Plan de política educativa para el próximo cuatrienio
El ministro de Educación, José Manuel Otero Novas, presentará su proyecto de política educativa para el próximo cuatrienio en el próximo Consejo de Ministros. Este mismo plan se presentó el lunes a todos los delegados provinciales del departamento.Entre los puntos de este plan cabe destacar la decisión que se adopte sobre los proyectos de ley presentados en la anterior legislatura, los criterios básicos de financiación de la enseñanza, la libertad de la misma y una nueva ordenación de la gratuidad y la adecuación del estatuto del profesorado.
La Comisión General de Subsecretarios se reu...
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El ministro de Educación, José Manuel Otero Novas, presentará su proyecto de política educativa para el próximo cuatrienio en el próximo Consejo de Ministros. Este mismo plan se presentó el lunes a todos los delegados provinciales del departamento.Entre los puntos de este plan cabe destacar la decisión que se adopte sobre los proyectos de ley presentados en la anterior legislatura, los criterios básicos de financiación de la enseñanza, la libertad de la misma y una nueva ordenación de la gratuidad y la adecuación del estatuto del profesorado.
La Comisión General de Subsecretarios se reunió ayer, bajo la presidencia del titular del departamento, José Pedro Pérez Llorca, para preparar el próximo Consejo de Ministros.
Entre los asuntos tratados por los subsecretarios en su reunión figura, entre otros, el proyecto de real decreto del Ministerio de la Presidencia para regular la aprobación de los presupuestos de las corporaciones locales de 1979, lo que deberá hacerse antes del próximo 30 de junio. Su entrada en vigor está prevista para el día 1 de julio, una vez se haya procedido a la liquidación del presupuesto anterior. Una particularidad de este proyecto de real decreto adelantada por la agencia Europa Press es que los municipios que lo deseen pondrán prorrogar el presupuesto de 1978 a lo largo del presente año.
También fue estudiada la presentación al Consejo de Ministros de un decreto de Administración Territorial que dejará sin efecto los procedimientos de fiscalización e intervención sobre entidades locales, así como un estudio de transferencias a la Junta de Galicia y al Consejo General preautonómico del País Valenciano, y la autorización de inversiones extranjeras por un importe de 4.300 millones de pesetas, entre las que destacan 3.000 millones por parte de la Renault.