Cinco mil jefes y oficiales del Ejército republicano esperan sus derechos pasivos

Más de 5.000 jefes y oficiales que sirvieron en su día en el Ejército de la República española siguen privados de la reposición de lo que estiman legítimos derechos, pese a los tres años transcurridos desde la entrada en vigor de la Constitución democrática que se ha dado a sí mismo el pueblo, declaró a EL PAIS Antonio Beltrán Marín, presidente de la asociación en que se hayan agrupados.

En vísperas de la Pascua Militar, los hombres de Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República Española pretenden que su voz -disminuida por el quebranto creciente con que el paso de...

Más de 5.000 jefes y oficiales que sirvieron en su día en el Ejército de la República española siguen privados de la reposición de lo que estiman legítimos derechos, pese a los tres años transcurridos desde la entrada en vigor de la Constitución democrática que se ha dado a sí mismo el pueblo, declaró a EL PAIS Antonio Beltrán Marín, presidente de la asociación en que se hayan agrupados.

En vísperas de la Pascua Militar, los hombres de Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República Española pretenden que su voz -disminuida por el quebranto creciente con que el paso de los años merma sus filas- sea escuchada en ese espíritu de tolerencia que evoca el último mensaje del Rey, de quien han obtenido ya la respuesta de que serán recibidos en audiencia.Las disposiciones que sobre amnistía se fueron sucesivamente aprobando no contemplaron expresamente el supuesto de este colectivo de jefes y oficiales del Ejército de la República española y de sus viudas, según explica Antonio Beltrán Marín. Ello contrasta, añade, con el espíritu de tales disposiciones, y aún más si se tiene en cuenta la solución en forma particular que se adoptó respecto a otros colectivos en situación semejante.

Ante esta situación de hecho, los afectados iniciaron un movimiento, centrado en el Senado -donde contaban con la comprensión de José Prat, Javier Paulino y Alberto Ballarín-, con el fin de promover una proposición de ley que encarase el problema y le diera solución, al menos en la pequeña parte en que aún es posible, habida cuenta de que el tiempo transcurrido hace en muchos casos que las consecuencias sean irreparables.

También los afectados encaminaron sus gestiones al Ministerio de Defensa, y por mediación de su titular fueron atendidos por el secretario general de Personal y Acción Social, general Vara del Rey, quien les manifestó abiertamente que nada tenían que oponer las Fuerzas Armadas a sus pretensiones y que el problema desbordaba el marco de ese departamento y recaía en las competencias del ministro de Hacienda.

Después de facilitar al director general del Tesoro los datos necesarios para cuantificar económicamente las repercusiones de la ley que reconociera sus derechos pasivos, cuya aprobación propugnaba Fraternidad Democrática, sus dirigentes mantuvieron una entrevista con el titular de Hacienda.

El encuentro supuso una vez más la vuelta a empezar, porque Jaime García Añoveros alegó sencillamente «que no encontraba motivo jurídico alguno que legitimara la pretensión de los antiguos jefes y oficiales del Ejército de la República española». Sólo se logró el acuerdo de celebrar una nueva entrevista.

Los dirigentes de Fraternidad Democrática alegan que su encuadramiento en el Ejército de la República española se hizo a tenor de unas normas dictadas por el Gobierno legítimo en aquel entonces, y en concordancia con las previsiones de una Constitución igualmente legítima. Es evidente, continúan, que cuantos acudieron a la llamada del Gobierno legítimo para formar parte de esa nueva oficialidad, que requería el alistamiento de amplios contingentes, adquirieron los derechos que aquellas disposiciones oficiales les reconocían.

Concluida la guerra, en la práctica, aquellos jefes y oficiales del Ejército de la República española se vieron sometidos a la llamada ley de Responsabilidades Políticas, dictada por Franco, y hubieron de comparecer ante consejos de guerra que les juzgaron por el delito de « auxilio, adhesión o rebelión militar», siendo así que los sublevados «no fuimos precisamente nosotros», precisan los directivos de Fraternidad Democrática.

Si el Estado, mediante un Gobierno legítimo, reconoció pro futuro unos derechos, concluyen, ahora se trata de que se hagan realidad mediante las correspondientes pensiones.