España no aceptará la exclusión de la agricultura en las negociaciones con la CEE

España no aceptará la exclusión de la política agrícola en sus negociaciones para el ingreso en las Comunidades Europeas. El ministro de Relaciones con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo, dejará clara esta postura española -que contradice los deseos de Francia-, el lunes, ante el Consejo de Ministros de la CEE, durante la sesión ministerial negociadora que se abrirá a últimas horas de la tarde de mañana en el edificio Carlomagno, de Bruselas.

El ministro español hará, en esta sesión ministerial, una declaración oficial en la que se espera que defina la actitud del Gobierno de Madrid ante las...

España no aceptará la exclusión de la política agrícola en sus negociaciones para el ingreso en las Comunidades Europeas. El ministro de Relaciones con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo, dejará clara esta postura española -que contradice los deseos de Francia-, el lunes, ante el Consejo de Ministros de la CEE, durante la sesión ministerial negociadora que se abrirá a últimas horas de la tarde de mañana en el edificio Carlomagno, de Bruselas.

El ministro español hará, en esta sesión ministerial, una declaración oficial en la que se espera que defina la actitud del Gobierno de Madrid ante las recientes declaraciones del presidente Giscard d'Estaing, contrarias a la progresión de las negociaciones hispano-comunitarias en sus capítulos agrícola y financiero, a la espera de que la Comunidad consiga reestructurar ambas políticas, cuyo debate se abrirá en la segunda mitad de 1981.En sus palabras, Leopoldo Calvo Sotelo afirmará la decisión española de negociar y respetar todo el acquis comunitario (o nivel actual de desarrollo y compromisos de la CEE) sin exclusión de ningún tema. El ministro tendrá la oportunidad de recordar que en la sesión de apertura solemne de las negociaciones -celebrada en febrero del pasado año 1979 -fue precisamente el presidente en ejercicio del Consejo y ministro de Francia de Asuntos Exteriores, Jean François Poncet, quien habló de negociar sin exclusión alguna el acquis comunitario. El ministro galo recordó, eso sí, que este contenido de la CEE es variable en sus reformas y compromisos y la parte española prometió acomodarse a ello, pero en ninguno de los dos casos se habló de eliminar sectores en negociación como la agricultura.

Asimismo, Calvo Sotelo podrá recordar al Consejo el retraso que arrastra ya la negociación en su preámbulo conocido como la visión de conjunto o análisis. general de los problemas a negociar. Se recuerda ahora que fue el propio François Poncet quien instó al Consejo comunitario a ejecutar esta absurda ronda prenegociadora con la intención de retrasar, de entrada, un año la negociación propiamente dicha para que esta no discurriera en plenas elecciones al Parlamento Europeo. Pero lo más grave, y ello es la prueba de qué Francia impone por ahora su veto a la negociación agrícola, es que la visión de conjunto de los problemas no ha podido ser concluida porque el Consejo de la CEE no dio a los negociadores comunitarios el mandato necesario para que fueran debatidos los capítulos agrícola y pesquero. Francia, otra vez, ha impedido que ello ocurra, y el documento que la Comisión Europea envió al Consejo, el pasado mes de febrero, permanece bloqueado en su secretariado a la espera de debate.

España está, por el contrario, dispuesta a admitir la existencia de dificultades agrícolas y financieras en el actual momento de la CEE y aceptaría la idea de ir negociando todos los capítulos de la integración, dejando a reformar o ad referendum aquellos puntos más sensibles o susceptibles de reforma. Lo que no podrá aceptar es la idea de que la agricultura quede para el final, o sea, simplemente excluida de la lista de temas, entre otras cosas porque su periodo transitorio -que la Comisión establece entre los siete y los diez años- deberá estar íntiniamente ligado a los de los otros temas considerados sensibles, como el desarme arancelario industrial, libre circulación de trabajadores, política mediterránea, etcétera.

En definitiva, en Madrid se espera que la sesión ministerial negociadora del lunes clarifique la posición del Consejo de la CEE antes de las declaraciones del presidente Giscard destaing que su primer ministro, Barre, intentó, sin éxito, que fueran aceptadas por el Gobierno español como la única realidad posible para basar el desarrollo de las negociaciones hispano-comunitarias. En este Consejo los ministros de Asuntos Exteriores de la CEE podrán, todos ellos, pronunciarse definitivamente sobre las posiciones de París y clarificar su actitud ante Madrid saliendo del equívoco que consiste en decir a Francia que aceptan la reestructuración agrícola pedida por París y a España que las negociaciones deben continuar en las «fechas previstas».

En relación con las fechas, el Consejo tendrá ahora la oportunidad de dar, como lo pretende la Administración española, un calendario definitivo o probable como el que algunos políticos europeos y, sobre todo, los españoles manejan con vistas al ingreso de España en la CEE en 1983. Hasta ahora el Consejo no se pronunció sobre ningún calendario y tampoco parece probable que ello pueda ocurrir ahora, en vísperas de elecciones presidenciales francesas, de tormentosas negociaciones intracomunitarias sobre agricultura y cargas presupuestarias y, sencillamente, porque como lo dijo Barre en Madrid, su país no acepta ni aceptó nunca este calendario.

El Consejo de la CEE lo que no podrá hacer esta vez es eludir las declaraciones de Giscard. Podrá, eso sí, retrasar el debate, pero sería ya indicio suficiente de las dificultades por las que atraviesa la negociación.

De todas maneras, si la actitud que Francia impone en el Consejo es la anunciada en Madrid por Barre, habrá que esperar una definitiva reacción del Gobierno español que podría llegar incluso al abandono, de la negociación. Esta opción se ha barajado en algunos niveles de la Administración española. Si se llevara a cabo, ello producirá interrogantes spbre el futuro del acuerdo preferencial de 1970 vigente y posibles medidas de salvaguardia unilaterales que la CEE podría adoptar contra las exportaciones españolas.