Oposición vecinal a un asentamiento de gitanos en Barreda

Varios centenares de vecinos de la localidad de Barreda, perteneciente al municipio de Torrelavega, en Santander, se opusieron rotundamente, en el curso de una tumultuosa asamblea celebrada ayer, a la posibilidad de que varias familias gitanas, desahuciadas del polígono conocido como El Zapatón, se instalasen en la finca situada en la citada población.La asamblea había sido convocada por la asociación de vecinos de Barreda para escuchar, en un principio, las razones de la comisión municipal que trata de encontrar una solución al problema planteado por la necesidad de que alrededor de medía doc...

Varios centenares de vecinos de la localidad de Barreda, perteneciente al municipio de Torrelavega, en Santander, se opusieron rotundamente, en el curso de una tumultuosa asamblea celebrada ayer, a la posibilidad de que varias familias gitanas, desahuciadas del polígono conocido como El Zapatón, se instalasen en la finca situada en la citada población.La asamblea había sido convocada por la asociación de vecinos de Barreda para escuchar, en un principio, las razones de la comisión municipal que trata de encontrar una solución al problema planteado por la necesidad de que alrededor de medía docena de familias gitanas abandonen los terrenos del polígono de El Zapatón, en el que está prevista la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, la reunión se convirtió en un plebiscito negativo y la comisión, integrada por concejales de la Coalición Progresista, al frente de la cual se encontraba el alcalde socialista de Torrelavega, Manuel Teira, no pudo «explicar la propuesta, porque aún no hemos tomado ninguna decisión oficial sobre el asentamiento de esas familias», declaró a EL PAIS el alcalde.

El problema planteado tiene su origen, según el alcalde de Torrelavega, en la inhibición del Ministerio de Obras Públicas ante la situación planteada por la presencia de varias familias de gitanos en los terrenos en los que el citado ministerio debe construir un bloque de viviendas sociales. Tras varios meses de contencioso entre la corporación municipal y la delegación ministerial, la primera se ha visto obligada a buscar soluciones a la situación planteada ante el «chantaje», en palabras del alcalde, del MOPU, que informó de la posibilidad de que se perdiesen los quinientos millones presupuestados para las citadas obras si no se conseguía la expulsión de los gitanos del polígono de El Zapatón.