El PSOE y el Estatuto de Galicia
Senador del PSOE por Orense
El proyecto de Estatuto de Galicia está siendo discutido estos días en la correspondiente ponencia del Congreso de los Diputados. A continuación expongo cuáles son las líneas generales que enmarcan la posición del Partido Socialista de Galicia-PSOE ante la autonomía de Galicia y su Estatuto.
Nacionalidad histórica peculiar
Si la autonomía tiene que servir para que los diferentes pueblos de España puedan crecer desde lo que son, hay que tomar conciencia del ser de Galicia. Pero el caso de Galicia es de una tan...
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Senador del PSOE por Orense
El proyecto de Estatuto de Galicia está siendo discutido estos días en la correspondiente ponencia del Congreso de los Diputados. A continuación expongo cuáles son las líneas generales que enmarcan la posición del Partido Socialista de Galicia-PSOE ante la autonomía de Galicia y su Estatuto.
Nacionalidad histórica peculiar
Si la autonomía tiene que servir para que los diferentes pueblos de España puedan crecer desde lo que son, hay que tomar conciencia del ser de Galicia. Pero el caso de Galicia es de una tan marcada, como frecuentemente desconocida, originalidad respecto de las otras dos nacionalidades históricas -Euskadi y Cataluña- que nos han precedido en la presentación de sus estatutos.
De las tres, Galicia es, como todos saben, la nacionalidad histórica económicamente menos desarrollada. Pero también -y en esto se repara mucho menos- es culturalmente la más homogénea.
La renta media por habitante es en Galicia aproximadamente un 40% más baja que en el País Vasco y Cataluña. Pero nuestro idioma lo hablan aproximadamente el 75% de los gallegos y lo entienden casi el ciento por ciento, muy distinto de lo que sucede con los idiomas catalán o euskera.
Una de las dimensiones del drama de Galicia viene constituida por el hecho de tener la mitad de su población emigrante por el mundo. En compensación, al tener poquísima inmigración, no nos encontramos con el problema de asimilación masiva que tienen los catalanes y vascos.
Galicia no tiene terrorismo ni frontera directa con la Europa desarrollada y democrática. Buena parte del ahorro de Galicia, y no pocos de nuestros porfesionales, son llevados a alimentar el desarrollo de las zonas ya más desarrolladas de España.
Volviendo al tema de la autonomía, los gallegos podemos hacer causa común con catalanes y vascos a la hora de defender nuestras respectivas señas de identidad cultural. Pero nuestros intereses pueden coincidir mejor con los andaluces o extremeños a la hora de exigir solidaridad económica, por ejemplo a través del Fondo de Compensación Interterritorial.
Cuando se discuta el Estatuto de Galicia en la Comisión Constitucional, por primera vez UCD va a ser mayoría, tanto en representación del Gobierno como de los parlamentarios gallegos. Si el texto del Estatuto saliese malo -por ejemplo, inferior al equivalente del catalán y del vasco-, las responsabilidades de UCD quedarían muy claras. Pero también si saliese bueno, su tentación sería la de monopolizar los méritos, tratando de silenciar los esfuerzos de los partidos gallegos de la izquierda por mejorarlo.
El hecho más importante para la evolución del nacionalismo gallego en las últimas décadas es que los partidos políticos que pretendemos apoyarnos preponderantemente en los trabajadores hemos tomado conciencia más refleja de la relación íntima que existe entre combatir las injusticias de clase y acabar con las trabas que impiden al conjunto de nuestro pueblo desarrollar su cultura y formas de ser.
Concretamente para el PS de G-PSOE, hoy está muy claro que la lucha para que Galicia deje de ser un pueblo culturalmente oprimido y económicamente explotado es parte esencial de nuestra lucha por preparar, aquí y ahora, las condiciones que permiten abrir vías hacia la construcción de una sociedad socialista. En este sentido, «internacionalismo proletario» y autonomismo consciente no son, en modo alguno, contrapuestos, sino complementarios.
