UCD mantuvo las limitaciones del Gobierno al derecho de asociación de jueces y magistrados

Unión de Centro Democrático (UCD) mantuvo con fuerza, frente a la postura contraria de los socialistas y de los restantes grupos parlamentarios de la oposición, las limitaciones al derecho de libertad de asociación profesional de jueces y magistrados, introducidas por el Gobierno en el proyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, cuyo texto fue aprobado ayer por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.El tema del asociacionismo judicial ha sido uno de los pocos en los que se ha mantenido una radical disparidad entre el partido del Gobierno y el partido mayorit...

Unión de Centro Democrático (UCD) mantuvo con fuerza, frente a la postura contraria de los socialistas y de los restantes grupos parlamentarios de la oposición, las limitaciones al derecho de libertad de asociación profesional de jueces y magistrados, introducidas por el Gobierno en el proyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, cuyo texto fue aprobado ayer por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.El tema del asociacionismo judicial ha sido uno de los pocos en los que se ha mantenido una radical disparidad entre el partido del Gobierno y el partido mayoritario de la oposición, tras haber llegado ambos a posiciones consensuadas en la mayor parte del contenido del proyecto de ley orgánica del Consejo del Poder Judicial. El consenso de ambos partidos ha dado como resultado un texto notablemente mejorado respecto del primitivo proyecto del Gobierno y en el que salen reforzadas la independencia, la representatividad y la autonomía del órgano de gobierno de la magistratura española. El voto contrario de UCD a los criterios socialistas sobre el asociacionismo judicial fue aprobado por Coalición Democrática, si bien la posición originaria de este grupo era todavía más restrictiva que la del partido del Gobierno, puesto que propugnaba un sistema de asociación única obligatoria para todos los jueces y magistrados.

El texto del Gobierno sobre el asociacionismo judicial, asumido por UCD, reconoce la posibilidad de existencia de varias asociaciones profesionales de jueces y magistrados, pero somete dicha posibilidad al cumplimiento de dos requisitos previos: el carácter nacional que deben tener las asociaciones que se promuevan y la necesidad de que éstas cuenten con la adhesión de, al menos, el 20% de quienes pudieran formar parte de las mismas. Por otra parte, los fiscales quedan excluidos de este tipo de asociaciones.

Para el Grupo Socialista y para los restantes grupos parlamentarios de la oposición, los requisitos impuestos por UCD impiden, de hecho, la libre asociación de los jueces y magistrados, en contra de lo establecido en la Constitución y en otros textos legales de carácter internacional suscritos por el Gobierno español. UCD argumentó, en defensa de su posición, que los requisitos impuestos tendían a impedir tanto el fraccionamiento geográfico como profesional de los miembros de la carrera judicial.

Al margen de este tema, en el que no fue posible el acuerdo, el texto aprobado ayer por la Comisión de Justicia mejora la primitiva posición del Gobierno sobre el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Según el texto aprobado, este cargo no estará necesariamente vinculado á la carrera judicial, pudiendo ser también promovidos a dicho puesto juristas de reconocida competencia. Por otra parte, ha quedado claramente establecido, según la interpretación dada por UCD al texto aprobado, que los miembros del Consejo General del Poder Judicial no podrán ser promovidos, mientras dure su mandato, para cargos de libre designación o en cuya provisión concurra apreciación de méritos, incluido el de presidente del Tribunal Supremo. Por otra parte, el cargo de presidente del Tribunal Supremo será incompatible con el de vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Otro enfrentamiento entre el partido del Gobierno y los grupos parlamentarios de la oposición, aunque no de tanta envergadura como el producido sobre el asociacionismo judicial, fue el relativo a las facultades del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Según los grupos de la oposición, el texto del proyecto es presidencialista y personalista, hasta el punto de atribuir al presidente facultades que deberían corresponder al pleno del Consejo General. En este tema, lo mismo que en el del asociacionismo judicial, UCD mantuvo su postura, y sus votos sacaron adelante el texto del proyecto.