Oposición sindical a los proyectos de ley sobre función pública

Tanto CC OO como UGT mostraron ayer su rechazo a los proyectos de ley sobre régimen estatutario de los funcionarios públicos y de la ley orgánica que regula el ejercicio de derechos y libertades de los funcionarios. Ambos proyectos, según fuentes sindícales, serán presentados en el próximo Consejo de Ministros.El rechazo de los citados sindicatos se basa en que los textos no recogen las modificaciones planteadas por las centrales. Las discrepancias más notables se concretan en el mantenimiento de la actual estructura de cuerpos. El proyecto no establece criterios sobre su unificación. En este ...

Tanto CC OO como UGT mostraron ayer su rechazo a los proyectos de ley sobre régimen estatutario de los funcionarios públicos y de la ley orgánica que regula el ejercicio de derechos y libertades de los funcionarios. Ambos proyectos, según fuentes sindícales, serán presentados en el próximo Consejo de Ministros.El rechazo de los citados sindicatos se basa en que los textos no recogen las modificaciones planteadas por las centrales. Las discrepancias más notables se concretan en el mantenimiento de la actual estructura de cuerpos. El proyecto no establece criterios sobre su unificación. En este sentido, según CC OO, no se recoge ni una disposición transitoria que mandatara al Gobierno para presentar, en un plazo determinado, un proyecto de ley de unificación de cuerpos.

Tampoco contempla, de acuerdo con estas fuentes, la reforma del actual sistema de oposiciones y formación de personal. En cuanto a incompatibilidades, según UGT, lo recogido en el proyecto de ley no responde a la idea que a este respecto tenían los sindicatos.

Pos lo que se refiere a la ley orgánica de los derechos fundamentales de los funcionarios, ambos sindicatos coinciden en afirmar que impone restricciones a importantes colectivos de funcionarios.

Según señalaron representantes de CC OO, las limitaciones impuestas en el texto son un claro retroceso con la situación que se da de hecho. Con el actual proyecto se prohíbe el ejercicio del derecho de huelga a los funcionarios que portan armas en el ejercicio de sus funciones.

Aunque ambos sindicatos reconocen que los dos proyectos introducen mejoras con respecto a la legislación actual, no están a la altura de lo que actualmente exije la función pública y su necesaria racionalización. «Todo puede reducirse», señala UGT, «a un simple cambio de fachada, convirtiendo esta oportunidad en una frustración más».