El sector eléctrico, entre la racionalización y la nacionalización

Como es sabido, el sector eléctrico español, al contrario de lo que su cede en la mayor parte de los países, es, hoy por hoy, fundamentalmente privado, y oficialmente nadie desea su nacionalización. Sin embargo, las empresas eléctricas privadas parecen convencidas de que, en un plazo no muy lejano, el sector se encontrará en la esfera pública, y desarollan una política de descapitalización de con secuencias duras muy graves para el país. Los poderes públicos, por su parte, tanto el Gobierno como la oposición, centran los, objetivos del sector en que la participación pública alcance un d...

Como es sabido, el sector eléctrico español, al contrario de lo que su cede en la mayor parte de los países, es, hoy por hoy, fundamentalmente privado, y oficialmente nadie desea su nacionalización. Sin embargo, las empresas eléctricas privadas parecen convencidas de que, en un plazo no muy lejano, el sector se encontrará en la esfera pública, y desarollan una política de descapitalización de con secuencias duras muy graves para el país. Los poderes públicos, por su parte, tanto el Gobierno como la oposición, centran los, objetivos del sector en que la participación pública alcance un determinado porcentaje.La cuantía de dicha participación pública parece, sin embargo, irrelevante, en un momento en que la situación financiera de las empresas privadas está en un proceso tan avanzado de deterioro que parece imposible puedan continuar mucho tiempo en las condiciones actuales, por lo que, sin que nadie lo nacionalice por motivos políticos, el sector eléctrico parece abocado a ir entrando progresivamente en la órbita pública.

El cuadro adjunto trata de ofrecer una imagen de la situación actual del sector y se ha obtenido a partir de los datos que aparecen en las memorias de las nueve primeras empresas eléctricas privadas. Con él puede conocerse cómo evolucionan los fondos netos generados por las propias empresas (autofinanciación) y los captados en los distintos mercados financieros, así como el destino de los mismos.

El diagnóstico parece claro: el sector se encuentra desbordado por unas inversiones, entre las que predominan las nucleares, que son de una cuantía tal que la obra hoy en curso supone casi un 40% de toda la acumulada hasta el momento. Los resultados brutos del sector son, a su vez, insuficientes para amortizar correctamente las instalaciones y poder reflejar en cada ejercicio todos los gastos imputables. De hecho, el sector, para poder lucir unas cifras de beneficios, tiene que pasar a la inversión de si obra en curso gran parte de los gastos financieros de cada ejercicio, por lo que las cargas financieras contabilizadas por algunas empresas representan únicamente un 2% de su pasivo ajeno.

Autofinanciación real inexistente

Gracias a los resultados de la auditoría que, por primera vez, figura este año en la memoria de la principal empresa eléctrica, puede señalarse que frente a los 11.000 millones de pesetas a que ha ascendido su autofinanciación en 1979 se han capitalizado 10.000 millones de pesetas de gastos financieros. Esto supone que la autofinanciación real ha sido prácticamente inexistente (de hecho negativa, si se tiene en cuenta que también se capitalizan gastos de personal), lo que implica que el sector sólo genera recursos para pagar los intereses del exigible ajeno, pero no para su reembolso. Ello obliga, en una clásica « huida hacia adelante», a un proceso de refinanciación continua, que deteriora adicionalmente los resultados y obliga a intensificar el proceso de traspasar a la obra en curso -o sea, al futuro- los costes que no puede absorber el ndgocio presente. Dicha refinanciación tiene que efectuarse además a un ritmo cada vez más rápido, ya que, dada la evolución del sector financiero, los plazos de amortización de los nuevos empréstitos y créditos, que es necesario contraer para poder pagar los anteriores, son cada vez más reducidos.

Hay un factor al que no nos hemos referido hasta ahora y que es fundamental al juzgar la situación financiqra del sector: se trata de la política de distribución de beneficios. Según principios elementales de economía de la empresa, un sector, que se encontrara en la situación aquí descrita no debería distribuir dividendos. Pues bien, el sector eléctrico español reparte ritualmente dividendos del 10% neto, lo que no sólo implica repartir un beneficio que realmente no existe, sino que impide que su autofinanciación alcance un nivel más razonable. Esta política no se ha adoptado además para conseguir así aportaciones importantes del mercado de capitales, ya que, según se ve en el cuadro anterior, el sector sólo consiguió, en 1979, 6.000 millones de pesetas como aportación neta de los accionistas, mientras su endeudamiento aumentaba en 113.000 millones de pesetas. Esta actuación supone que, como se deduce de las cifras del mencionado cuadro, en los tres últimos años se ha retribuido al capital con 143.000 millones de pesetas, mientras su nueva aportación sólo ha ascendido a 49.200 millones de pesetas, lo que supone una relación media de tres pesetaas de retribución por cada peseta nueva conseguida, cifra que llega a ser de nueve pesetas en 1979.

El gráfico adjunto trata de poner de relieve cómo, a partir de 1976, la evolución de las cotizaciones eléctricas resulta inversamente proporcional a los desembolsos efectuados por los accionistas en las ampliaciones de capital. Así, en los años 1976 y 1978, en que se ha forzado su aportación, la cotización ha bajado sensiblemente, lo que confirma las escasas posibilidades de la Bolsa para la financiación presente y futura del sector, dados los bajós niveles de cotización a que ha llegado.

Sobre el sector eléctrico lo que hay formado es un entramado de intereses que maneja los 300.000 millones de pesetas que se recaudan anualmente y asigna los 200.000 millones de pesetas que el sector invierte. La política de dividendos eléctricos (que la banca podría decidir reducir, puesto que ella no se perjudicaría y la situación financiera de las empresas mejoraría sensiblemente) es, sin embargo, un tributo que hay que pagar para que el sistema siga funcionando.

Este saneamiento exigiría un aumento de la autogeneración de fondos, bien por una reducción de los dividendos o por un aumento de tarifas condicionado a mayores dotaciones de amortizaciones y reservas. En definitiva, lo que es insostenible es la política actual de pretender contentar simultáneamente al consumidor y a los accionistas a costa de traspasar el problema a los que manden en el futuro. Resulta por ello extraño que, pese a la importancia financiera del sector eléctrico, no exista un órgano encargado de supervisar u situación económica, al igual que sucede, por ejemplo, con la banca privada, en donde el Banco de España juzga la procedencia o no del reparto de una cifra de dividendos.

En el sector eléctrico debería, pues, llevarse a cabo una actuación de este tipo que adecuara al menos, la política de dividendos con la de tarifas, antes de que el sector complete su descapitalización. En todo caso, si no se actúa en esta dirección, todo el mundo debe saber que se está dejando el ajuste para cuando el sector sea público, con el fin de que, cuando tenga lugar, no aparezca entonces el «liberal» de turno que lo interprete como prueba de que la empresa pública gestiona peor que la privada.