Ordenada la paralización de un complejo urbanístico vigués
La política urbanística de Vigo vuelve a ponerse en entredicho a propósito de una resolución de la Audiencia Territorial de La Coruña que deja sin efecto la licencia de construcción de un complejo comercial y de viviendas, cuya construcción se ha iniciado ya en una parcela del polígono de Coia de esta ciudad, en la que se invirtieron ya unos seiscientos millones de pesetas por una inmobiliaria.
La Audiencia Territorial ha resuelto como consecuencia de la acción iniciada por varias asociaciones de vecinos, que alegaron que la licencia concebía un volumen de edificabilidad muy superio...
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La política urbanística de Vigo vuelve a ponerse en entredicho a propósito de una resolución de la Audiencia Territorial de La Coruña que deja sin efecto la licencia de construcción de un complejo comercial y de viviendas, cuya construcción se ha iniciado ya en una parcela del polígono de Coia de esta ciudad, en la que se invirtieron ya unos seiscientos millones de pesetas por una inmobiliaria.
La Audiencia Territorial ha resuelto como consecuencia de la acción iniciada por varias asociaciones de vecinos, que alegaron que la licencia concebía un volumen de edificabilidad muy superior al permitido por la ley del Suelo, las ordenanzas municipales y el Plan Parcial de Coia. La alegación de los vecinos significaba que el total edificable, según la licencia, excede en 42.000 metros cuadrados el máximo de edificabilidad de la parcela.
El acuerdo de conceder la licencia fue adoptado por la comisión municipal permanente el pasado 20 de mayo, con los votos favorables de los concejales representantes del PSOE, UCD, PG, PCG y CD en la comisión, aunque el alcalde estaba ausente ese día. El Ayuntamiento habría resuelto poco después los recursos de reposición interpuestos por los vecinos contra el acuerdo de la permanente, rebajando en poco más de mil metros la edificabilidad.
La obra de lo que se conoce en Vigo como el hipermercado, por incluir un centro comercial de inusitadas proporciones, ha sido ya iniciada, y está construido aproximadamente un 20% del proyecto, lo que supone una inversión, hasta el momento, de unos seiscientos millones de pesetas, de los que tendrían que responsabilizarse los concejales que adoptaron el acuerdo si la suspensión de la licencia diese lugar a su revocación definitiva.