La Audiencia Nacional decidirá si fue o no un acto de terrorismo

El juez instructor del sumario por el incendio del hotel Corona Aragón ha elevado a la Audiencia Nacional una exposición razonada de los hechos, en auto cursado el pasado día 8, a fin de que ésta determine competencias. Dicho de otra forma, el juez instructor no se siente competente en el caso, por estimar que se trata de un asunto de terrorismo. La Audiencia Nacional tiene ahora la palabra.

Un anuncio publicado por el Heraldo de Aragón los días 10 y 11 de julio de 1979 ha pasado a engrosar la documentación de quienes todavía continúan investigando, oficial o privadamente, el inc...

El juez instructor del sumario por el incendio del hotel Corona Aragón ha elevado a la Audiencia Nacional una exposición razonada de los hechos, en auto cursado el pasado día 8, a fin de que ésta determine competencias. Dicho de otra forma, el juez instructor no se siente competente en el caso, por estimar que se trata de un asunto de terrorismo. La Audiencia Nacional tiene ahora la palabra.

Un anuncio publicado por el Heraldo de Aragón los días 10 y 11 de julio de 1979 ha pasado a engrosar la documentación de quienes todavía continúan investigando, oficial o privadamente, el incendio del hotel Corona de Aragón ocurrido el 12 de julio de 1979, en Zaragoza, y que causó 76 muertos y 113 heridos, sin que aún haya sido establecido la causa del mismo.El anuncio citado decía así: «Empresa de productos electrónicos (ramo seguridad) busca representante libre para la venta de sus productos en la provincia de Zaragoza. Interesados presentarse día 12 de Julio en hotel Corona de Aragón, de 10 a 2 y de 4 a 8. Preguntar Sr. Arbildi». La comparecencia del señor Arbildi podría despejar a algunas personas la idea de que tal anuncio fue un mensaje en clave.

¿Accidente fortuito? ¿Negligencia? ¿Atentado? Han pasado diez meses. Aparte de las víctimas, la empresa propietaria del hotel (Turismo Zaragoza, SA), sufrió cuantiosos daños materiales y se produjo un grave problema laboral a más de doscientos empleados y una difícil situación de ofertas de plazas hoteleras en la capital aragonesa. Todas las incógnitas siguen en pie. Pero la Audiencia Nacional tiene ahora la palabra.

En el proceso de instrucción sumarial, el conjunto de los informes técnicos recabados llevaron a la autoridad judicial a sopesar de forma seria la posibilidad del atentado, a pesar de que uno de los emitidos poco después del siniestro, y encargado a experios en explosivos, ya descartó de manera indudable la utilización de bombas u otros artefactos.

A raíz de la visión global del sumario, en que se valora la posible existencia de agentes exógenos al hotel en la causa de la tragedia, se pidió al Ministerio de Defensa el peritaje adecuado. Desde ese instante transcurrieron varios meses y el resultado se ha difundido recientemente: los peritos militares no determinan la causa.

En tal situación, el juez instructor sometió el asunto al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Zaragoza para informe de competenclas, es decir, para ver si el Juzgado de Instrucción número 1 continuaba con el sumario o si debía pasarlo a la Audiencia Nacional por considerar que se trata de un caso de terrorismo. El fiscal indicó al juez que termine la instrucción. Es decir, a juicio del fiscal, no hay su ficientes indicios de que pueda tratarse de terrorismo. Por último, el juez ha elevado a la Audiencia Nacional una exposición razonada del sumario, en auto cursado el pasado día 8, por estimar que el tema no es de su competencia, al considerarlo terrorismo, sino de la Audiencia Nacional.

A punto de concluir

Rafael Soteras Casamayor, magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que instruye el sumario, tras el resultado del informe de los peritos militares, ha manifestado: «Yo no voy a pedir más pruebas periciales, pero eso no quiere decir que en el sumario no puedan incluirse ampliaciones de prueba mientras siga abierto, si alguna de las partes personadas lo requiere».

Rafael Soteras ha decidido elevar a la Audiencia Nacional una exposición razonada de los hechos, de acuerdo con el artículo 5 del decreto de 4 de enero de 1977, en relación con la regla segunda del artículo 782 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. A la vista de esta exposición, oído el fiscal, la Audiencia Nacional dirá si el caso es suyo o no.

