La oposición critica con dureza el programa y exige un debate parlamentario
Los partidos políticos de oposición y las centrales sindicales, en sus primeras reacciones al plan económico a medio plazo del Gobierno, recibieron ayer con fuertes críticas las directrices del mismo, y tanto el PSOE como el PCE exigieron un debate parlamentario, en su momento. En el otro lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prefirió esperar a la vuelta de vacaciones para comentar el plan y un portavoz de la misma anunció que la reacción empresarial no se hará pública hasta el próximo día 4.
En general, todos los partidos políticos de izquierda fueronar...
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Los partidos políticos de oposición y las centrales sindicales, en sus primeras reacciones al plan económico a medio plazo del Gobierno, recibieron ayer con fuertes críticas las directrices del mismo, y tanto el PSOE como el PCE exigieron un debate parlamentario, en su momento. En el otro lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) prefirió esperar a la vuelta de vacaciones para comentar el plan y un portavoz de la misma anunció que la reacción empresarial no se hará pública hasta el próximo día 4.
En general, todos los partidos políticos de izquierda fueronarios y duros en sus comentarios. El PSOE, que a nivel de partido no se ha pronunciado todavía sobre el programa, comunicó, a través de un portavoz, que el partido favorecía un debate amplio en el Parlamento, mientras que el diputado socialista Luis Solana, en una primera impresión sobre el plan, le concedía «un aprobado raspado». Solana, en declaraciones a Efe, evitó los calificativos duros, pero señaló que, dada la filosofía general del plan, «no funcionará». Más dura, la UGT se declaró contraria al citado plan y, también en espera de un debate a fondo del mismo, se mostró en desacuerdo tanto con la filosofía que le inspira como con las medidas o propuestas que aporta. «Es un programa de derechas ( ... ), que deja en manos de las fuerzas del mercado la solución de los problemas», dijo la central sindical socialista.El Partido Comunista de España (PCE) y su central sindical, CCOO, fueron quizá los más críticos del programa. Ramón Tamames, diputado comunista y primer teniente de alcalde de Madrid, calificó en Mundo Obrero el plan de «política veraniega» del Gobierno y, tras criticar el retraso en presentarlo y negar incluso el carácter de programa del mismo, señaló que la política económica Abril-Leal carece de horizontes y al final ha sido un fracaso.
En opinión de Tamames, el tándem Abril-Leal ha sido incapaz de contener la inflación incluso antes de la decisión de la OPEP, del pasado 28 de junio, a la que pretende echar ahora la culpa de la crisis. Según el economista del Partido Comunista, la subida de los precios al consumo había superado ya el pasado junio los cálculos previstos por el Gobierno, y, en este sentido, no le pareció adecuado que el Gobierno responsabilice ahora a la OPEP de «trastocar su política económica».
El diputado comunista añadió que, en su opinión, «no se va a reactivar la inversión en la medida que los planificadores de la Moncloa requerían. Una planificación de las circunstancias actuales de la economía española, solamente puede hacerse sobre la base de un acuerdo entre las fuerzas políticas, sindicales y empresariales. Un acuerdo negociado para tres años.»
Ante esta situación, Tamames exigió un debate del programa en el Parlamento y criticó el momento en el que el Gobierno ha hecho público el programa. «No se puede pensar que decisiones de tanta importancia puedan tomarse al abrigo de un puente de verano, cuando el país está de vacaciones.»
Por su lado, Comisiones Obreras, que ayer celebró una reunión de su comisión permanente, rechazó el plan en las mismas líneas que el PCE, pero añadió, en el tema del empleo, que la cifra destinada a estimularlo, 10.000 millones de pesetas, es «ridícula». Asimismo acusó al plan de pretender solucionar los problemas por «la vía de la explotación de los trabajadores, de la facilidad en el despido, de la creciente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y del recorte a sus derechos sindicales».
La UGT, por su parte, opinó que la filosofía del plan está orientada a dotar a la economía de una mayor flexibilidad, lo que, a su juicio, "va a suponer una desviación de los recursos existentes hacia la recomposición de la tasa de beneficios de las empresas». Este hecho «acarreará mayores sacrificios a la inmensa mayoría de los ciudadanos, asalariados, funcionarios, pensionistas e incluso sectores de la pequeña y mediana empresa».
A forma de resumen, la UGT reconoció que el programa «no nos ha defraudado, ya que tampoco esperamos otra cosa de este Gobierno, que en materia económica perdió hace meses su credibilidad».
En cuanto al resto de los sindicatos, USO se reservó su opinión para una próxima reunión de su secretariado confederal; el Sindicato Unitario le calificó de tardío y le acusó de posponer el principal problema: el paro, y la CSUT lo rechazó por antiobrero.
En el espectro de los partidos de derecha, situados en la oposición, Coalición Democrática, por medio del senador Abel Matutes, de la Banca Matutes, señaló que el programa es ambicioso, pero ha sido insuficientemente desarrollado por el Gobierno. El, personalmente, formuló los siguientes defectos objetivos incompatibles; falta de concretización, ausencia de actuaciones valientes para liberalizar el mercado y falta de especificación de cómo el Gobierno piensa contener el déficit del sector público.