El Estatuto de Autonomía, dictaminado ayer, será sometido a referéndum el próximo octubre
El Estatuto de Autonomía para Andalucía fue aprobado ayer, último día del plazo fijado por la Constitución, por la comisión mixta integrada por la Comisión Constitucional del Congreso y una delegación de la Asamblea de Parlamentarios andaluces. El principal escollo en la tramitación de esté texto, la fecha del referéndum y las elecciones autonómicas, quedó finalmente superado, al comprometerse públicamente el Gobierno a que las elecciones gallegas y el referéndum andaluz se celebren el mismo día.
En base a este acuerdo, el plebiscito andaluz tendrá que celebrarse antes del 25 de octubre...
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El Estatuto de Autonomía para Andalucía fue aprobado ayer, último día del plazo fijado por la Constitución, por la comisión mixta integrada por la Comisión Constitucional del Congreso y una delegación de la Asamblea de Parlamentarios andaluces. El principal escollo en la tramitación de esté texto, la fecha del referéndum y las elecciones autonómicas, quedó finalmente superado, al comprometerse públicamente el Gobierno a que las elecciones gallegas y el referéndum andaluz se celebren el mismo día.
En base a este acuerdo, el plebiscito andaluz tendrá que celebrarse antes del 25 de octubre, fecha en la que expira el período establecido en el Estatuto gallego para elegir el primer Parlamento autónomo de aquel territorio. Las elecciones al Parlamento andaluz deberán ser convocadas en el primer trimestre de 1982, tal y como deseaban los socialistas, en contraposición a UCD, que mantenía una posición más ambigua al remitir la cuestión a un pacto entre la Junta y el Gobierno de la nación.Sin embargo, las relaciones entre la Junta y las diputaciones, otro de los temas más conflictivos, quedaron recogidas en el texto con una fórmula más próxima a los criterios que había sostenido UCD en los debates. Los socialistas habían defendido que «la comunidad autónoma podrá asignar la administración periférica de la Junta de Andalucía a las diputaciones provinciales»; esta tesis no prosperó y, en cambio, fue aceptada una enmienda transaccional centrista, según la cual la comunidad autónoma, en los términos de una ley del Parlamento andaluz y en el marco de la legislación del Estado, articulará la gestión ordinaria de sus servicios periféricos propios a través de las diputaciones provinciales.
Estas cuestiones fueron pactadas en una reunión que se celebró a primera hora de la mañana de ayer, en la que participaron el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, y el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, junto con dirigentes de sus respectivos partidos en Andalucía. Inmediatamente después, la comisión mixta inició la sesión final.
El Estatuto fue sometido a votación poco después de las dos de la tarde. Recibió quince votos a favor (PSOE, UCD y PCE) y uno en contra (PSA) de los representantes de la Asamblea de Parlamentarios andaluces. A su vez, la Comisión Constitucional se pronunció en sentido similar: veintiséis votos a favor (UCD, PSOE, PCE, Grupo Mixto, Minoría Catalana y PNV) y uno en contra (PSA). Ningún representante de Coalición Democrática estuvo presente en la votación.
Quedaba así dictaminado el último Estatuto por la vía del artículo 151 de la Constitución y superados los doce desacuerdos producidos durante los trabajos en ponencia, con los que la Comisión Constitucional y la delegación de la Asamblea de Parlamentarlos andaluces iniciaron el pasado viernes la discusión final del proyecto. Algunos de estos desacuerdos, que de mantenerse hubiesen obligado a tramitar este Estatuto como ley orgánica, fueron corregidos, al igual que las diferencias sobre convocatoria de elecciones y atribuciones de las diputaciones, en la sesión de ayer.
Así, fue establecida una nueva distribución de los escaños del Parlamento autónomo. Frente al criterio inicial de que estuviese integrado por 110 miembros, pasó a adoptarse la cifra de 109, con la siguiente distribución por provincias: Almería (11), Huelva (11), Jaén (13), Córdoba (13), Granada (13), Málaga (15), Cádiz (15) y Sevilla (18). El PCE intentó infructuosamente que se respetase el número de 110 y el escaño sobrante del reparto indicado, obra del PSOE, fuese adjudicado a Sevilla.
Además de esta discrepancia entre socialistas y comunistas, se registró otra importante al abordar el tema de las competencias de las diputaciones, ya que votaron contra la propuesta centrista reseñada anteriormente, mientras el PSOE lo hizo a favor, si bien reclamó una modificación de las normas legales que rigen la elección de estas corporaciones.