El tamaño de nuestra miseria
La última polémica que enzarza a la clase tecnoeconómica es, en sí misma, buen termómetro de la crítica situación en que nos encontramos. ¿Ha crecido el PIB durante 1980 un 1,5 % (INE), un 1 % (patronal bancaria) o notablemente por debajo de un punto (Julio Alcaide Inchausti)? Discutimos el tamaño de nuestra miseria. Recordemos el contenido del informe «secreto» sobre las previsiones de paro hasta 1985 que, según se dice, el Gobierno encargó y cuidadosamente ocultó al ver los resultados. Dicho informe contemplaba dos escenarios para 1985, uno optimista, con algo menos de millón y medio ...
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La última polémica que enzarza a la clase tecnoeconómica es, en sí misma, buen termómetro de la crítica situación en que nos encontramos. ¿Ha crecido el PIB durante 1980 un 1,5 % (INE), un 1 % (patronal bancaria) o notablemente por debajo de un punto (Julio Alcaide Inchausti)? Discutimos el tamaño de nuestra miseria. Recordemos el contenido del informe «secreto» sobre las previsiones de paro hasta 1985 que, según se dice, el Gobierno encargó y cuidadosamente ocultó al ver los resultados. Dicho informe contemplaba dos escenarios para 1985, uno optimista, con algo menos de millón y medio de parados (tasa del 10%), y otro «pesimista», con 1.700.000 (tasa del 11,8%). Pues bien, la hipótesis «optimista» operaba sobre un incremento anual acumulativo del PIB, de aquí a 1985, de un 4%, y la «pesimista», sobre un incremento del 2,5 % anual. Fiémonos de los bancos: en 1980 habremos crecido un 1%, y, en el mejor de los supuestos, un incremento similar del PIB se producirá en 1981 (aunque crezca algo el sector industrial, ya no nos salvará la agricultura). La realidad está echando por tierra la hipótesis «Optimista» y la hipótesis «pesimista»: hay una hipótesis aún más pésima y es la más verosímil. A esta hipótesis «innombrable», que el informe citado no se atreve siquiera a cuantificar, le atribuían sus autores «incalculables repercusiones negativas sobre nuestra estructura social».2. Ya nadie duda de que España sufre una «crisis diferencial» (expresión acuñada por el Boletín de Coyuntura Económica de las Cajas de Ahorro). La distancia del PIB per cápita entre España y la CEE era en 1970 de 100 a 225; en 1975, de 100 a .202, pero en 1980 pasó a ser de 100 a 213. Esa relación, que con respecto al conjunto de los países de la OCDE es sensiblemente parecida, expresa sencillamente un proceso de alejamiento de España de los países desarrollados de nuestro entorno económico o, por utilizar terminología al uso, una caída hacia el Sur.
¿Cuál es la naturaleza o las causas singulares, de esa crisis diferencial? Globalmente puede afirmarse que esa crisis expresa falta de capacidad de respuesta al cambio, pero ¿qué clase de cambio es el que se está produciendo en nuestro contexto económico y a cuyas exigencias no somos capaces de dar respuesta?
Nos encontramos en una época-bisagra, más allá de la cual se configurará un nuevo orden económico. La profunda modificación en la estructura de la división internacional del trabajo hace variar nuestra posición en esa estructura: aparecen nuevos países que producen -con ventajas- lo que nosotros producíamos, y eso nos obliga a desplazarnos a otras posiciones, exactamente las que nos permitan convertir en renta nuestras ventajas relativas. Se añade una mutación importante en el arsenal tecnológico de la humanidad, que prefigura un nuevo orden de consumo (otros bienes, para satisfacer otras necesidades) y un nuevo orden de producción (básicamente, incorporación de la electrónica a los procesos productivos). Finalmente, el encarecimiento de los precios petrolíferos, antesala de la verdadera crisis energética, formula nuevas exigencias de cambio: el aumento de los precios de la energía modifica la estructura de costes de, las empresas y la estructura misma del consumo, imponiendo cambios profundos tendentes a producir con menor consumo de energía bienes que consuman menos energía. En otras palabras: el conjunto de los factores expuestos determina que en el futuro hayan de producirse bienes distintos de manera distinta.
