Tensiones en torno al Estatuto de Autonomía de Cantabria
El Partido Regionalista de Cantabria podría abandonar la asamblea conjunta, responsable de aprobar el Estatuto de Autonomía de Cantabria, según manifestaron a EL PAÍS fuentes de la citada organización. Esta decisión parece residir en el descontento que entre las filas regionalistas ha creado la redacción final de la ponencia, que es calificada de «tomadura de pelo».
A juicio del PRC, las lagunas principales del estatuto residirían en el recorte sufrido por las competencias establecidas por la Constitución, entre las que no se recoge el control regional de los medios de comunicación ...
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El Partido Regionalista de Cantabria podría abandonar la asamblea conjunta, responsable de aprobar el Estatuto de Autonomía de Cantabria, según manifestaron a EL PAÍS fuentes de la citada organización. Esta decisión parece residir en el descontento que entre las filas regionalistas ha creado la redacción final de la ponencia, que es calificada de «tomadura de pelo».
A juicio del PRC, las lagunas principales del estatuto residirían en el recorte sufrido por las competencias establecidas por la Constitución, entre las que no se recoge el control regional de los medios de comunicación del Estado ni las cuestiones relativas a Educación, Cultura y Universidades.
Otro motivo de desacuerdo es el retraso en la convocatoria de las elecciones a diputados regionales, una vez el Estatuto sea aprobado por las Cortes, y el mantenimiento de los partidos judiciales como circunscripciones electorales, a los que califica de «estructura administrativa artificial».
Los socialistas, por su parte, también se muestran contrarios al retraso de las elecciones para la Asamblea regional, hasta 1983. Su composición hasta esa fecha quedaría formada por los actuales diputados provinciales y los parlamentarios electos por Cantabria, ejerciendo de presidente de la misma el que lo es actualmente de la Diputación Provincial. Sin embargo, el punto más conflictivo parece residir en la negativa del PSOE a que se fije un número determinado de diputados por circunscripción electoral, tesis que defiende el partido centrista, ya que, en su opinión, ello serviría para «primar a las zonas menos pobladas, que es donde el partido del Gobierno tiene más influencia».