Recurso contra la privatización de un terreno municipal de Avilés
El pleno del Ayuntamiento de Avilés acordó iniciar las consultas jurídicas precisas sobre la propiedad del parque de Ferrera, una vez extendido el convencimiento de que han sido falseados por el ayuntamiento los documentos enviados en su día a la Audiencia Nacional, que determinaron la división de la finca en dos partes y la privatización de 10.000 metros cuadrados.
La moción presentada por el grupo comunista del ayuntamiento solicita la adopción de las medidas legales pertinentes, encaminadas a reclamar esa parcela para el uso público. Los comunistas alegan que los document...
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El pleno del Ayuntamiento de Avilés acordó iniciar las consultas jurídicas precisas sobre la propiedad del parque de Ferrera, una vez extendido el convencimiento de que han sido falseados por el ayuntamiento los documentos enviados en su día a la Audiencia Nacional, que determinaron la división de la finca en dos partes y la privatización de 10.000 metros cuadrados.
La moción presentada por el grupo comunista del ayuntamiento solicita la adopción de las medidas legales pertinentes, encaminadas a reclamar esa parcela para el uso público. Los comunistas alegan que los documentos descubiertos invalidan la sentencia de la Audiencia Nacional. En dichos documentos se cita una desestimación de la alegación presentada por los marqueses de Ferrera en la tramitación del Plan General de Ordenación de 1956, en la que ya se destinaba todo el parque a uso público.
El plano original de zonificación del mismo año tampoco contiene línea divisoria alguna entre zona pública y privada. Lo mismo ocurre con el plan de 1969, actualmente vigente. Según la moción comunista, dicha línea divisoria aparece por primera vez en la fotografía del plano del Plan General de 1956 adjuntada al Tribunal Supremo, cuando Tomás Abaseal, entonces arquitecto municipal, recurrió contra la medida que destinaba los 10.000 metros cuadrados a uso privado. Los concejales comunistas solicitan del ayuntamiento la petición de un recurso extraordinario de revisión a la Audiencia Nacional.