Juzgado en Barcelona el guardia civil que hirió gravemente al alcalde comunista de Abrera

Ayer fue juzgado en la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona el guardia civil José Real Jiménez, autor del disparo que el 30 de julio de 1979 causó graves heridas al alcalde de la localidad de Abrera (Baix Llobregat), causándole parálisis total.

El alcalde de Abrera, Manuel López, de 57 años de edad, miembro del PSUC, resultó alcanzado en la columna vertebral por un disparo cuando actuaba de mediador en un conflicto laboral registrado en la empresa K-Mobel, ubicada en la localidad. Los trabajadores habían ocupado la factoría y retenido a varios directivos. Cuando el co...

Ayer fue juzgado en la Sala Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona el guardia civil José Real Jiménez, autor del disparo que el 30 de julio de 1979 causó graves heridas al alcalde de la localidad de Abrera (Baix Llobregat), causándole parálisis total.

El alcalde de Abrera, Manuel López, de 57 años de edad, miembro del PSUC, resultó alcanzado en la columna vertebral por un disparo cuando actuaba de mediador en un conflicto laboral registrado en la empresa K-Mobel, ubicada en la localidad. Los trabajadores habían ocupado la factoría y retenido a varios directivos. Cuando el conflicto se hallaba prácticamente resuelto, varios miembros de la Guardia Civil, que desconocían la situación en el interior de la fábrica, intentaron forzar la puerta de entrada a la misma con intención de proceder al desalojo. Mientras el guardia civil José Jiménez y un brigada del cuerpo empujaban la puerta, se disparó el arma reglamentaria del primero y alcanzó al alcalde, que se hallaba al otro lado de la puerta.El suceso originó un amplio movimiento de solidaridad entre los alcaldes de la zona, la mayor parte de los cuales acudieron ayer a la vista del juicio. El alcalde Manuel López ha permanecido dos años internado en un centro sanitario. Se desplaza en una silla de ruedas y deberá asistir, en el el futuro, a nuevas sesiones de recuperación.

El ministerio fiscal y la acusación privada calificaron los hechos como constitutivos de un delito de imprudencia temeraria. El fiscal rebajó su petición oficial de cuatro años, dos meses y un día de prisión a la de una pena de un año de prisión y una indemnización de quince millones. La acusación privada, por su parte, pide cuatro años, dos meses y un día de prisión y una indemnización de 123 millones de pesetas.

El desarrollo de la vista del juicio se centró en las circunstancias que rodearon el momento en que tuvo lugar el disparo, que, según la defensa, fue de carácter fortuito. Las declaraciones de los diversos testigos pusieron de manifiesto la peligrosidad del arma que portaba el número de la guardia civil, un subfusil Z-62, susceptible de dispararse con facilidad en el caso de que no lleve el seguro puesto, tal como sucedió en la fábrica de Abrera. Se citó que no existe obligación de llevar puesto dicho seguro.