Incrementado en un punto el impuesto sobre tráfico de empresas

El incremento de un punto en el impuesto sobre tráfico de empresas (ITE), aprobado ayer por la Comisión de Presupuestos del Congreso, repercutirá en una subida generalizada de los precios y de la tasa anual de inflación en 1981. La adopción de esta medida en el proyecto de ley de Presupuestos ofrece dudas en cuanto a su constitucionalidad, según han puesto de manifiesto los partidos de la oposición, y contrasta con los criterios que mantiene el vicepresidente económico del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el ministro Punset en las negociaciones para la adhesión de España a la CEE.Junto a la ...

El incremento de un punto en el impuesto sobre tráfico de empresas (ITE), aprobado ayer por la Comisión de Presupuestos del Congreso, repercutirá en una subida generalizada de los precios y de la tasa anual de inflación en 1981. La adopción de esta medida en el proyecto de ley de Presupuestos ofrece dudas en cuanto a su constitucionalidad, según han puesto de manifiesto los partidos de la oposición, y contrasta con los criterios que mantiene el vicepresidente económico del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el ministro Punset en las negociaciones para la adhesión de España a la CEE.Junto a la aprobación del incremento del ITE, que fue el tema más destacado en los debates del articulado de los Presupuestos en la jornada de ayer, hay que reseñar la aceptación de tramitar a consulta una impugnación de los grupos de CD, PCE y PSOE sobre las facultades del Gobierno para rechazar enmiendas presupuestarlas en base a que las mismas representen «minoración de ingresos o aumento de gastos». De aceptarse la interpretación de estos grupos sobre el artículo 134,6 de la Constitución, se plantearía una situación singular -dado que en estos momentos ha concluido ya el debate del articulado de los Presupuestos y se encuentra sólo pendiente de la discusión de las distintas secciones- al tener que reconsiderar todas las enmiendas desechadas por el Gobierno en la ponencia.

El impuesto sobre tráfico de empresas, aprobado ayer con la oposición de socialistas y comunistas, queda fijado en un tipo impositivo del 2,5%, aplicable a todas las operaciones sujetas al mencionado impuesto, con las siguientes excepciones- ventas empresariales de inmuebles, cuyo tipo impositivo sea del 3%; espectáculos cinematográficos (aquí seguirá siendo el 4,5%) y ventas, suministros o transmisiones realizadas por mayoristas (se eleva el tipo al 1 %).

A continuación se aprobaron distintos artículos sin excesiva oposición. También se aprobó el presupuesto del ente público Radiotelevisión Española, al que no se había presentado enmienda alguna, por un importe total de 21.751.144.000 pesetas

Parados, ancianos y mutualistas

Durante el debate sobre las últimas disposiciones adicionales y finales fueron rechazadas numerosas enmiendas de la izquierda y algunas de la propia UCD. En la disposición adicional cuarta, que suprime los fondos nacionales, se rechazó una enmienda de los Socialistas de Cataluña sobre creación de un fondo de ayuda para el empleo, destinado a los trabajadores desempleados no perceptores del subsidio de desempleo. El diputado Francisco Parra denunció la paradoja de que UCID defienda que algunos españoles tengan dos o más sueldos, mientras impide que otros españoles cuenten «con lo más mínimo vital para su subsistencia".En la disposición adicional quinta, la diputada centrista Carmen Solano defendió una enmienda encaminada a evitar la desaparición de las mutualidades generales y obligatorias de funcionarios por falta de recursos. Carmen Solano, sin voto en la Comisión de Presupuestos, vio rechazada su enmienda gracias a los votos de su grupo y Minoría Catalana -en total, dieciocho-, mientras recibía el apoyo de la izquierda, el PNV y el Grupo Andalucista (dieciséis votos). Más curiosa fue otra votación de una enmienda centrista, con el siguiente resultado: cero votos a favor, cero en contra y 34 abstenciones. Se trata de una propuesta para facilitar la incorporación de las mutualidades no integradas a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. La actitud de UCD, al no apoyar su propia enmienda, fue un recurso, según explicó el centrista Manuel Sárraga, para dejar abierto el camino a una enmienda transaccional en el Pleno.

A estas alturas del debate se reprodujo el enfrentamiento entre socialistas y centristas sobre la creación de un registro de intereses en las Cortes. Esta enmienda, adicional al artículo 15 (incompatibilidades), no llegó a votarse, por supresión del mismo. Peces-Barba intentó ayer, sin éxito, que se votara como enmienda in voce. En estos momentos no se sabe si la enmienda podrá ir o no al Pleno.

Finalmente, se aprobaron las disposiciones finales y los anexos. Lo más destacado fue la aprobación de una enmienda por la que la Seguridad Social puede adelantar al INEM el déficit del subsidio de desempleo.