Los ciudadanos pagarán sus impuestos a las diputaciones

Los ciudadanos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya pagarán en 1980 sus impuestos directos e indirectos a las diputaciones respectivas, que serán los organismos administradores financieros de la comunidad autónoma vasca cuando entre en vigor la ley de concierto económico -por la que se regirá la hacienda autónoma-, que se espera quede aprobada entre abril y finales de junio.Tal es la impresión del presidente de la Diputación de Vizcaya, José María Makua, que, en nombre del Consejo General Vasco, firmó esta semana en Madrid, junto con representantes del Ministerio de Hacienda, un protocolo que, conven...

Los ciudadanos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya pagarán en 1980 sus impuestos directos e indirectos a las diputaciones respectivas, que serán los organismos administradores financieros de la comunidad autónoma vasca cuando entre en vigor la ley de concierto económico -por la que se regirá la hacienda autónoma-, que se espera quede aprobada entre abril y finales de junio.Tal es la impresión del presidente de la Diputación de Vizcaya, José María Makua, que, en nombre del Consejo General Vasco, firmó esta semana en Madrid, junto con representantes del Ministerio de Hacienda, un protocolo que, convenientemente desarrollado, se espera se convierta en proyecto de ley a mitad del mes de enero.

Una comisión de técnicos elegidos por las fuerzas que integran el CGV había mantenido los días 11 y 12 de este mes una reunión con técnicos de los departamentos de tributos y presupuestos del Ministerio de Hacienda, a los que presentaron un proyecto de preconcierto con una fórmula de cuentas en común a liquidar en un primer período provisional y, al mismo tiempo, un mecanismo de gestión tributaría por parte del CGV que permitiría a éste recaudar impuestos desde las primeras semanas de 1980. Los negociadores vascos basaban esta iniciativa en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía vasco.

Este proyecto del CGV, que fue considerado como «insólito» por la Administración, se descartó, a cambio de una promesa formal por parte del Gobierno (las gestiones las realizaron al más alto nivel Carlos Garaikoetxea y el propio Suárez, por teléfono) de la máxima celeridad en el estudio de una ley de concierto económico.

Se crearon a tal efecto tres comisiones (tributaria, económica y de organización), que empezaron a trabajar a marchas forzadas. La primera de ellas era considerada corno prioritaria para los negociadores vascos, que mantenían su propósito de recaudar impuestos dentro del año 1980. En las últimas reuniones habidas entre representantes del PNV y la Administración central, los días 19 y 20 de este mes, se llegó finalmente a un protocolo, o acuerdo previo, para la elaboración de una ley de conciertos económicos de Alava, hoy vigentes (tal y como se prevé en la disposición transitoria octava del Estatuto vasco). En este protocolo se conternpla ya todo el capítulo referido a las normas generales (duración del concierto) y el sistema tributario, que es idéntico al empleado por la Administración central.

Al citado protocolo, que los representantes del CGV esperan ver convertido en proyecto de ley en la segunda mitad de enero, y en ley, en abril, se añadirán luego el capítulo referido a la economía de la comunidad autónoma (concretamente, al cupo global -Integrado por los correspondientes a cada uno de sus territorios-, que la comunidad autónoma vasca deberá aportar como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma) y otro en el que se contemplan los aspectos de organización (medios materiales y personales necesarios y los que la Administración debe transferir).