Los vecinos de Francisco Silvela, 106, reclaman de la Administración, propietaria del edificio, una vivienda digna

Cincuenta y cuatro vecinos, la mayoría de ellos en edad avanzada, mantienen un pulso con la Administración desde que ésta decretase, en 1946, la expropiación forzosa de la casa que ocupa el número 106 de la calle de Francisco Silvela. Desde entonces, estos madrileños de los de antes no han cejado en su empeño de que se les reconozcan sus derechos a conservar sus viviendas, en un edificio que no presenta indicio alguno de que vaya a derrumbarse de un día para otro. Entre tanto, las ratas y las cucarachas se multiplican en los bajos del edificio, y la humedad corroe las paredes del edificio, pro...

Cincuenta y cuatro vecinos, la mayoría de ellos en edad avanzada, mantienen un pulso con la Administración desde que ésta decretase, en 1946, la expropiación forzosa de la casa que ocupa el número 106 de la calle de Francisco Silvela. Desde entonces, estos madrileños de los de antes no han cejado en su empeño de que se les reconozcan sus derechos a conservar sus viviendas, en un edificio que no presenta indicio alguno de que vaya a derrumbarse de un día para otro. Entre tanto, las ratas y las cucarachas se multiplican en los bajos del edificio, y la humedad corroe las paredes del edificio, propiedad del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

"Aquí nos hemos ido radicalizando con el correr de los años", explica con cierto aire de misterio el metalúrgico José Teva Molina, un hombre de fuerte complexión, que vive en la casa desde 1955, justamente desde que se casó con la hija de otro antiguo del mismo inmueble. Para José Teva, la "radicalización" ha consistido en "dar la cosa" a los periódicos y en pleitear repetidamente con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y con tres ingenieros funcionarios a los que los vecinos del número 106 de Francisco Silvela consideran causantes de sus males. La radicalización incluso ha llegado a la colocación de pancartas en los balcones, con citas de la Constitución, en demanda de vivienda digna, y de un mural con una reproducción del Guernica picassiano, pintado por la asociación de vecinos del distrito.Angel Plaza, taxista jubilado, también se estableció en la casa recién casado. Fue el 28 de enero de 1934. La vida entonces era agradable en esta casa, en cuya entrada los arquitectos colocaron un bello friso de azulejos en relieve. El inmueble constituyó en su tiempo un estimable esfuerzo por aunar habitabilidad y aprovechamiento del espacio disponible. Las distintas viviendas -en total, 86- se distribuyen en torno a once patios interiores que, dada su altura, de sólo seis pisos, resultan muy luminosos.

¿Especulación a la vista?

Los vecinos, en su mayoría dedicados o jubilados de profesiones modestas, sospechan que su casa es desde antiguo un apetecido bocado para los especuladores. En 1946 se les conminó a que comprasen sus respectivas viviendas, y muchos de ellos dieron la correspondiente señal, que algunos todavía no han recuperado.La explicación llegó cuando el 30 de agosto del mismo año los vecinos recibieron una notificación en la que se les comunicaba la expropiación forzosa. El Ministerio de Obras Públicas, que había comprado de tapadillo el edificio, les declaró por escrito ocupantes y les privaba de su carácter de inquilinos.

En un principio se pensaba derruir el inmueble con el fin de ampliar los accesos a la estación de Chamartín, pero, andando el tiempo, los accesos se concluirían sin necesidad de tocar la casa, ni por ello levantar el carácter de "edificio a expropiar" que aún conserva. Hasta entonces, las tres propietarias habían sido indemnizadas con 15.900.000 pesetas, y los dueños de los tres locales comerciales de los bajos -una carbonería, una lechería y un bar-, con 7.500.000. A los vecinos se les ofreció en un principio 110.000 pesetas. Mediante promesas o advertencias reforzadas con triquiñuelas molestas -como llevarse el freno del ascensor-, los funcionarios ministeriales fueron doblegando las voluntades de algunos vecinos, hasta que 32 de ellos optaron por marcharse.

El Gobierno autorizó la compra de los pisos

Hasta 1969, el Ministerio de Obras Públicas continuó pasando los recibos de las mensualidades, que los ocupantes pagaban religiosamente. Hasta que en junio de ese año la Administración cesó de cobrar y se desligó de sus obligaciones como. propietaria de un inmueble habitado. Los inquilinos se vieron obligados a hacer economías para hacer frente a los gastos comunitarios, y en marzo de 1973 iniciaron un proceso contencioso-administrativo contra el ministerio. Entonces se enteraron de que se habían fijado indemnizaciones a las propietarias de la casa aun antes de que se firmase el acta de expropiación.El abandono de los servicios comunes fue en aumento hasta que el año pasado el deterioro creciente obligó al ministerio a realizar algunos arreglos en el tejado y conducción de agua. Ahora, la Administración pretende que los vecinos abonen los gastos ocasionados por aquellas obras: en total, 44.800 pesetas.

Durante casi un año, los vecinos se vieron obligados a subir a pie hasta sus viviendas, a pesar de que la mayoría son personas de edad, e incluso entre ellos hay minusválidos, porque la empresa mantenedora del ascensor, Eguren Konen, decidió llevarse una pieza del mismo como medio de forzar el pago del servicio de mantenimiento, adeudado por la Administración. Los inquilinos viven constantemente bajo este tipo de amenazas, que también llegan del Canal de Isabel II y de la compañía eléctrica que les suministra fluido para los servicios comunitarios.