Punto muerto en la ocupación de la cancillería española en El Salvador

«Estamos buscando una fórmula que permita resolver rápidamente la situación», aseguró ayer Marisol Galindo, dirigente de las Ligas Populares 28 de Febrero, al referirse a la ocupación de la embajada de España en esta ciudad. Marisol Galindo, quien integra, junto al secretario general de LP-28, Leoncio Pichinte, la representación del grupo ocupante en las negociaciones, declinó dar detalles sobre el contenido de dicha fórmula, pero aseguró que esperaban «a corto plazo» la solución del conflicto.Estas frases confirman las impresiones anteriores de que las LP-28 tienen interés en encontrar un...

«Estamos buscando una fórmula que permita resolver rápidamente la situación», aseguró ayer Marisol Galindo, dirigente de las Ligas Populares 28 de Febrero, al referirse a la ocupación de la embajada de España en esta ciudad. Marisol Galindo, quien integra, junto al secretario general de LP-28, Leoncio Pichinte, la representación del grupo ocupante en las negociaciones, declinó dar detalles sobre el contenido de dicha fórmula, pero aseguró que esperaban «a corto plazo» la solución del conflicto.Estas frases confirman las impresiones anteriores de que las LP-28 tienen interés en encontrar una salida rápida a una situación que, en cierta forma, ha producido resultados contrarios a los buscados. La condena formulada por partidos políticos de izquierda en el exterior y la desaprobación de organizaciones populares salvadoreñas, como la realizada por el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), han influido notablemente en los planteamientos de las Ligas, que no pueden renunciar a su acción de forma gratuita. Necesitan ofrecer a sus bases militantes alguna prueba de que la ocupación de la embajada ha producido réditos políticos.

De hecho ya es así. Las autoridades judiciales han excarcelado a Norma Guevara, dirigente de la Unión Democrática Nacionalista (UDN), y a diez militantes del FAPU, incluidos en las listas de exigencias. Además han obtenido una amplia atención internacional sobre los planteamientos políticos del grupo y han conseguido que la Fiscalía General de la República se comprometa a llegar «hasta las últimas consecuencias» en la investigación de actos represivos de los cuerpos de seguridad. También han logrado que representantes de los huelguistas de Agromán y dirigentes de la empresa dialoguen sobre las reivindicaciones de aquéllos y han recibido promesas firmes de la Junta de Gobierno de que se convocará a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.

Entre tanto, circula un rumor sobre un episodio ocurrido el pasado viernes en la localidad de Atoecoyo, en el departamento de La Libertad, al oeste de San Salvador. Según noticias que no han podido ser confirmadas, 145 campesinos que ocupaban una finca de algodón fueron muertos por fuerzas combinadas de los cuerpos de seguridad.

Atentado contra un ministro guatemalteco

Mientras, en el país vecino de Guatemala, una bomba hacía explosión en el Chevrolet blindado que conducía al ministro de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, hacia el Palacio Nacional. Después de explosionar el artefacto, un grupo de desconocidos abría fuego contra los restos del automóvil. El ministro resultó ileso. Mientras los restos del automóvil se deshacían en el aire, el ministro aparecía entre la humareda armado de un fusil ametrallador.Expertos en explosivos que acudieron al lugar de los hechos se asombraron de que Alvarez Ruiz saliera con vida del atentado. Entre tanto, cuatro legisladores norteamericanos solicitaban al presidente Carter que retirase el embajador de Estados Unidos en Guatemala, hasta que se aclare el ataque a la embajada de España.

El pasado domingo, el Gobierno español hacía pública una declaración a través de la representación diplomática venezolana, en la que rechazaba enérgicamente «las insidias y calumnias que se han hecho en ciertos medios de comunicación guatemaltecos, en relación con la actuación del embajador Máximo Cajal».