Comienza el debate del programa de gobierno en Portugal

Las relaciones entre el nuevo Gobierno portugués y los demás órganos de poder -Presidencia de la República, Consejo de la Revolución y Parlamento- están en el centro del debate sobre el programa del ejecutivo, que continuó ayer en la Asamblea portuguesa. El programa tiene asegurada la victoria ante las dos mociones de rechazo presentadas separadamente por los partidos Socialista y Comunista.El primer día de debate, totalmente ocupado por el discurso inaugural del primer ministro y su respuesta a las interpelaciones de los portavoces de todos los partidos representados en la Asamblea, sirvió pa...

Las relaciones entre el nuevo Gobierno portugués y los demás órganos de poder -Presidencia de la República, Consejo de la Revolución y Parlamento- están en el centro del debate sobre el programa del ejecutivo, que continuó ayer en la Asamblea portuguesa. El programa tiene asegurada la victoria ante las dos mociones de rechazo presentadas separadamente por los partidos Socialista y Comunista.El primer día de debate, totalmente ocupado por el discurso inaugural del primer ministro y su respuesta a las interpelaciones de los portavoces de todos los partidos representados en la Asamblea, sirvió para ampliar la discusión sobre la polémica sobre el espíritu y la letra del cuadro constitucional

En respuesta a los portavoces de la oposición, que contestan la constitucionalidad del referéndum que el Gobierno de Sa Carneiro pretende introducir, el primer ministro afirmó su convicción de que «en un régimen democrático, todo aquello que no está formalmente prohibido, está autorizado», a diferencia de lo que sucede en los regímenes totalitarios, donde está prohibido todo lo que no está terminantemente autorizado.

La fórmula lapidaria de Sa Carneiro puede perfectamente aplicarse a las leyes fundamentales, que encuadran, en particular, el actual sistema económico y social, y deberá inspirar las anunciadas revisiones de las leyes sobre separación de los sectores público y privado y de la reforma agraria. Para citar un ejemplo, la Constitución, que consagra la irreversibilidad de las nacionalizaciones, no incluye nada sobre la constitución de empresas privadas en los sectores previamente estatalizados o sobre la enajenación, total o parcial, del patrimonio de las empresas estatales.

Los gobiernos socialistas habían ya hecho uso, aunque discretamente, de esta omisión para proponer leyes como la de reforma agraria, que ya en su tiempo el Partido Comunista calificara de «contrarrevolución legislativa».

Sin embargo, el conflicto potencial sobre la interpretación de la ley fundamental está expreso en las disposiciones constitucionales que confieren al Consejo de la Revolución y al presidente de la República poderes, no sólo para velar sobre el respeto de la Constitución «por acción o por omisión», sino también sobre «el espíritu de la revolución portuguesa del 25 de abril de 1974». Esta noción del «espíritu de la revolución», eminentemente subjetiva, da pie de antemano a divergencias de dificil solución, dado que el primer ministro contesta la competencia del Consejo de la Revolución para fiscalizar el programa del Gobierno, y que el presidente de la República dispone de un derecho de veto sobre las iniciativas legislativas del Gobierno.

En caso de veto por inconstitucionalidad, las leyes del Gobierno o del Parlamento precisan, para superarlo, de una mayoría de los dos tercios, que Alianza Democrática no puede reunir sin el apoyo de los socialistas. El primer ministro afirmó el viernes que pretende mantener «relaciones constructivas» con el presidente de la República, a la par que reafirmar su intención de ver al jefe del Estado limitarse al estricto respeto de sus competencias constitucionales.