Los socialistas intentaron, sin éxito, que se devolviese el proyecto de bases de la defensa nacional
La Comisión de Defensa Nacional del Congreso rechazó ayer una enmienda a la totalidad del Grupo Socialista Vasco y otra del diputado nacionalista canario, Fernando Sagaseta, por las que se pedía la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica, que regula las bases de la defensa nacional y la organización militar. El ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, intervino en el debate y contestó a sendas preguntas sobre la prensa de ultraderecha y la instalación de una base de misiles en la provincia de Huelva.
La sesión se inició con una polémica entre Santiago Carrillo y Manue...
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La Comisión de Defensa Nacional del Congreso rechazó ayer una enmienda a la totalidad del Grupo Socialista Vasco y otra del diputado nacionalista canario, Fernando Sagaseta, por las que se pedía la devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica, que regula las bases de la defensa nacional y la organización militar. El ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, intervino en el debate y contestó a sendas preguntas sobre la prensa de ultraderecha y la instalación de una base de misiles en la provincia de Huelva.
La sesión se inició con una polémica entre Santiago Carrillo y Manuel Fraga sobre la propuesta comunista, para evitar que los soldados y marineros puedan continuar ingresando, tras la jura de bandera, en la Guardia Civil y la Policía Nacional.El líder comunista manifestó la conveniencia de no confundir entre las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, dada la diferencia entre la misión de unos y otros. Asimismo, recordó que quienes pasan directamente a la Guardia Civil o a la Policía Nacional no cumplen el servicio militar. Solicitó la anulación del decreto que permite esta situación.
Le contestó Manuel Fraga, quien discrepó de tales distinciones entre la seguridad interior y exterior del Estado. Defendió que determinados servicios, como los de inteligencia, deben entrecruzarse y, asimismo, dijo que, ante la plaga del terrorismo, era conveniente que los ciudadanos tuvieran oportunidad de participar en su combate, una vez jurada bandera.
Nuevas intervenciones de ambos diputados, con acusaciones de Fraga sobre el carácter revolucionario del PCE, y afirmaciones de Carrillo sobre su intención de no acabar con los cuerpos de seguridad del Estado, dieron paso a la intervención, en nombre del Gobierno, de Guillermo Medina. El diputado centrista se opuso a -las razones esgrimidas por el señor Carrillo y anunció el propósito del Gobierno de derogar el decreto impugnado, a fin de regular la situación de modo que se eviten las formas encubiertas de eludir el cumplimiento del servicio militar.
Ante este anuncio, el señor Carrillo retiró la propuesta de su grupo, no sin antes. contestar a una reticencia del señor Fraga con estas palabras: «Soy revolucionario, pero si se entiende como revolucionario derribar el sistema democrático por la fuerza, no lo soy.»
Defensa nacional y organización militar
En defensa de su enmienda a la totalidad, Fernando Sagaseta, en un discurso contra la carrera armamentista, en la que, según él, participa España, impugnó el proyecto de ley orgánica que regula las bases de la defensa nacional y la organización militar, por entender que mantiene el espíritu de las Leyes Fundamentales del Movimiento y consagra la subordinación del poder legislativo a las Fuerzas Armadas. La enmienda fue rechazada con el solo voto favorable del señor Sagaseta, dieciocho en contra (UCD, PNV y CD) -y trece abstenciones (PSOE, PCE, Andalucistas y Minoría Catalana).
Enrique Múgica (PSOE) defendió la enmienda del Grupo Socialista Vasco por la que se pedía la devolución del proyecto de ley para su reelaboración. Junto a los argumentos históricos que el señor Múgica aportó, con análisis de varias leyes del siglo XIX, el principal argumento lo basó en el artículo ocho de la Constitución, que no alude a una ley de la defensa nacional, sino sólo de la organización militar. Calificó el texto de regresivo y propio «de un curso de cabos».
El diputado centrista Javier Rupérez reconoció que la Constitución no recoge el término «defensa nacional», lo cual no quiere decir que no exista ésta y merezca una regulación. Estimó que el proyecto de ley era conforme al programa de defensa nacional y política militar defendido por UCD desde una perspectiva de Estado.
Por Coalición Democrática, Manuel Fraga estimó positivo que se regule en una misma ley la organización militar y la defensa nacional, a lo que, según él, nada se opone. En cambio, el socialista Luis Solana calificó de «tristemente mala» la ley que se debatía, y anunció que las enmiendas de su grupo se referían a todos los artículos que regulen la defensa.
En este punto pidió la palabra el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, que se encontraba al final de la sala. Recordó que el proyecto de ley había contado como asesores con altos mandos militares, y anunció que, al margen de está ley, habrá una ley de defensa nacional antes de fin de año, y el Gobierno presentará a principio de 1980 otro proyecto de ley sobre la orgánica militar.
Sometida a votación, la enmienda a la totalidad socialista fue rechazada con trece votos a favor (PSOE y PCE), diecinueve en contra (UCD, CD y Minoría Catalana) y una abstención (Grupo Andalucista). Enrique Múgica, ante el anuncio del ministro, manifestó la posible reconsideración de su enmienda a la totalidad, mientras que el también socialista Luis Solana se mostró perplejo ante la manifestación hecha por el señor Rodríguez Sahagún y recordó que la ley orgánica requiere un margen determinado de votos para su modificación, mientras que las leyes anunciadas, por no serlo, serán más fácilmente cambiables.
Intoxicación periodística
El diputado socialista de Cataluña Julio Busquets, ex comandante del Ejército, preguntó al ministro de Defensa en relación con una afirmación aparecida en el vespertino El Alcázar, según la cual la sangre había encharcado el despacho político del vicepresidente primero del Gobierno de UCD. Como introducción a su pregunta, el señor Busquets aludió a la procedencia de la mayoría de los militares como consecuencia de la guerra civil y de la posterior educación en las academias militares durante la dictadura. En este marco consideró perniciosa la presencia en los cuarteles de publicaciones como El Alcázar, El Imparcíal y Fuerza Nueva, y señaló que sólo el ministro puede prohibir su entrada.
El señor Rodríguez Sahagún señaló que las manifestaciones contra la legalidad las enviaba a la autoridad judicial, y que contra los bulos pretendía luchar mediante la información. Anunció para noviembre un boletín informativo de las Fuerzas Armadas para todos los mandos.
Los diputados Carlos Navarrete (PSOE) y Miguel Angel Arredonda (PSA) preguntaron sobre la instalación de una base de misiles en Almonte (Huelva). El ministro de Defensa destacó que no se trataba de una base de misiles, sino de un polígono de tiro, que resulta imprescindible.
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