Por un Estatuto progresista y sin demoras
Como es sabido, el texto enviado al Congreso de los Diputados es fruto de aportaciones muy varias. Originariamente hubo una etapa en que cada partido o fuerza política elaboró su propio texto o propuso sugerencias. Con representantes de todos los que habían aportado algo -incluidos los que carecen de representación parlamentaria- se formó el famoso grupo de trabajo de «los 16». (Hagamos aquí un justo paréntesis para recordar el decisivo papel que en la formación de aquel grupo tuvo, con el apoyo de todas las fuerzas progresistas, es cierto, el ahora ex presidente de la Xunta de Galicia, Antonio Rosón Pérez.) Después, la Asamblea de Parlamentarios de Galicia eligió de entre sus miembros una comisión de once, que elaboraron el texto. Si en el grupo de «los 16» UCD tenía ocho, entre los once seguía teniendo ocho, es decir, más de los dos tercios.
Con sólo dos representantes en esa comisión de los once, el PS de G-PSOE luchó allí en dos direcciones. Por una parte, para que el texto resultante se apartase lo menos posible del espíritu progresista que se atribuía al de «los 16», y por otra, para que pudiese ser presentado en las Cortes el día 28 de junio, 43 aniversario del plebiscito gallego al primer Estatuto, que el estallido de la guerra civil impidió entrar en vigor.
Aunque los socialistas acabamos aceptando en principio el texto de Estatuto enviado a las Cortes, nuestra resolución fue siempre firme en cuanto a esforzarnos por mejorarlo a su paso por la Comisión Constitucional; posición esta cuya coherencia viene reforzada por el hecho de que desde encontes hubiesen sido aprobados los Estatutos de Guernica y Sau (con mayores contenidos que el proyecto gallego), y la mejor correlación de fuerzas que el PSOE tiene en el Parlamento español respecto de la Asamblea de Parlamentarios de Galicia.
Es en este contexto donde hay que enmarcar los numerosos e importantes «motivos de desacuerdo» presentados por nuestro partido a la Comisión Constitucional. Con ellos queremos sencillamente asegurar para la comunidad autónoma gallega todas las competencias que el techo constitucional permite, mientras mantenemos -y pretendemos así reforzar- la esencial solidaridad entre los diversos pueblos de España.
Es, pues, en la fecunda tensión de estas dos coordenadas -autonomía y solidaridad- donde hay que situar nuestras propuestas de mejora del Estatuto. Y todo ello adaptado a las peculiares condiciones de la situación gallega.
Nuestras propuestas de mejora se refieren, así, a la recuperación cultural de Galicia, erigiendo a la categoría de deber la necesidad de conocer nuestro idioma; ampliando sustancialmente las competencias gallegas en materia de enseñanza; reservando la posibilidad de crear un canal de televisión propio... Defendemos que se potencien nuestras entidades sociológicas naturales, como la parroquia y la comarca, dotándolas de reconocimiento jurídico, y que, por el contrario, tiendan a diluirse en la comunidad autónoma gallega las entidades más artificiales creadas por el centralismo, como las demarcaciones provinciales y las diputaciones.
En cuanto a la organización de la Hacienda, nuestras enmiendas tienden a garantizar que el ahorro gallego se invierta en nuestra tierra y que podamos participar más justamente en la redistribución de la renta a través del presupuesto del Estado.
Ofrecer una esperanza de retorno a los emigrantes que lo deseen. y ayudar a todos -muy concretamente a los casi 200.000 que trabajan en el País Vasco y Cataluña- a mantener su propia identidad cultural; reponer la figura del defensor del pueblo, prevista en el proyecto de «los 16» y luego sacrificada en el de los once; distribuir con más justa proporcionalidad el número de diputados por provincia; facilitar la solución del problema de la capitalidad de Galicia, reba ando de tres cuartos a dos tercios el número de miembros del futuro Parlamento Galego necesario para decidirla; etcétera.
Por ahí van, en general, nuestros cerca de centenar y medio de «motivos de desacuerdo». Teniendo en cuenta que lo más peculiar del esfuerzo socialista en política autonómica se centra en garantizar racionalidad y solidaridad, en esta necesaria tarea de reorganizar el Estado.