41 afectados presentan querella ante la Audiencia Nacional

Antonio García Pablos, ex presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presenta hoy en la Audiencia Nacional una querella en nombre de 41 afectados por la mal llamada neumonía atípica.La querella exige responsabilidades criminales y civiles en cuatro grados distintos: primero, a los autores del desvío a consumo humano de un aceite que sólo debería utilizarse en la industria siderometalúrgica; segundo, a los que hayan mezclado el aceite con conocimiento de causa de que era tóxico y lo han comercializado; tercero, a los que, con conocimiento de causa, lo hayan vendido, y, por ...

Antonio García Pablos, ex presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), presenta hoy en la Audiencia Nacional una querella en nombre de 41 afectados por la mal llamada neumonía atípica.La querella exige responsabilidades criminales y civiles en cuatro grados distintos: primero, a los autores del desvío a consumo humano de un aceite que sólo debería utilizarse en la industria siderometalúrgica; segundo, a los que hayan mezclado el aceite con conocimiento de causa de que era tóxico y lo han comercializado; tercero, a los que, con conocimiento de causa, lo hayan vendido, y, por último, a quienes en los organismos oficiales estaban obligados a vigilar y controlar la naturaleza del aceite y, por lo que en derecho se denomina responsabilidad penal in vigilante, han podido infringir esta obligación.

Entre los 41 querellantes se encuentran los familiares de dos personas fallecidas y una mujer afectada por la neumonía atipica en estado de embarazo, a la cual los médicos no podrán asegurar en un plazo de diez años las consecuencias que en este momento haya podido sufrir el feto. Otra de las víctimas es un transportista autónomo, sin seguridad social, que ha tenido que sufragarse él mismo todos los gastos producidos por el envenenamiento del aceite, y otro presenta ya disminuciones lfísicas por la intoxicación. Ninguno de estos querellantes tiene el alta definitiva, ya que deberán pasar una revisión semanal por lo menos hasta el mes de octubre.

Ayuda a los damnificados

Hace una semana que el abogado García Pablos presentó ante el Consejo de Ministros una petición para que el Estado cree un fondo económico de ayuda a los damni ficados por el aceite tóxico, ya que resulta curioso que el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social haya pedido una indemnización de 1.500 millones de pesetas por los gastos sufridos en la Seguridad Social por el tratamiento de esta enfermedad y que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) piense querellarse contra el Ayuntamiento de Madrid por los daños económicos que le ha causado la venta ambulante, y que, sin embargo, nadie, hasta ahora, se haya acordado de las víctimas directas del aceite tóxico, muchas de las cuales ignoraban el derecho que les asiste a recibir una indemnización.

García Pablos ha declarado que piensa ir hasta el final en la investigación y que espera resolver algunos interrogantes que hasta el momento no han quedado claros, por ejemplo, por qué se desnaturaliza el aceite de colza con un veneno en lugar de hacerlo, como parece ser que se puede hacer, por procedimiento no tóxico; por qué la inspección de Aduanas no lo tenía detectado, y cuándo, quién y en qué momento el Ministerio de Sanidad empezó la investigación sobre el aceite como posible causa de la neumonía atípica.

Por su parte, varias asociaciones defensoras de los derechos de la familia han exigido la comparecencia urgente del Gobierno ante el Congreso, con el fin de que informe sobre las garantías que puede ofrecer respecto a la seguridad de los españoles en el consumo de alimentos.