Según fuentes jurídicas, un juez dicta auto para elevación razonada de los hechos a un estamento superior cuando se entiende que el asunto no es de su competencia. En el caso del Corona de Aragón, al requerir de la Audiencia Nacional, competente en los asuntos de terrorismo, el oportuno dictamen de competencias por medio de dicha exposición razonada, el juez instructor indica su estimación de los hechos como constitutivos de terrorismo y, por tanto, ajenos a su competencia.

«Se ha trabajado mucho en este sumario y creo que puede decirse que no se ha tardado mucho, sino todo lo contrario, en realizarlo, a pesar de sus complejidades», explica el juez. «El sumario», añade, «no tiene aún un año y me parece que no lo llegará a cumplir abierto. Faltan sólo algunos papeles por incluir, algunas peticiones, que, en realidad, están a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional».

El sumario, según datos aproximados, consta ya de 3.441 follos, además de planos y otros documentos, recogidos en ocho piezas.

Un dato que viene a acentuar el dramatismo de esta historia lo aporta la existencia del cadáver de una de las víctimas, aún sin identificar. Es otro de los puntos oscuros que aún permanecen -tal vez nunca llegue a saberse quién fue- y que se añade a la lista de bases para la duda.

Repercusiones políticas y económicas

El incendio del Corona de Aragón sucedió en un contexto temporal de frecuentes atentados. Uno de tal magnitud superaba todos los récords de forma lamentable. La tensión del momento se acrecentó por el hecho de que, en aquel día, se celebraba una entrega de despachos en la Academia Militar de Zaragoza y algunas de las víctimas fueron militares.

En cualquier caso, la hipótesis de un presunto atentado dirigido contra doña Carmen Polo, viuda de Franco, y sus familiares se haya descartada por completo. Entre otras razones, porque el área del hotel donde se hospedaban no resultó prácticamente dañada.

Por otra parte, las reivindicaciones registradas del presunto atentado no ofrecen, hasta el momento, suficientes garantías de credibilidad. De todas ellas, se habría entendido como más fiable la supuestamente realizada a emisoras francesas, pero no se ha aportado ninguna prueba de su verosimilitud o verdadera existencia.

En otro orden de aspectos, el incendio del Corona de Aragón plantea el problema de quién cubre las indemnizaciones a las víctimas, que ascienden a cerca de setecientos millones de pesetas. Caso de considerarse imputable a algún empleado -cosa estimada corro peregrina en sectores zaragozanos-, la responsabilidad subsidíaría sería de Turismo Zaragoza, SA. No así en el caso de tratarse de terrorismo, en el cual tendrían que pagar los autores si se los hallara y si fueran solventes o, en su defecto, y según algunos criterios, el Estado. Y también parece haber dudas ante la posibilidad de que se considerara fortuito.

Dentro de este capítulo cabe señalar que un representante de una de las víctimas ha solicitado mil millones de pesetas en concepto de fianza al consejo de administración de la empresa propietaria del hotel. Conviene recordar que la cifra asegurada para previsión de daños por el hotel es de diez millones de pesetas.

En cuanto a la problemática laboral, corre paralela al futuro del hotel. Este parece que podría ser reparado con una inversión aproximada a los cuarenta millones de pesetas. Sin embargo, su futuro es dudoso por cuanto no sólo se halla pendiente la decisión sumarial, sino que pesa sobre él la historia de la tragedia. «A la gente le gusta hospedarse donde lo hace una estrella de cine, por ejemplo, pero no donde se recuerda la presencia de los muertos», se opina al respecto en medios hosteleros.

La mayoría de los empleados del Corona de Aragón continúan acogidos al, seguro de desempleo, que les cubre el 75% de sus salarios. «Nadie les da la diferencia, como se les prometió, ni las extraordinarias, ni las vacaciones», informan fuentes sindicales. «Cuando se les acaben los seis meses de paro, o los seis meses siguientes, si los prorrogan, vendrá el gran problema. La mayoría, por no llevar suficiente tiempo de cotización, perderán e seguro y el puesto de trabajo por que es de suponer que, para entonces, el hotel siga cerrado», añaden. En cuanto a un nuevo hotel abierto por la empresa en La Romareda, «sólo ha absorbido a unos poco trabajadores porque es en régimen de apartamentos».