El Gobierno estudia hoy un plan para controlar el aumento desmesurado del déficit del sector público

El Gobierno estudiará en su reunión de hoy el cuadro de medidas económicas que, con carácter urgente, tendrá que aplicar para tratar de limitar el incontenible déficit del sector público que se prevé para este año, y que, según estimaciones oficiales, puede llegar a los 400.000 millones de pesetas. Esta cifra es más del doble de lo previsto en el programa económico anunciado en diciembre y ratificado a lo largo del presente año. Para contener este déficit se plantean tres actuaciones: medidas fiscales que aumenten los ingresos con destino, especialmente, a las corporaciones locales, así como u...

El Gobierno estudiará en su reunión de hoy el cuadro de medidas económicas que, con carácter urgente, tendrá que aplicar para tratar de limitar el incontenible déficit del sector público que se prevé para este año, y que, según estimaciones oficiales, puede llegar a los 400.000 millones de pesetas. Esta cifra es más del doble de lo previsto en el programa económico anunciado en diciembre y ratificado a lo largo del presente año. Para contener este déficit se plantean tres actuaciones: medidas fiscales que aumenten los ingresos con destino, especialmente, a las corporaciones locales, así como un incremento de la imposición directa; medidas de control del gasto público, que pretenden reducir los gastos corrientes, y modificaciones estructurales de la Seguridad Social, con objeto de descentralizar su gestión.

La Comisión delegada para Asuntos Económicos estudió el pasado miércoles la situación y analizó las estimaciones de déficit de las administraciones públicas previstas por los ministerios competentes, especialmente Hacienda, Seguridad Social, Economía, Industria (INI) y Administración Territorial (corporaciones locales).

El déficit, duplicado

Según fuentes solventes, el cuadro básico que retrata la situación del sector público puede resumirse en los siguientes datos:

- El déficit presupuestario está estimado en 195.000 millones de pesetas, al que hay que añadir otros 55.000 en concepto de créditos extraordinarios ya comprometidos y pendientes de tramitación. Por esta vía aparecen 250.000 millones de déficit.

- La Seguridad Social va a registrar una desviación al alza en los gastos del orden de 170.000 millones de pesetas (según anunció el vicepresidente Abril en la reunión mantenida hace un mes con la directiva de la CEOE), que no será compensada en el capítulo de los ingresos por más de 80.000 millones, resultado de una declaración más sincera de las empresas y de un ligero aumento de la recaudación. El déficit adicional generado por la Seguridad Social, pese al compromiso del Gobierno de conseguir un presupuesto cerrado en 1979, será, pues, de unos 90.000 millones, que sumados a los anteriores 250.000, dan la cifra de 340.000 millones de pesetas.

- Las empresas públicas, especialmente las del INI, demandan una cifra de no menos de 30.000 millones de pesetas para evitar una situación de quiebra. Estos fondos permitirían reconstituir los recursos propios de las sociedades en crisis y permitirían cerrar el año con una situación similar a la de doce meses antes, objetivo que parece ambicioso.

- Finalmente, las corporaciones locales tendrán, cuando menos, un déficit estructural similar al del año pasado, que se estima en unos 30.000 millones de pesetas o una cifra superior.

La suma de los cuatro sectores que componen el conjunto de administraciones públicas supone la cifra ya citada de 400.000 millones de pesetas, que, según algunos técnicos, es una estimación optimista. Esta cantidad constituye el que puede ser déficit de gestión del conjunto del Presupuesto que precisa una financiación específica y para el que ya están en marcha emisiones de deuda y de cédulas que lanzan cantidades límite para ser digeridas por el mercado, así como operaciones de financiación exterior. Por estas vías se obtienen algo menos de 200.000 millones de pesetas, que cubren el déficit inicialmente estimado. El resto tendría que financiarse con recurso al Banco de España, que tiene un inmediato efecto inflacionario y de limitación del crédito real disponible para el sector privado.

El problema se agrava al considerar que el déficit monetario del sector público será superior, ya que en el ejercicio 1978 quedaron pendientes de pago obligaciones por valor de unos 180.000 millones de pesetas, que se han abonado en este ejercicio. Esta cifra es unos 100.000 millones de pesetas más elevada de la que sería habitual. Ello supone que el déficit monetario del sector público al acabar el año, si se quiere mantener un ritmo de pagos razonable a los proveedores del Estado, sería no de 400.000 millones de pesetas, sino de medio billón.

