Gobierno francés, tras el destronamiento de Giscard, haya trabado la escandalosa libertad de movimientos en el santuario pirenaico de los etarras. Las inequívocas actitudes del Gobierno de Vitoria, secundado por la dirección del PNV, y las duras declaraciones de Xavier Arzallus contra las extorsiones mafiosas, denominadas impuestos revolucionarios, han sido decisivas para el aislamiento social de los terroristas. Dentro de la izquierda abertzale, Euskadiko Ezkerra, comprometida con la defensa de la paz y del sistema democrático, está librando una batalla política e ideológica contra Herri Batasuna.
Esa convergencia de factores está enrareciendo el aire que respira ETA Militar y privándole de los ingresos que el imperio del terror le permitía recaudar mediante la extorsión de los industriales, comerciantes y profesionales vascos. El secuestro de José Lipperheide se propone, según parece, intimidar a los ciudadanos del País Vasco que se niegan a pagar las extorsiones, tanto por sentimiento de la propia dignidad y defensa de sus intereses como por el respaldo prometido por el Gobierno de Vitoria y el presidente del PNV. La eventual exigencia de un rescate por la libertad del industrial vizcaíno también pertenece a la lógica siniestra de ese departamento de hacienda montado por ETA Militar y administrado mediante la sangre, la tortura y el asesinato. En el trágico caso del ingeniero Ryan, los secuestradores exigieron por su libertad una condición de imposible cumplimiento. La repetició n de ese chantaje sólo serviría para ocultar la sed de dinero y la necesidad de normalizar los pagos de las extorsiones bajo apariencias no monetarias. Sin embargo, a nadie puede engañar ya la cobertura política con que ETA Militar trata de ocultar su tentativa por seguir defendiendo los intereses que tiene como, vulgar banda criminal que ha decidido convertir el crimen en una remuneradora profesión, al igual que los secuestradores que retienen en su poder al doctor Iglesias.
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