De la confrontación al consenso

El espíritu del consenso, sí no el consenso mismo, tal y como ha sido practicado hace ya algún tiempo en el ámbito político, parece que ha impregnado la actividad corporativa del Colegio de Abogados de Madrid. Quien haya conocido las movidas juntas generales de la abogacía madrileña en los primeros años de la década de los setenta y haya sido testigo de la celebrada ayer, que se desarrolló en un ambiente altamente civilizado, y en la que no cabe anotar ninguna salida de tono, puede estar tentado de describir este proceso histórico con el título que abre este comentario:...

El espíritu del consenso, sí no el consenso mismo, tal y como ha sido practicado hace ya algún tiempo en el ámbito político, parece que ha impregnado la actividad corporativa del Colegio de Abogados de Madrid. Quien haya conocido las movidas juntas generales de la abogacía madrileña en los primeros años de la década de los setenta y haya sido testigo de la celebrada ayer, que se desarrolló en un ambiente altamente civilizado, y en la que no cabe anotar ninguna salida de tono, puede estar tentado de describir este proceso histórico con el título que abre este comentario: De la confrontación al consenso.

Un dato objetivo puede estar en el origen del clima de distensión que se observa en el seno de la abogacía madrileña, y que resalta todavía más en momentos tan proclives a la confrontación como son las juntas generales, y es el cambio sociológico operado estos últimos años en el Colegio de Abogados de Madrid con la llegada de nuevas generaciones de profesionales. También ha podido ocurrir que las viejas generaciones, demasiado adictas a una determinada concepción de lo jurídico, propia de un momento histórico ya superado, se han convencido al fin de que la abogacía debe estar presente en batallas donde están en juego los derechos humanos y la defensa de una interpretación no restrictiva de la legalidad. Por otra parte, y muy felizmente, los asuntos más propiamente políticos, que en otro tiempo confluían en los colegios profesionales, y, muy especialmente en los de abogados, han encontrado, al fin, los cauces adecuados dentro de la actual configuración democrática del Estado.

En todo caso, no es ajena tampoco a este clima de distensión de la abogacía madrileña la actual junta de gobierno, cuya labor previa de acercamiento de posiciones y de limar diferencias es, en general, reconocida. Lo que importa ahora es que esta política del sí, de aceptar todas las propuestas razonables, no se practique sólo en el ámbito de las Juntas Generales, sino que se mantenga después y se luche porque lo admitido en un momento se lleve a la práctica posteriormente.