Esta cifra supone la quiebra del programa económico y la descalificación definitiva de quienes lo han gestionado e intentado llevar adelante.

Según fuentes próximas al Gobierno, la situación ha comenzado a percibirse con claridad en las últimas semanas y ha concentrado toda la atención de la vicepresidencia económica y los ministerios de Economía y de Hacienda. La última comisión delegada, presidida por Adolfo Suárez, se dedicó casi íntegramente al tratamiento de esta cuestión y a la discusión del posible cuadro de medidas para hacer frente a la misma.

Alternativas de financiación

La financiación de todo el déficit estimado con cargo al Banco de España o a otras fuentes de financiación que incidan en la creación de dinero parece impensable y supondría quebrar todos los compromisos contraídos por el Gobierno en materia de control de la inflación y crecimiento de las disponibilidades líquidas.

Una eliminación o reducción sustancial de los gastos de inversión del sector público se considera que incidiría gravemente sobre la coyuntura económica, agravando la situación de atonía y especialmente el empleo.

La opción de multiplicar los ingresos tributarios con medidas de mayor presión tampoco parece muy efectiva, ya que en los dos últimos años se ha reforzado la presión impositiva seriamente y se ha realizado la reforma fiscal con una situación de crisis. En este campo se prevé la posibilidad de reforzar la fiscalidad indirecta sobre productos de consumo del tipo del tabaco, alcoholes y otros similares.

Control del gasto

Finalmente, la única opción viable sería replantear el gasto público y proceder a una seria reducción del mismo. La capacidad de la Administración española para proceder a ese control ha sido siempre nula e ineficiente. En este sentido es de destacar la práctica habitual de todos los departamentos de generar mayores necesidades de gasto de forma permanente, comprometidos antes de que medie una decisión del Gobierno, que finalmente se ve abocado a aceptar estos incrementos.

Según fuentes autorizadas, el Gobierno estudia en estos momentos la forma de presentar esta situación ante la opinión pública y la oposición, así como las medidas para hacer frente a la misma, que tendrán que ser impopulares.

Plan de 100.000 millones

Inicialmente se pretende plantear una actuación urgente para compensar cuando menos 100.000 millones de pesetas del déficit estimado. Esta compensación se haría mediante diversas actuaciones, algunas de ellas ya en marcha, como es la aplicación de dos pesetas de la recaudación por litro de gasolina a las corporaciones locales. Esta disposición supondrá facilitar a los ayuntamientos este año unos 7.000 ú 8.000 millones de pesetas.

Otras medidas en estudio son las siguientes:

- Reducción de los gastos corrientes de todos los ministerios en un 2%. Esta reducción la realizaría cada Ministerio según sus prioridades e intereses y supondría, en conjunto, una reducción de gastos del orden de los 35.000 millones de pesetas.

- Congelación hasta el próximo año, cuando menos, de una serie de actualizaciones en las remuneraciones de diversos cuerpos, comprometidas a nivel inferior, pero que aún no son firmes. Por esta vía se estima que podrían reducirse los gastos en unos 25.000 millones de pesetas.

- Control de gastos en la Seguridad Social, especialmente en los capítulos de desempleo, la incapacidad laboral transitoria y las medicinas. En este aspecto se establecerían nuevos mecanismos, entre los que no se descarta la tipificación como delito en el caso de percepciones irregulares del desempleo. Esta vía podría suponer una reducción de gastos de otros 25.000 millones.

- Finalmente, se espera que el Gobierno apruebe hoy el decreto-ley que permita a los ayuntamientos restaurar una capacidad de recaudación perdida con la reforma fiscal. Se trata de restablecer la contribución urbana desaparecida con el nuevo impuesto sobre la renta. La recaudación de este impuesto recuperado se destinará íntegramente a los ayuntamientos. Además de esto se facultará a los entes locales para reforzar los impuestos de radicación, así como la licencia industrial. Todas estas facultades impositivas para los entes locales permitirán una recaudación anual del orden de los 15.000 millones de pesetas, que junto a las dos pesetas de la gasolina permitan cubrir el déficit estructural de las corporaciones locales.