El Parlamento podrá discutir los límites y amplitud del estado de excepción

El Congreso de los Diputados podrá debatir y modificar la solicitud de autorización que el Gobierno deberá pedirle para declarar el estado de excepción, según los cambios introducidos ayer en el Pleno del Congreso a propuesta del Grupo Parlamentario Comunista, expresamente aceptadas por UCD. La aceptación de esta enmienda formó parte de un ambiente de previa negociación entre la generalidad de los grupos parlamentarios, que conllevó la aprobación de numerosas propuestas de reforma al proyecto.El artículo 13º de éste disponía que el Congreso podría autorizar al Gobierno para que éste declare e...

El Congreso de los Diputados podrá debatir y modificar la solicitud de autorización que el Gobierno deberá pedirle para declarar el estado de excepción, según los cambios introducidos ayer en el Pleno del Congreso a propuesta del Grupo Parlamentario Comunista, expresamente aceptadas por UCD. La aceptación de esta enmienda formó parte de un ambiente de previa negociación entre la generalidad de los grupos parlamentarios, que conllevó la aprobación de numerosas propuestas de reforma al proyecto.El artículo 13º de éste disponía que el Congreso podría autorizar al Gobierno para que éste declare el estado de excepción, previa remisión al Parlamento de una solicitud en la que determinaría las circunstancias de dicho estado de excepción. Merced a la enmienda comunista, el Parlamento podrá modificar estas circunstancias. La propuesta fue defendida por Jordi Solé Tura y aceptada expresamente por el centrista Oscar Alzaga, y se aprobó por 255 votos a favor, seis en contra y siete abstenciones.

En cambio, fue rechazada la propuesta del grupo vasco para que si la declaración del estado de excepción afecta a la totalidad o a una parte de la comunidad autónoma, el Gobierno de ésta sea consultado por las autoridades centrales, mediante un informe que el Gobierno central debería remitir al Congreso junto con la solicitud de autorización. El vasco Marcos Vizcaya defendió la propuesta, afirmando que no se discute la soberanía de la decisión, que corresponde a las instituciones centrales, puesto que la consulta no supone ningún deterioro de esa soberanía. Oscar Alzaga replicó que este trámite no es indiferente políticamente, entre otras cosas porque, de ser así, el diputado vasco no lo defendería con tanto tesón.

Ambiente de negociación

El debate sobre el articulado del proyecto de ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio comenzó en un ambiente de consenso, fruto de las negociaciones entre las diversas fuerzas parlamentarias. Como consecuencia de ese clima se aprobaron diversas enmiendas de la izquierda y del PNV, y UCD ofreció varias propuestas transaccionales.

En relación con el artículo 1 del proyecto de ley, relativo a disposiciones comunes a los tres estados citados, fue aceptada una enmienda socialista, no incorporada en los debates de la Comisión Constitucional, según la cual «finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden á actuaciones preventivas correspondan a las autoridades gubernativas, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo

las que consistiesen en sanciones firmes».

No fue aceptado, en cambio, un nuevo artículo propuesto por los socialistas y defendido, como el anterior, por Félix Pons, según el cual «la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpen el normal funcionamiento de los poderes y órganos constitucionales del Estado». El centrista Oscar Alzaga se opuso a este texto por estimar que el funcionamiento de tales poderes y órganos no es normal. sino anómalo, durante la vigencia de algunos de los estados citados. La propuesta socialista fue rechazada por 128 votos a favor, 144 en contra y cuatro abstenciones.

El estado de alarma y la huelga

En relación con la regulación del estado de alarma, el comunista Nicolás Sartorius, en su primera intervención parlamentaria, obtuvo éxito con su propuesta, tendente a evitar que el ejercicio del derecho de huelga pueda producir la declaración del estado de alarma. Mediante una enmienda transaccional centrista se aprobó un texto según el cual, entre las alteraciones graves de la normalidad que pueden conducir a la declaración del estado de alarma figurará la siguiente, cuya parte Final es debida a la propuesta comunista: «Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo».

Mediante el texto aprobado por 1,267 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones se garantiza que la mera huelga no puede dar origen a la declaración del estado de alarma, sino que es preciso que, además, se produzca alguna de las catástrofes. crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento contempladas en el artículo cuarto del proyecto de ley.

En este mismo artículo se aceptaron sendas propuestas comunista y del PNV para evitar que las alteraciones graves de la normalidad no detalladas en la ley pudieran suscitar la declaración del estado de alarma. El texto aprobado por la Comisión decía que se podrá declarar el estado de alarma «cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad como las siguientes», y a continuación figuraban cuatro apartados. La modificación introducida ayer establece que la declaración del estado de alarma podrá producirse «cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad».

No habrá consulta a los Gobiernos autónomos

No prosperó, en cambio, el intento del diputado del PNV Marcos Vizcaya de incluir el siguiente texto, tras el párrafo que establece que la declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros: «Cuando la declaración afecte a todo o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma será oído previamente el Gobierno de dicha comunidad ... ». El centrista Oscar Alzaga rechazó el texto por estimar que el Gobierno es el responsable, según la Constitución, y no está obligado a oír a ningún otro poder. Vizcaya replicó que oír al Gobierno de una comunidad autónoma no limita la responsabilidad que corresponda al Gobierno central. La enmienda del PNV fue rechazada por 42 votos a favor, 235 en contra y una abstención.