¿Cuáles son las condiciones para poder responder eficazmente a esa exigencia de cambio? Básicamente, las siguientes:
a) El cambio exigirá una importante reconversión de todo el aparato productivo, especialmente (pero no sólo) el aparato industrial. Esa reconversión no será posible sin la realización de un esfuerzo inversor gigantesco, que a su vez exige un proceso de acumulación importante. Sin inversión no será posible la adaptación al cambio, pero sin acumulación capitalista no habrá inversión. Son verdades elementales, pero tercas.
b) El cambio se produce también de un mundo cierto a un mundo incierto. En consecuencia, el esfuerzo investigador, a través del cual vaya configurándose ese mundo incierto, pasa al primer plano.
c) El cambio será tanto más posible cuanto menores sean las rigideces de la sociedad que cambia. Esta parece también una verdad elemental, pero que no tiene nada que ver con la postura de quienes, desde la derecha, defienden liberalizaciones unidireccionales (quieren mercado libre de trabajo, pero lloran la orfandad del estado-protector).
d) La disminución de las tensiones internas de una sociedad o, si se prefiere, el grado de integración de sus fuerzas sociales, constituye una ventaja relativa. Puede renunciarse a ella en aras de otros sacrosantos -«valores», pero conste, al menos, que esa renuncia tiene un precio que habrá de pagarse.
3. Si las expuestas son las condiciones para afrontar con posibilidades de éxito el reto del cambio, envite que ya se puso sobre la mesa en la primera mitad de los setenta, ¿cuál ha sido la capacidad de respuesta de la sociedad española?
a) Detención o involución de los procesos de acumulación. Los costes de personal en la industria por unidad de producto pasaron de ser 100 en 1970 a 130 en 1979. Los gastos de personal han pasado de representar el 57% del valor añadido en 1.973, al 71% en 1979. El deterioro del excedente empresarial ha sido inevitable, porque en las circunstancias actuales de la demanda sólo una parte de los incrementos de costes pueden repercutirse en los precios. Los pactos de la moncloa constituyeron el primer intento de respuesta a esa situación. Los AMI, el segundo.
b) Desprecio absoluto por las inversiones en investigación y desarrollo: un 0,3% del PIB en los años setenta que nos sitúa en el último lugar de los países industrializados, sin que la situación haya experimentado ninguna mejoría sensible.
c) Mantenimiento, bajo unas y otras formas, de las rigideces y fragmentaciones del sistema. Del lado empresarial, se sigue impetrando proteccionismo, ahora a punta de pistola: o el Estado me proporciona un paraguas o cierro la empresa., Pero en el momento en que el empresario elude el riesgo pierde toda legitimación como agente económico. Del otro lado, también hay culpa: hay todavía quien piensa que para luchar contra el paro hay que hacer la defensa numantina de cada puesto de trabajo en cada empresa y en cada una de sus implantaciones geográficas.
Esa es una buena forma de luchar, pero a favor del paro.
Lo que antecede, con todo, no pretende inculpar a nadie de nada. Tal vez la transición pacífica no hubiera sido posible si el incremento de los salarios no hubiera actuado como elemento amortiguador de tensiones en un momento de natural desbordamiento. Tampoco es posible improvisar una estructura de investigación ni romper tajantemente con el binomio porteccionismo/paternalismo. Pero es preciso constatar que la contradicción entre exigencia de cambio e incapacidad para el cambio es la clave Última explicadora de la crisis diferencial española.
4. Es preciso constatar también, ahora con propósito de la enipienda, que hasta ahora el grueso de las políticas puestas en marcha ha ido dirigido a ocultar los problemas por el procedimiento de cambiarlos de sitio, y que ése sigue siendo, en gran medida, el plan de futuro que se nos ofrece. Se habla, por ejemplo, de disminuir la edad de jubilación para descargar a las empresas dé coste salarial y para disminuir el gap entre población activa y población ocupada (ese gap se llama paro), pero se silencia que esa carga de la que se desgrava a las empresas se transfiere al presupuesto y, en consecuencia, se convertirá o en mayor presión fiscal o en mayor déficit público, y éste, o en. mayor endeudamiento (con la consiguiente -contracción del crédito al sector privado) o en mayor apelación al Banco de España (y mayor inflación, que es también un impuesto, y económicamente desestabilizador). Igual cabría decir de la mayor coberturá por el Estado de la Seguridad Social, o incluso de la llamada reconversión sectoral procedimiento para la recomposición selectiva de la tasa de ganancia mediante desgravaciones y acceso a crédito barato.
