El Gobierno, decidido a acabar con el conflicto de Renfe

La Administración parece decidida a poner fin a la situación conflictiva por la que atraviesa Renfe, a propósito de la negociación del convenio colectivo, y que en lo que va de mes ha provocado tres huelgas, la última de las cuales se registró ayer, sin incidentes y seguida por la práctica totalidad de la plantilla.

La intervención de la Administración vendría motivada por el carácter público del servicio ferroviario, suspendido durante tres jornadas en los últimos doce días y amenazado de un nuevo paro, en esta ocasión durante otros tres días consecutivos, a partir del próximo d...

La Administración parece decidida a poner fin a la situación conflictiva por la que atraviesa Renfe, a propósito de la negociación del convenio colectivo, y que en lo que va de mes ha provocado tres huelgas, la última de las cuales se registró ayer, sin incidentes y seguida por la práctica totalidad de la plantilla.

La intervención de la Administración vendría motivada por el carácter público del servicio ferroviario, suspendido durante tres jornadas en los últimos doce días y amenazado de un nuevo paro, en esta ocasión durante otros tres días consecutivos, a partir del próximo día 20.En este sentido, la reunión negociadora que ambas partes tenían prevista para mañana fue adelantada previamente a hoy y, con posterioridad, suspendida, por el encuentro que empresa y trabajadores mantendrán hoy en presencia del director general de Trabajo, quien ha convocado a las partes.

En esta reunión, según ha podido saber EL PAÍS en medios próximos a Renfe, la autoridad laboral intentará la mediación para acercar las posturas y buscar la avenencia entre las partes, con el fin de que los trabajadores retiren su convocatoria de paro que impide la tramitación del conflicto colectivo solicitado por la dirección de Renfe, lo que imposibilita el correspondiente laudo que ponga fin al conflicto.

De otra parte, la falta de laudo y el mantenimiento de las posturas de ambas partes -la empresa no incrementa los salarios en más del 12,5 % ya ofertado y se niega a incluir en convenio al personal directivo, así como la reducción de horas extraordinarias- sitúa el conflicto en un callejón sin salida, lo que, desde el punto de vista empresarial, justificaría la intervención de la Administración.

No obstante, esta intervención no se limitaría a la labor de arbitraje y mediación que hoy intentará el delegado de Trabajo, toda vez que si falla ésta se procedería a la aplicación del artículo 10 del decreto de 4 de marzo de 1977, sobre relaciones de trabajo, en el que se contempla el dictado de laudo obligatorio en caso de conflicto laboral que afecte a empresas de servicio público.

El referido artículo, textualmente, dice: «El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabrajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses, o de modo indefinido, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio.» De este acuerdo podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en los artículos 15 y 16.

Agrega el citado artículo que «cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas».

De momento, impedir la huelga

Intimamente relacionado con este último aspecto legal, el Gobierno parece decidido a intervenir en el conflicto de Renfe para evitar la repetición de las huelgas. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó en su última reunión un decreto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, remitido ya al BOE, en el que se garantiza el servicio mínimo de Renfe para asegurar la cobertura del mismo.

El artículo primero del decreto señala que «cualquier situación de huelga que afecte a Renfe se entenderá condicionada a que se mantenga el servicio de transporte ferroviario esencial».

El artículo segundo faculta al delegado del Gobierno en Renfe para determinar los mínimos de servicio que debe prestar la empresa.

Mientras tanto, las posturas negociadoras siguen en sus respectivas posiciones, al tiempo que el mantenimiento de la convocatoria de huelga supone la cobertura legal que impide la tramitación del conflicto colectivo planteado por la empresa.

Por otra parte, fuentes del comité de empresa, que califican de éxito total el paro registrado ayer, afirman que la moral de la plantilla se mantiene alta, sin que se registre el cansancio que sería lógico a causa de las tres huelgas registradas en lo que va de mes.