Arzallus acusa a Martín Villa y a Marcelino Oreja de fabricar un escándalo con sus declaraciones

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzallus, acusó ayer al ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa -pero también, indirectamente, al delegado del Gobierno, Marcelino Oreja-, de haber fabricado, artificialmente un esc ándalo a cuenta de sus recientes declaraciones, a fin de «desacreditar las posturas de los partidos nacionalistas frente a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y acreditar su propia imagen de ministro capaz de meter en vereda a los vascos».El líder nacionalista comenzó su explicación denunciando la «tergiversac...

El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzallus, acusó ayer al ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa -pero también, indirectamente, al delegado del Gobierno, Marcelino Oreja-, de haber fabricado, artificialmente un esc ándalo a cuenta de sus recientes declaraciones, a fin de «desacreditar las posturas de los partidos nacionalistas frente a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y acreditar su propia imagen de ministro capaz de meter en vereda a los vascos».El líder nacionalista comenzó su explicación denunciando la «tergiversación realizada con un discurso, cuyo sentido general era precisamente la defensa de la vía de la negociación política frente a todo planteamiento violento». Esa «tergiversación» y el «escándalo consiguiente» se producían, por otra parte, en un momento en el que, « tras haber rir antenido en sordina nuestras quejas sobre el gravísimo precedente que suponía el intentó de modificar los estatutos por una vía no constitucional, se había hecho evidente que UCD estaba dividida respecto al tema». Es en «ese momento preciso cuando Martín Villa aparece en primer plano tratando de fortalecer su posición dentro del Gobierno, utilizando para ello el pretexto de una frase extraída de mi díscurso». Sin citar a nadie expresamente, Arzallus aludió a cierta persona que, desde Vitoria -residencia del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Marcelino OreJa- habría colaborado en dicha operación.

De «gesto no precisamente hábil» calificó Arzallus el telegrama enviado por el ministro de Defensa, Alberto Oliart, a los capitanes generales, ya que, dijo, significa «sembrar la preocupación en el estamento militar sobre un tema, la LOAPA, que no es de su competencia». Respecto a la remisión por parte. del gobernador de Vizcaya al ministerio fiscal de sus declaraciones del domingo pasado, Arzallus se mostró sorprendido de que «el gobernador ni siquiera se ha dirigido a nosotros para pedirnos el texto íntegro del discurso, lo cual hubiera sido una norma de elemental prudencia política».

El portavoz de la minoría nacionalista del Congreso, Marcos Vizcaya, amplió la argumentación de Arzallus sobre el presunto papel de Martín Villa y recordó el protagonismo del ministro de Administración Territorial en cuestiones como la planteada en torno a la festividad del 12 de octubre en Cataluña y otras, destinadas, en su opinión, a «crear una tensión artificial que le haga aparecer como la persona capaz de poner fin al caos autonómico». «Artificial», precisó Vizcaya, «porque la ofensiva se produce precisamente cuando los temas más conflictivos de interpretación del Estatuto -policía autónoma, conciertos económicos- estaban ya resueltos mediante negociación. Con su actitud, Martín Villa apuntaría, en primer lugar, a desmontar la obra de Adolfo Suárez, pero también probablemente», aventuró Marcos Vizcaya, «a debilitar al presidente Calvo Sotelo».

Divisiones en UCD

Si la LOAPA ha encontrado una sorda oposición dentro de las propias filas de UCD, ha sido, según argumentó el senador Mitxel Unzueta, «porque de una manera indirecta favorece el modelo de sociedad propugnada por el PSOE, al incentivar el artículo 131 de la Constitución, por el que se reserva al Estado la iniciativa en materia de planificación económica».

Los tres portavoces nacionalistas ofrecieron, finalmente, una fórmula de acuerdo, según la cual los criterios de armonización autonómica propugnados por UCD y PSOE serían de aplicación únicamente a los estatutos de aquellas comunidades en que, por existir mayoría de estos dos. partidos, ellos hubieran sido los artífices del texto respectivo.