¿Qué ocurrió en San Sebastián?

ES YA un lugar común señalar que la información es un requisito esencial de la vida democrática. Si se priva a los ciudadanos de los elementos de juicio necesarios para formarse su propia opinión, el ejercicio de los derechos políticos y el concepto mismo de soberanía popular se convierten en simple ficción. La libertad de prensa permite, ciertamente, el acceso a fuentes abundantes y diversas. Sin embargo, el sentido de la propia responsabilidad y el temor a infringir las normas sitúan fuera del alcance de los periodistas parcelas de información sumamente importantes sobre temas todavía marcad...

ES YA un lugar común señalar que la información es un requisito esencial de la vida democrática. Si se priva a los ciudadanos de los elementos de juicio necesarios para formarse su propia opinión, el ejercicio de los derechos políticos y el concepto mismo de soberanía popular se convierten en simple ficción. La libertad de prensa permite, ciertamente, el acceso a fuentes abundantes y diversas. Sin embargo, el sentido de la propia responsabilidad y el temor a infringir las normas sitúan fuera del alcance de los periodistas parcelas de información sumamente importantes sobre temas todavía marcados por un tabú.Cinco días después del sábado trágico donostiarra, el ministro del Interior, tan locuaz en otras ocasiones, no ha tenido a bien asomarse á la pantalla de la televisión para explicar al país lo sucedido y adelantar los datos que necesariamente obran ya en su poder acerca de los responsables.

Ha encomendado esa tarea, que en un Gobierno democrático incumbe a los miembros de éste, al gobernador civil de Guipúzcoa, quien anteayer hizo pública una nota, tan demorada como insuficiente, sobre la muerte de Ignacio Quijera y la grave herida sufrida por Lisardo Calo. El censurable mutismo del Gobierno y las lagunas de la nota del Gobierno Civil de Guipúzcoa nos obligan a pedir de nuevo a las autoridades una información fidedigna, exhaustiva y convincente de los trágicos acontecimientos de San Sebastián. No hay razones políticas ni argumentos jurídicos que disculpen la omisión, en el texto facilitado por el señor Argote, de las circunstancias en que Ignacio Quijera perdió la vida, del nombre y graduación del agente de las Fuerzas de Orden Público que disparó y de las responsabilidades de quienes retrasaron la prestación de los primeros auxilios. Igualmente es incomprensible la ausencia de información acerca de la forma en que Lisardo Calo fue herido, del arma que disparó la bala y de los posibles autores.

¿No es consciente el Gobierno de que el silencio o la información dada a retazos es de por sí un daño añadido a la situación?

La Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas de Orden Público, que tan generosa como esforzadamente contribuyen al mantenimiento del orden, son, sin duda, los primeros interesados en qÚe la información responsable y veraz sustituya al rumor, la sospecha o el bulo. La actitud del ministro Ibáñez Freire sería ridícula si todo el caso -la situación en Euskadi, los continuos actos de terrorismo, los repetidos asesinatos de policías, las muertes de ciudadanos en manifestación- no resultara tan drástico.