El Gobierno está dispuesto a deslindar los activos y competencias de CAMPSA de los del Monopolio de Petróleos

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Diversos miembros del Gobierno han señalado recientemente su firme decisión de apoyar un proceso de clarificación de las cuentas y reparto de papeles en CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA). Este reparto de papeles supondrá básicamente la separación clara de las competencias y activos de CAMPSA como sociedad administradora del monopolio, titular de una importante cartera de valores (Butano, Petronor, Asesa, Proas y titularidad de permisos de investigación), y los activos propios de la renta de petróleos que corresponden íntegramente al Estado. y de los que la sociedad es mera administradora. La administración de CAMPSA durante las últimas décadas ha estado presidida por una gran confusión en las competencias y facultades respectivas que ahora se trata de clarificar. Este intento responde, sobre todo, a las expectativas de posible desaparición del monopolio, una vez consumada la integración española en la Comunidad Económica Europea (CEE), y a la necesidad de una reordenación del sector energético y, fundamentalmente, del subsector petróleo. La operación ha sido encomendada al actual consejero delegado de la Compañía y será vigilada estrechamente por la Delegación del Gobierno en CAMPSA, cuyo titular es designado por Hacienda.

El monopolio de petróleos fue creado hace 52 años por José Calvo Sotelo, entonces ministro de Hacienda. La creación de CAMPSA, pionera en el sector, fue mal recibida por las multinacionales del petróleo porque les suponía una pérdida de mercado, y provocó una operación de las finanzas internacionales contra la peseta, medida que en aquellos momentos supuso una presión económica de gran impacto político.

A lo largo de su historia, CAMPSA no ha cumplido sus objetivos iniciales, pero ha desempeñado un papel clave en el sector energético y ocupa el primer puesto de las sociedades españolas en volumen de facturación.

Sánchez de León se abstiene

CAMPSA está en estos momentos prácticamente descabezada. Hace varios meses, el Gobierno designó al ex ministro de Sanidad y Seguridad Social y diputado por Badajoz de UCD, Enrique Sánchez de León, para presidir la empresa. Aunque el puesto no es ejecutivo, el nombramiento fue una decisión personal del presidente Suárez y se produjo con la oposición del vicepresidente Fernando Abril y del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros. La experiencia empresarial del señor Sánchez de León se limita a haber ocupado temporalmente la asesoría jurídica de un banco industrial. El Estado controla algo más del 50% del capital de CAMPSA, a través de la Dirección General de Patrimonio (Hacienda).Desde su nombramiento, el señor Sánchez de León disfruta de la infraestructura propia de la presidencia de tan importante empresa pública (sueldo discreto, automóvil Citroën CX, secretaría, gastos de representación y otras gabelas), pero ha sido muy parco en el desempeño de las funciones presidenciales, concretadas en ostentar la representación de la Compañía y la moderación de las sesiones de consejo de administración y comité ejecutivo. Las reuniones semanales de este máximo órgano decisorio de la empresa se celebran los martes, y el presidente suele excusarse para acudir al Pleno del Congreso. La delegación debería recaer en el vicepresidente, Epifanio Ridruejo, representante de Banesto, pero prácticamente retirado por su avanzada edad (ochenta años). A falta de éste, la presidencia pasa a ostentarla el consejero más antiguo: otro de los representantes de Banesto en CAMPSA, Santiago Argüelles (69 años), o, en su defecto, el del Banco de Bilbao, Pedro Ampuero. Ambos son personalidades de relieve en el mundo de las finanzas, hijos de personas que también representaron importantes intereses económicos en el primer tercio de siglo. En el caso del señor Argüelles hay que destacar su condición de diplomático y antiguo embajador en Estados Unidos.

El consejo de CAM PSA es uno de los escaparates más peculiares de las sociedades anónimas españolas, con más de 35 miembros. En él se sientan dieciocho personas en representación de los intereses del Estado, cubiertos normalmente por decisión de la Dirección del Patrimonio (Hacienda) o por la propia Presidencia del Gob i erno. El Gobierno suele utilizar estos corsejos como cementerios de elefantes o consuelo depolíticos despedidos de otros menesteres. Actualmente se sientan en el consejo de CAMPSA siete ex ministros y otros tantos ex subsecretarios.

A los consejeros designados por el Estado hay que añadir la representación de los intereses privados, fundamentalmente la gran banca. Se da la circunstancia de que la banca, en conjunto, no alcanza el control de un 4% del capital de la sociedad, lo que según la ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas no le otorgaría puesto alguno. Con criterios de proporcionalidad te corresponderían uno o dos puestos, pero son siete los bancos representados (Banesto, Hispano, Urquijo, Bilbao, Vizcaya, Exterior y Herrero). El primer accionista privado de CAMPSA es la Caixa, de Barcelona, sin asiento en el consejo, cuyo director actual, José Vilarasau, fue en su día director general de la Compañía. Los bancos representados en el consejo se reparten lo más sustancial del negocio financiero de CAMPSA (medio bilión de pesetas de facturación), con arreglo a criterios proporcionales.