La investidura y la ley del embudo
LA FALTA de coherencia en los comportamientos de los estados mayores de los partidos está contribuyendo a cavar la fosa que empieza a separarlos de sus representa dos y que se hace visible en la apatía de la campaña municipal. Da la impresión de que la verdadera ley de movimiento de sus virajes tácticos es la famosa ley del embudo. Se trata, en cualquier caso, de lograr la parte ancha del invento y dejar para la competencia la estrecha; pero cuando es el adversario el que consigue la privilegiada postura, lo que hubiera sido considerado natural y justo, de resultar beneficioso para la propia c...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
LA FALTA de coherencia en los comportamientos de los estados mayores de los partidos está contribuyendo a cavar la fosa que empieza a separarlos de sus representa dos y que se hace visible en la apatía de la campaña municipal. Da la impresión de que la verdadera ley de movimiento de sus virajes tácticos es la famosa ley del embudo. Se trata, en cualquier caso, de lograr la parte ancha del invento y dejar para la competencia la estrecha; pero cuando es el adversario el que consigue la privilegiada postura, lo que hubiera sido considerado natural y justo, de resultar beneficioso para la propia causa, se convierte en un desconsiderado abuso en favor del contrario. Por ejemplo: durante la campaña para las elecciones legislativas, los oradores de Coalición Democrática y del PCE combatieron hasta el agotamiento la teoría del «voto útil». que esgrimían como señuelo tanto UCD como el PSOE. Pero tres semanas después ambas formaciones se entregan, con el entusiasmo del converso, a proclamar en Madrid la buena nueva del «voto útil». los primeros. para justificar su retirada en beneficio del señor Alvarez. y los comunistas. para disuadir a los electores de que entreguen sus sufragios a la señora Sauquillo. La enérgica defensa por UCD, durante la anterior legislatura, de la teoría de que los grupos parlamentarios deberían ser escasos y contar al menos con quince diputados deja paso, ahora, a una permisiva tolerancia acerca de los mínimos exigibles, con la finalidad de contentar a Coalición Democrática y al PSA y pagar sus votos para la investidura.
Las declaraciones del líder socialista a propósito de la investidura, según las cuales su celebración antes del 3 de abril sería una condenable maniobra electeralista, entra de lleno en ese universo de los políticos, regido por el absurdo y no por la lógica, por los deseos y no por las razones. Imaginemos por un momento que el PSOE hu biera obtenido, el 1 de marzo, más diputados que UCD. ¿No habrían «despedido chispas» las instancias superio res de ese partido si la investidura de Felipe González se hubiera demorado hasta después de las elecciones municipales? Y continuemos imaginando que en los comicíos de 1983 los socialistas logren la victoria. ¿Cómo responderían, sin faltar a las reglas de la equidad y del sentido común, si el Gobierno saliente de UCD utilizara para justificar la retención durante más de un mes del poder el precedente sentado ahora por el PSOE?
Reconocemos que el argumento socialista de que la investidura, a lo largo de la próxima semana o a comienzos de la otra, podría permitir al Gobierno uno de los fastuosos alardes de publicidad gratuita a que nos tiene acostumbrados la televisión es desgraciadain ente cierto. Y también es verdad que el empleo partidista, abusivo y desvergonzado del primer medio de comunicación estatal por UCD ha sido ese as en la bocamanga que ha privado de limpieza a sus victorias electorales y que podría contribuir, también en esta ocasión, a favorecer a sus candidaturas para los ayuntamientos. Pero existe el peligro de que el PSOE termine por transmutar esa ayuda ventajista que tan incorrectam ente utiliza UCD en una excusa de sus propios errores. Un árbitro casero puede contribuir a dar la victoria al equipo local, pero difícilmente empuja con su propio pie el balón hasta el fondo de la red.
En cualquier caso, el aprovechamiento «electoralista» de la investidura no puede utilizarse como argumento para exigir su aplazamiento. Es urgente que el señor Suárez comparezca ante el Congreso, exponga su programa y forme Gobierno. No se puede demorar hasta después de Semana Santa -todavía casi un mes más- el afrontamiento de los serios y numerosos problemas que España tiene planteados. La negociación de las autonomías (especialmente la vasca), las medidas para frenar la espiral inflacionista y para sentar las grandes líneas de la política económica a corto y medio plazo, la crisis generalizada de las instituciones educativas tras la penosa gestión minísterial del señor Cavero o la amenzante desestabilización del norte de Africa no permiten dilaciones ni esperas. Necesitamos que haya Gobierno cuanto antes, con independencia de que beneficie o perjudique electoralmente a UCD o al PSOE en los próximos comicios municipales.
Por lo demás, la creación de usos y prácticas realmente democráticas, la devolución al país de una auténtica vida parlamentaría y el definitivo destierro del Congreso de los trapicheos y pactos secretos exigen que la investidura del señor Suárez sea precedida de un verdadero debate, el primero que se produciría en la carrera de San Jerónimo desde 1936. El presidente debe presentar su programa, pero también tiene que revelar quiénes van a ser los hombres por él elegidos para llevarlo a cabo. Y los líderes de la Oposición deben tener la oportunidad de exponer sus ideas, sus críticas y sus contrapropuestas, de trazar bien claramente el espacio político que se proponen ocupar durante los próximos cuatro años, de dirigirse a los ciudadanos, más allá de los muros del viejo palacio, para mostrarles sus verdaderas señas de identidad y convencerl.es de que existen realmente alternativas a las políticas que UCD propone. En suma, para que de una vez el Gobierno y la Oposición desciendan de la cama redonda en la que han dormido durante año y medio y se decidan a asumir sus verdaderos papeles y a interpretarlos.