Aprobada la municipalización del Metro de Madrid
Los accionistas del Metro madrileño percibirán, en el plazo de tres meses a partir de la municipalización de este servicio, un adelanto del 20% del valor nominal de sus acciones, que se convertirá en un 50% para los socios que tengan menos de quinientas acciones en la compañía. Esta medida es consecuencia de la única modificación que sufrió el proyecto de ley de municipalización del Metro de Madrid, que ayer fue aprobado en el Pleno del Congreso.
El adelanto a los accionistas fue introducido como añadido al artículo 4, a propuesta de UCD. El mismo partido gubernamental re...
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Los accionistas del Metro madrileño percibirán, en el plazo de tres meses a partir de la municipalización de este servicio, un adelanto del 20% del valor nominal de sus acciones, que se convertirá en un 50% para los socios que tengan menos de quinientas acciones en la compañía. Esta medida es consecuencia de la única modificación que sufrió el proyecto de ley de municipalización del Metro de Madrid, que ayer fue aprobado en el Pleno del Congreso.
El adelanto a los accionistas fue introducido como añadido al artículo 4, a propuesta de UCD. El mismo partido gubernamental rechazó las propuestas de Coalición Democrática (CD) y del Grupo Socialista, para que el adelanto fuera realizado de forma distinta. Antonio de Senillosa, de CD, pidió que simplemente se adelantasen quinientas pesetas por acción, en el plazo de quince días, y argumentó que al menos el 98% de los accionistas son personas de capacidad económica modesta.
El socialista Sapena pidió, en nombre de su grupo, que el adelanto se hiciese en una escala que iría del 75% para los que tienen menos de cien acciones, al 10% para los que tienen más de 2.000, ya que con la propuesta de CD «sacarían más tajada quienes tienen más acciones». Insistiendo en lo mismo, el comunista Ramón Tamames explicó que su grupo no había votado la propuesta de CD, porque aunque sólo haya un 2% de grandes accionistas, éstos pueden tener una gran parte del capital.
Entre las demás enmiendas, rechazadas en virtud del voto en contra de UCD, fundamentalmente estaba la del Grupo Socialista para que se suprimiese el artículo 2, en el que se declara de utilidad pública la necesidad de ocupación, con carácter de urgencia, de la Compañía Metropolitano. Por su parte, Coalición Democrática propuso que se suprimiese únicamente el carácter de urgencia. Ambos grupos argumentaron que si las acciones son expropiadas por este procedimiento, los accionistas perderían garantías de cara a la recuperación de su capital. Asimismo indicaron que no tenía sentido la expropiación; urgente, puesto que la empresa ya está intervenida.
Por UCD, Alberto Estella argumentó en contra que si se suprime el artículo 2 quedarían sin sentido el 3 y el 4, y señaló que la Constitución y la ley de Expropiación Forzosa garantizan los derechos de los accionistas. Añadió que el procedimiento de urgencia es necesario, porque por el método normal se tardaría años en la expropiación de la compañía.
En el artículo 8, que señala que los gastos de la compañía deberán ser cubiertos por los ingresos provenientes de las tarifas, o si no es posible por el Estado, el Grupo Comunista pidió que se incluyese una modificación por la que contribuirían a los costos no sólo los usuarios del transporte, sino también otros beneficiarios, como podrían ser los grandes almacenes, las empresas, la Administración, e incluso los mismos automovilistas. El señor Tamames argumentó que para cubrir los costos las tarifas deberían ser el doble de las actuales y citó varios ejemplos comparativos de ciudades europeas en donde se aplica un sistema similar al propuesto por su grupo.
Por último fueron derrotadas las propuestas de los grupos socialista y comunista para que se incluyese al comité de empresa del Metropolitano en el organismo de gestión de la compañía. Contra el argumento socialista de que ya participan los trabajadores en el actual comité de intervención, UCD replicó que esa participación se debe a que el ministro de Transportes la juzgó conveniente para una situación excepcional, como es la actual de intervención estatal. El portavoz centrista se lamentó en ese momento de que no estuviese presente en el debate de esta ley el alcalde de Madrid, lo que provocó una airada reacción del teniente de alcalde señor Tamames, quien afirmó que el señor Tierno Galván se halla cumpliendo obligaciones del Ayuntamiento en viaje oficial. Por su parte, el socialista Sotillos pidió al presidente de la Cámara que reserve al alcalde madrileño la posibilidad de replicar en un próximo Pleno.
En el final del debate, el diputado de UCD y concejal por Madrid José Luis Álvarez explicó que su grupo era favorable a la municipalización del Metro porque supone una mejora importante del servicio y convierte en realidad una necesidad, además de suponer el comienzo de la resolución del problema del tráfico. Recordó que la ley fue iniciativa de UCD y, aludiendo a una anterior intervención del señor Tamames, favorable a la constitución de un consorcio público de todo el transporte de Madrid, dijo que consideraba necesaria esa coordinación, pero que no se puede hacer a la ligera, como resultaría al meter ese consorcio en la ley que se debatía.
Ramón Tamames replicó que la municipalización del Metro es el resultado de una necesidad social, y no de concesiones o iniciativas de nadie, puesto que el Gobierno no tuvo más remedio que intervenir el Metro primero y presentar después el proyecto de municipalización.
Aprobada la ley, intervino el ministro de Transportes, Salvador Sánchez Terán, quien, entre otras cosas, citó como razones de las medidas adoptadas respecto al Metro la inseguridad del servicio que se prestaba, la degradación de la cuenta de explotación y la pérdida de solvencia de la Compañía, que se encontraba en situación permanente de proximidad a la suspensión de pagos.
También relató las mejoras y ampliaciones del servicio, con el incremento de un 30% de la red antes de fin de año, al que se unirá una ampliación semejante en 1980. Dijo también que la desprivatización del Metro se hace con las garantías necesarias para los actuales accionistas y señaló, por último, que con la ley aprobada no se había pretendido abordar el problema del transporte en las grandes ciudades, puesto que esta cuestión general no debía mezclarse con el objetivo específico de la desprivatización del Metro madrileño.