En enero, solución definitiva para el complejo turístico de sierra Nevada
La fórmula adoptada para la apertura provisional de la estación invernal Solynieve, el próximo sábado día 8, se basa «en el compromiso formal, adquirido por el Ministerio de Comercio y la Secretaría de Estado para Turismo para encontrar, antes del 31 de enero próximo, una solución definitiva para el futuro de sierra, Nevada», según hizo público ayer, en Granada, el director general de la Corporación Bancaria, José Ramón García Arango. La explotación turístico-deportiva de la estación granadina depende, a través de una concesión municipal, de la empresa Cetursa, propiedad del Banco de Granada y...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La fórmula adoptada para la apertura provisional de la estación invernal Solynieve, el próximo sábado día 8, se basa «en el compromiso formal, adquirido por el Ministerio de Comercio y la Secretaría de Estado para Turismo para encontrar, antes del 31 de enero próximo, una solución definitiva para el futuro de sierra, Nevada», según hizo público ayer, en Granada, el director general de la Corporación Bancaria, José Ramón García Arango. La explotación turístico-deportiva de la estación granadina depende, a través de una concesión municipal, de la empresa Cetursa, propiedad del Banco de Granada y, por tanto, actualmente regida por la Corporación.El señor García Arango anunció asimismo el acuerdo tomado por la última junta general de Cetursa, celebrada el pasado 27 de noviembre, en el sentido de convocar una ampliación de capital por valor de mil millones de pesetas, pero a la que sus actuales accionistas «renuncian de antemano a su preferencia en el derecho de suscripción, con el fin de ofrecer el cauce mercantil adecuado para las aportaciones de nuevos socios». Ello consolidaría, según los directivos de la sociedad, la estructura financiera de Cetursa, cuya situación actual hace hoy inviable el futuro de la estación de invierno.
La ampliación prevé un primer desembolso que se limita a 250 millones de pesetas, cuyo plazo termina el 31 de enero de 1980, coincidiendo, precisamente, con el plazo máximo fijado por los ministerios y organismos públicos para aportar una solución definitiva.