Lo dicho no significa que esas medidas no sean convenientes o incluso necesarias. Lo que se quiere poner de manifiesto es que esas medidas tienen algún sentido cuando son el acompañamiento de otras de mayor trascendencia. En otras palabras: la única forma de luchar de verdad contra el paro o reconvertir la industria española es conseguir que crezca la economía, y para ello hace falta restaurar un proceso de acumulación que permita fabricar nuevos bienes que satisfagan una nueva demanda con una estructura de costes que nos permita competir y exportar. La gravedad de los datos sobre déficit exterior por cuenta corriente no estriba sólo en el riesgo futuro de pérdida de solvencia internacional, sino especialmente en que serían significativos,en parte, desagregando la culpa que corresponda al incremento de los crudos, de una pérdida de competitividad de nuestros productos, preludio de la caída al Sur.
5. ¿La salida de la crisis consiste únicamente en una disminución de la participación relativa de las rentas del trabajo? Quien así lo entienda estará nuevamente cambiando una crisis por otra. Los actuales niveles salariales, la baja productividad o incluso el absentismo no son fenómenos casuales, sino que expresan la fuerza de un agente social y económico (los trabajadores) y son el resultado acumulado de muchas luchas. Quien desconozca esa fuerza ignora la realidad y queda incapacitado para planificar el futuro.
La salida de la, sima -no del túnel, como recordó el profesor Alcaide Inchausti- pasa obviamente por una menor remuneración por unidad de producto, sin lo cual no habrá acumulación ni inversión; pero, simultáneamente, por un conjunto de compensaciones que garantice que al término de esa negociación social la evaluación de la posició n de los trabajadores siga arrojando cien. Esas compensaciones deberán producirse en tres niveles:
a) Nivel empresa. Los trabajadores deben participar en mayor o menor medida en el control de los procesos de acumulación que su sacrificio hace posible, sin quebrantar el papel del empresario, que es fándamental para gestionar el cambio. Fórmula: acuerdos de planificación empresarial que p'ermitan asegurar que el resultado del mayor esfuerzo será la mayor y mejor inversión (y, por ende, más empleo).
b) Wivel Estado. La Administración pública -y no sólo los servicios sociales- está actuando como un recipiente de embolsamiento de bienestar: mayores imputs/impuestos que no se convierten en mayores ou tputs /servicios. La Administración pública, como gran patrono de la ciudadanía, debe contribuir en el esfuerzo nacional tolerando resignadamente y, a ser posible, colaborando en la reforma administrativa.
c) Nivel sociedad. Las instituciones sociales modernas son un Tactor de bienestar. La modernización de la sociedad española (el divorcio, por ejemplo) puede compensar otros costes y detrimentos.
La virtualidad del modelo estriba en que no comportará el aniquilamiento ni el entorpecimiento del sistema, sino su progresión. La participación de los trabajadores no sólo no distorsionará la economía de la empresa, sino que la hará más eficaz. La reforma de la Administración o de las instituciones sociales no será un coste para la generalidad, sino un beneficio. El gran pacto consiste, por tanto, ni más ni menos, en sacar a flote la economía española y modernizar el país. En definitiva, se trata de compatibilizar la reconstrucción de la tasa de ganancia con el mantenimiento, al menos, de la tasa de bienestar de los trabajadores. Ese objetivo bifronte no será alcanzable sin la presencia en el Gobierno del primer partido representante de los trabajadores.
6. ¿Es España un país de patriotas, es decir, de ciudadanos capaces de reconciliarse en un esfuerzo colectivo? ¿Cábe entablar una salida consorciada de la crisis económica y política? ¿Estarán dispuestos los trabajadores a cambiar menos salario por más empleo, y más trabajo por mayor control obrero? ¿Estarán dispuestos los patronos a modernizar su rol empresarial, conservando gestión, pero cediendo control a cambio de disponer de recursos para estar presentes en el futuro? ¿Estará la Administración dispuesta a automutilar muchos de sus apéndices viciosos, mejorar eficiencia y devolver servicios a la sociedad? ¿Estará dispuesta la sociedad española a perder el miedo a vivir en la hora del mundo? He ahí el inventario de interrogantes de cuya respuesta depende que España, su economía y la sociedad misma entren en un proceso de achatarramiento, precipitándose en el oscuro Sur paleoindustrial, o se lance al futuro con la vitalidad de un pueblo que todavía puede hacer su historia si se olvida de historias.
Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos es diputado del PSOE por Asturias.