Críticas de las asociaciones de vecinos a los Gobiernos y a los ayuntamientos de izquierda

Los séptimos encuentros de asociaciones de vecinos del Estado español, celebrados el pasado fin de semana, en Madrid, constituyeron una dura crítica de la actitud restrictiva que los ayuntamientos de izquierda han mantenido en cuanto al desarrollo y permisividad de la participación ciudadana. También fue severamente juzgada la ley de Protección Pública a la Vivienda presentada por el Gobierno a las Cortes, al tiempo que se mantenía la oposición a la proliferación de centrales nucleares.La ponencia más ampliamente debatida fue la referida a urbanismo y vivienda. De entrada, las asociaciones de ...

Los séptimos encuentros de asociaciones de vecinos del Estado español, celebrados el pasado fin de semana, en Madrid, constituyeron una dura crítica de la actitud restrictiva que los ayuntamientos de izquierda han mantenido en cuanto al desarrollo y permisividad de la participación ciudadana. También fue severamente juzgada la ley de Protección Pública a la Vivienda presentada por el Gobierno a las Cortes, al tiempo que se mantenía la oposición a la proliferación de centrales nucleares.La ponencia más ampliamente debatida fue la referida a urbanismo y vivienda. De entrada, las asociaciones de vecinos pidieron la retirada de las Cortes de la ley de Protección Pública a la Vivienda, aún no debatida, a la que calificaron como «la más grave amenaza que nunca haya pesado sobre el vecindario de todas las poblaciones españolas». Se pide, en cambio, un fortalecimiento de los mecanismos legislativos actuales tendentes a hacer inviables las estafas inmobiliarias, así como la redacción urgente de un código de los derechos de los residentes en cualquier área urbana o rural. Otro de los temas relacionados con la vivienda fue el de la remodelación de barrios enteros, para lo que se pide la promulgación de una normativa que garantice la permanencia de todos los vecinos en sus barrios respectivos.

Por otra parte, las conclusiones de los encuentros establecen como un principio primordial el que no puedan privatizarse ni entregarse a operaciones especulativas particulares los recursos públicos de cualquier tipo. Este principio iría en contra del decreto aprobado por el Gobierno el pasado 15 de marzo, en el que, con el argumento de agilizar la gestión urbanística, se permite al INV vender a precio inferior al real, e incluso ceder gratuitamente, terrenos públicos a empresas particulares para la construcción de viviendas o industrias.

Los representantes de las asociaciones de vecinos del Estado español -dice el comunicado final de los encuentros- «nos declaramos contrarios a la instalación de nuevas centrales nucleares, a la concesión de nuevos permisos de construcción, así como exigimos la inmediata paralización de las que están en funcionamiento».

Las asociaciones se definen por el estudio y aplicación de las fuentes de energía calificadas de limpias (solar, eólica, geotérmica ... ). Además de expresar su solidaridad con los movimientos ecologistas y comités antinucleares, proponen la celebración de una jornada antinuclear, en coordinación con los sectores mencionados, que debería convocarse entre los días 24 de mayo (día antinuclear propuesto por la IV Conferencia Internacional de Coordinación del Movimiento Antinuclear) y el 3 de junio (fecha de la muerte de Gladys del Estal, joven ecologista que falleció en Tudela por disparos de la Guardia Civil, en una manifestación antinuclear). Desde este punto de vista se rechaza el Plan Energético Nacional.

Antes de los encuentros ya se detectó, entre las representaciones andaluzas y vascas, sobre todo, un malestar originado por la condescendencia con que el movimiento ciudadano trata a los ayuntamientos. Las conclusiones recogen una fuerte crítica a las corporaciones de izquierda, a las que acusan, en su conjunto, de adoptar una postura no favorecedora de la participación. Se habla luego de la sensación de fraude que cunde entre los vecinos, y se propone que la nueva ley de Régimen Local reconozca la importancia del movimiento asociativo y regule su participación en la vida municipal.