Representantes de las principales fuerzas políticas y profesionales debaten el Estatuto de RTVE

La extensión del monopolio estatal sobre la televisión y posibilidad de existencia de televisiones privadas, la composición del futuro consejo de administración de RTVE, el perfil del futuro director general y el continuismo o no de Fernando Arias Salgado al frente de RTVE fueron objeto, ayer noche, de un debate sobre el Estatuto jurídico de Radiotelevisión, a los dos días de ser sancionado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Luis Apostua, diputado de UCD; Pedro Bofill, diputado del PSOE; Pilar Brabo, diputada del PCE; Antonio de Senillosa, diputado de CD; José Folg...

La extensión del monopolio estatal sobre la televisión y posibilidad de existencia de televisiones privadas, la composición del futuro consejo de administración de RTVE, el perfil del futuro director general y el continuismo o no de Fernando Arias Salgado al frente de RTVE fueron objeto, ayer noche, de un debate sobre el Estatuto jurídico de Radiotelevisión, a los dos días de ser sancionado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Luis Apostua, diputado de UCD; Pedro Bofill, diputado del PSOE; Pilar Brabo, diputada del PCE; Antonio de Senillosa, diputado de CD; José Folguera, del Comité Central del PTE, y Juan Luis Cebrián, director de EL PAIS, intervinieron en el debate, presidido y moderado por Antonio Moraleda, en representación del Club Cultura y Sociedad, entidad organizadora del acto.José Folguera dijo que lo más importante consistía en cerciorarse de si el Estatuto garantizará el cambio de las actuales estructuras ,y personas que rigen RTVE, el cambio de los productos que llegan a la audiencia y la no privatización de la radiotelevisión. Líneas que no quedan garantizadas por el texto del Estatuto, en opinión del representante del partido extraparlamentario, y para lo cual hubiera sido necesaria la presencia de representantes de los trabajadores del medio en el consejo de administración. Manifestó su desacuerdo con el Estatuto porque no se garantiza la no injerencia del Gobierno y multinacionales.

Antonio de Senillosa aludió al «tufillo nacionalsindicalista» que impregnaba, como convino en calificar las últimas leyes emanadas del Parlamento y puso de manifiesto que la intención del Estatuto es dar paso a «otra televisión que no sea sólo un monopolio en manos del Gobierno». Manifestó la oposición de su grupo al nombramiento del director general por parte del Gobierno, a que los miembros del consejo de administración sean elegidos por, mayoría de dos tercios (en vez de por mayoría simple, como, propugnó su grupo) y su desacuerdo con la ambigua definición del monopolio estatal, siendo partidario de la existencia de televisiones privadas.

Pilar Brabo mencionó que su grupo fue el primero en presentar un proyecto de ley y manifestó, que el texto no dejaba abierta la puerta a la posibilidad de televisiones privadas por más que el ministro de Cultura hiciese declaraciones en sentido contrario. La diputada comunista calificó la forma de composición del cons ejo de administración y designación del director general como «fórmulas rocambolescas» y expresó la voluntad y creencia de que es posible la profesionalización del medio y la realización de programas de calidad, mencionando, entre otras reservas al texto, las insuficientes competencias atribuidas a las comunidades autónomas.

Pedro Bofill recordó que su grupo había presentado enmienda a la totalidad al primitivo texto gubernamental, y dijo que el propósito del Estatuto es conseguir una RTVE que, en cuanto servicio público. sea «pluralista, democrática, libre, descentralizada, abocada a la cultura, un instrumento al serivicio de la sociedad y no del Gobierno ni de los partidos políticos, un instrumento de reflexión y no de confusión». En opinión del diputado socialista, se abre el camino a la profesionalización. «Queremos», dijo, «despolitizarla y que no sea el cauce para que los partidos entren a saco en Televisión y suceda como en Italia.» Señaló el tinte progresista del preámbulo y criticó, entre otros puntos, el nombramiento del director general por parte del Gobierno, los límites impuestos al derecho de rectificación, y la escasa participación de trabajadores y audiencia. «No es el Estatuto idóneo», concluyó, «pero representa un salto cualitativo. »

Luis Apostua señaló, en primer lugar, que el Estatuto es el Estatuto del Gobierno y de UCD, por ser quienes lo propusieron e impulsaron, pero que, en otra medida, no lo es, porque ha sido «una de las piezas legislativas más discutidas en la ponencia, que llegó a introducir cambios procedentes de los puntos de vista de los otros partidos. Se trata de una obra colectiva que estoy seguro ayudará mucho a los españoles». El diputado centrista calificó de muy positiva la sola existencia de la ley frente a la anomía y vacío legislativo anterior. y ensalzó los órganos de control que se establecen tanto en el orden presupuestario como parlamentario y la vertebración de los órganos rectores del ente público.

Juan Luis Cebrián señaló la importancia sociopolítica de la Radiotelevisión en cuanto medio de difusión. «La clase política está muy interesada por acceder al poder que representa», dijo, y señaló que el debate se inscribía en otro más amplio: en el de si la información es un servicio público o un derecho de los ciudadanos, por más que, en este caso, se utilice un bien público que no es propiedad de nadie, como son las ondas o el aire. En su opinión, el Estatuto no consagra el monopolio estatal, y afirmó que, en este sentido, «la propiedad privada no es imposible» en el futuro, y puso como ejemplo la interpretación jurídica del Estatuto que el propio ministro de Cultura ofreció en reiteradas declaraciones en favor de la posibilidad de televisiones privadas. El señor Cebrián dijo que, a la postre, TVE es también actualmente «una televisión, en gran parte, en manos de la iniciativa privada, sometida a la publicidad de las multinacionales y a la comercialización de productos derivados de la programación que enriquecen a particulares. «El Estatuto garantiza un poco más la autonomía política, pero se corre el peligro de multiplicar la censuras por el número de partidos políticos». Manifestó que el Gobierno se asegura la mayoría absoluta en el consejo de administración y que todo queda supeditado a la voluntad de cambio del Gobierno y de los partidos. «El resultado final radica en la calidad del producto. Desde que murió Franco la televisión sigue siendo igual». Y puso, finalmente, el énfasis en el hecho de que es en la voluntad política de cambio, más que en textos legales, donde reside ahora la posibilidad de democratizar o no la televisión.

Durante el turno de preguntas por parte de los asistentes, Pedro Bofill expresó que su grupo no elegirá los miembros del consejo de administración entre parlamentarios, sino entre profesionales, y que se negociará el nombramiento del director general para que reúna las condiciones de un profesional con credibilidad para el partido, con garantías para cambiar el medio y que aplique el Estatuto. Pilar Brabo, por el PCE, expuso criterios similares sobre el perfil del futuro director general y, al igual que Pedro Bofill, manifestó su más absoluta negativa a la continuidad de Fernando Arias-Salgado.

Un mando intermedio de RTVE, militante socialista, preguntó a Juan Luis Cebrián si con el Estatuto estaría en grado de garantizar una televisión independiente de la misma forma que ha sido capaz de crear y dirigir un diario independiente. El señor Cebrián respondió: «No quiero enjuiciar EL PAIS, que no es obra de un director, sino fruto del esfuerzo colectivo de mucha gente. Si en RTVE coinciden la voluntad de una empresa de crear una televisión independiente y el esfuerzo de los trabajadores, si se produce la voluntad de cambio del Gobierno y partidos, entonces cualquier profesional enterado e interesado, de los cientos que hay en este país, es capaz de garantizar una televisión independiente.»