Tribuna:TRIBUNA LIBRE

¿Un congreso para la decepción?

Durante los días 21 y 23 de marzo se ha celebrado en Madridel Congreso (constituyente) de la Asociación Profesional de la Magistratura. Antes había tenido lugar en todo el país la organización de las correspondientes secciones territoriales y la designaciónde los compromisarios que, por cada una de ellas, deberían concurrir a este primer encuentro nacional. En él, la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales (jueces y magistrados) españoles ha estado presente a través de unos 140 delegados.El hecho escueto es de por sí tan importante y significativo como para merecer sin más una positiva ...

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Durante los días 21 y 23 de marzo se ha celebrado en Madridel Congreso (constituyente) de la Asociación Profesional de la Magistratura. Antes había tenido lugar en todo el país la organización de las correspondientes secciones territoriales y la designaciónde los compromisarios que, por cada una de ellas, deberían concurrir a este primer encuentro nacional. En él, la inmensa mayoría de los funcionarios judiciales (jueces y magistrados) españoles ha estado presente a través de unos 140 delegados.El hecho escueto es de por sí tan importante y significativo como para merecer sin más una positiva valoración. Fundamentalmente, en cuanto supone la recuperación por la judicatura de esa dimensión transpersonal autoconsciente a que tiene derecho cualquier colectivo y que, sistemáticamente reprimida en todos los cuerpos estatales, lo ha sido aún más, Si cabe, en el judicial. Por eso, y porque como plataforma trabajosamente plural -ya lo veremos- pudiera, de superar la tentación de clausura en lo estrechamente corporativo, abrir vías a la preocupación social por los temas de la justicia, debe ser saludado con esperanza. Incluso, tal vez ahora para alguno, «contra toda esperanza».

Pues bien, como culminación de una serie de procesos asociativos paralelos iniciados hace ya tiempo, el congreso tenía por objeto constituir los organismos rectores a nivel nacional y elaborar la candidatura de la asociación para las próximas elecciones al Consejo General del Poder Judicial.

Desde el primer momento se hizo patente -y éste sería, a mi modo de- ver, otro de los datos merecedores de inequívoca estimación positiva- la existencia y mutuo reconocimiento de dos corrientes en ningún caso monolíticas, pero sí claramente diferenciadas. Una, mayoritaria, puesto que agrupaba al 70% de los reunidos, y con tendencia, al menos en palabras de alguno de sus exponentes, a autocalificarse de, «profesional». Otra, constituida por, más o menos, el 30% restante, a la que, también alguno, sería partidario de escatimar aquel calificativo.

No es, desde luego, el caso de entrar en la crítica pormenorizada de esa actitud que, al resolverse en un puro juicio de intenciones, se descalifica por sí misma. Pero sí interesa decir aquí, puesto que se da, que siendo jurídicamente inad misible, es, desde el punto de visia, ético, «intrínsecamente perversa», Por otra parte, ya se sabe, desde el establishment, «los políticos», puesto que de eso se trata, son siempre los otros.

A la designación de los miembros no natos de la comisión permanente, concurrieron dos listas completas y abiertas, de las que cada elector podría votar dos tercios de los puestos a cubrir. Pero, en la práctica, el propósito estatutario de garantizar la presencia de la minoría en el gobierno del ente asociativo se vio defraudado. por la distribución del sufragio que la mayoría hizo dentro de su propia lista. Dividiendo ésta en dos, a efectos de voto, cada una de ambas mitades pudo absorber prácticamente un porcentaje de sufragios (35%) siempre superior al. mayor número de los obtenidos por cualquiéra de los candidatos de la minoría (más o menos, 30%).

Simultáneamente, y puesto que agrupando la APM a casi toda la judicatura, su propuesta para el Consejo General del Poder Judicial predeterminaba de hecho la definitiva composición del mismo, el sector minoritario intentó desde el primer momento la vía de la negociación, sabiéndose en otro caso inevitable víctima de un sistema electoral, aquí rígidamente mayoritario. Pedía sencillamente el reconocimiento de su efectiva existencia como tal. Un puesto bajo el sol que por este I Congreso, y no obstante positivos esfuerzos que no cabe ignorar, le ha sido negado. Como queriendo cerrar de este modo la puerta y los ojos a lo que no es, en definitiva, más que una parte de la misma administración de justicia como realidad grupal. Parte a su vez de esta sociedad que, habiendo conquistado a tan alto precio histórico la enriquecedora experiencia del pluralismo, tiene indiscutible derecho a verla fluir en sus instituciones.

No es ajena a lo sucedido la propia significación contradictoria de los estatutos. Estos, tras de asumir como el primero de los fines asociativos «la defensa y promoción de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constit Úción (artículo 3.1), abren, como se ha demostrado, amplia vía a su efectivo desconocimiento en la propia dinámica asociativa. Haciendo posible resultados como el que se ha dicho, que, siendo legales, carecen, sin embargo, de verdadera legitimidad, por cuanto contradicen claramente valores que se dice asumidos como fundamentales.

Así tuvo ocasión de manifestarlo públicamente en las sesiones el portavoz de la minoría. Por otra parte, ésta, no obstante lo adverso del resultado y la marginación que para la misma supone, ha optado por la permanencia crítica en la asociación, a fin de trabajar dentro de ella para hacerla así más habitable. Para que pueda ser ciertamente de (toda) la Magistratura.

Y resulta altamente significativo que en este empeño haya contado ya con la, al menos formal, expresión de solidaridad del propio presidente electo.

El próximo otoño tendrá lugar el primer congreso ordinario, llamado a tratar, entre otros, el tema de estatutos. Será (muchos lo esperamos) el momento oportuno para las reformas capaces de hacer que quienes e stán juntos en el trabajo puedan estarlo también, sin perjuicio de legítimas discrepancias, en la preocupación por una función que, patrimonio de todos, necesita del concurso de todos.

Por eso, saltando por encima del presente, quisiera el ánimo no ceder por ahora a la decepción, dejando un resquicio abierto a la espranza democrática. El tiempo dirá en seguida si se ha pecado de ingenuo voluntarismo.

Perfecto Andrés Ibáñez juez de Primera Instancia e Instrucción.

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