El Congreso puede denunciar judicialmente las irregularidades de Radiotelevisión Española

Los grupos Socialistas del Congreso, Socialistas de Cataluña y Comunista han solicitado que los hechos denunciados en el informe de la auditoría de Hacienda sobre RTVE, y de los que puedan deducirse indicios de delito, sean puestos en conocimiento de la autoridad judicial, a través del presidente del Congreso.Rodolfo Guerra, por el Grupo Socialistas de Cataluña, solicitó al inicio de la sesión celebrada ayer, a puerta cerrada, por la Comisión de Investigación sobre RTVE que se alterase el orden del día y que se incluyese como primer punto limitada petición. Hecho que no prosperó, al oponerse U...

Los grupos Socialistas del Congreso, Socialistas de Cataluña y Comunista han solicitado que los hechos denunciados en el informe de la auditoría de Hacienda sobre RTVE, y de los que puedan deducirse indicios de delito, sean puestos en conocimiento de la autoridad judicial, a través del presidente del Congreso.Rodolfo Guerra, por el Grupo Socialistas de Cataluña, solicitó al inicio de la sesión celebrada ayer, a puerta cerrada, por la Comisión de Investigación sobre RTVE que se alterase el orden del día y que se incluyese como primer punto limitada petición. Hecho que no prosperó, al oponerse Unión de Centro Democrático (UCD).

José Miguel Bravo de Laguna, diputado de UCD, abrió la sesión recordando que algunos parlamentarios tienen la mala costumbre de violar el secreto que impone el reglamento, y que, por respeto a la Cámara, no deben hacerse interpretaciones malévolas de las declaraciones de los interventores, interpretaciones que pueden perjudicar, según dijo, sus futuras intervenciones. Rodolfo Guerra contestó que había distintos tipos de secretos y formas de interpretarlos y que otras actuaciones secretas, como los suplicatorios de Letamendía y Monzón, fueron divulgadas por la propia UCD. Pilar Brabo recordó que el centrista Alberto Oliart fue el primero en divulgar las investigaciones de la comisión parlamentaria, reunida hace tres semanas. La diputada comunista añadió: «No se puede hablar de dignidad de la Cámara, cuando el ministro García Añoveros nos insta a presentar una denuncia, como hicimos el 15 de febrero, pocas- horas después de la intervención del ministro, y cuando, un mes después, el vicepresidente del Gobierno, señor Abril Martorell, nos chantajea para que la retiremos bajo amenaza de que Fernando Arias-Salgado seguiría al frente de la Dirección General de RTVE».

Rodolfo Guerra abundó en la respuesta al señor Ollart y dijo que, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento del Congreso, los diputados que tengan conocimiento de hechos que puedan interpretarse como indicios de delito deben de ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial.

El dictamen de la Dirección General de lo Contencioso-Administrativo, documento remitido por RTVE a la Comisión, confirmaría, según distintas fuentes parlamentarias, que los hechos denunciados por los interventores de Hacienda pueden considerarse como indicios delictivos.

La sesión, después de un receso de media hora, se reanudó con la comparecencia de Francisco Gil, interventor delegado de Hacienda en RT`VE. Pilar Brabo preguntó si durante el período 1977-1979 RTVE había presentado balance de cuentas y liquidación de presupuestos. El señor Gil contestó que no se había presentado el balance de 1978 y que el de 1979 y sus correspondientes liquidaciones se presentarán este mes. El interventor delegado asimismo manifestó que RTVE adeuda a la Seguridad Social unos 2.000 millones de pesetas en concepto de las cuotas patronales del impuesto de rendimiento de trabajo personal (IRTP) -y que el Tesoro ha retrasado a RTVE el abono de 5.000 millones de pesetas, aproximadamente, correspondientes a créditos extraordinarios.

Pilar Brabo preguntó sobre las incompatibilidades en que incurren algunos trabajadores de RTV17 para desempeñar trabajos para otras empresas, siendo expresamente prohibido por el artículo 87 de la Ordenanza Laboral de RTVE. Se mencionaron, en este sentido, los casos de los periodistas Federico Ysart, Fernando Onega, Abel Hernández, Carmelo Martínez y José María Castaños. El interventor delegado habría contestado que los citados periodistas tienen autorización expresa de la Dirección General para compatibilizar sus trabajos. Los parlamentarios solicitaron lista completa de las personas autorizadas para desempeñar colaboraciones esporádicas en otras empresas, sus emolumentos con cargo a RTVE y ,horario de trabajo en este organismo.

Francisco Gil manifestó, a preguntas de los socialistas, que la cuenta bancaria 82.512 debería haberse cerrado en el segundo semestre de 1978, pero que no se hizo, se mantuvo abierta durante 1979 y que «puede ser» que continúe con capacidad financiera fuera del control de la intervención delegada de Hacienda. La responsabilidad de esta situación anormal correspondería, según dijo el interventor, al señor Freire, cuya jefatura de presupuestos y financiación está adscrita a una de las tres subdirecciones generales de RTVE. Francisco Gil dijo que en repetidas ocasiones había denunciado los hechos relacionados con la revista Tele-Radio, en la que unos ocho trabajadores cobran el 6% de los porcentajes de publicidad. Señaló que también tenía conocimiento de algunas anomalías en las corresponsalías de París y de Londres y que nunca vio claras las liquidaciones que Cosesa -filial de la Compañía Telefónica Nacional de España- hace a RTVE por la concesión del Hilo Musical.