Imprevisión a la española
La conmoción provocada en los mercados petrolíferos como consecuencia de la crisis iraní pone una vez más de manifiesto la fragilidad de la estructura energética española. Desde 1973 -el año de la primera convulsión petrolera- las sucesivas administraciones españolas han desoído las tendencias y opiniones que aconsejaban diseñar un marco realista y coherente de política energética. Desde entonces, hasta la desafortunada redacción del último Plan Energético remitido a las Cortes, el sector permanece sumergido en los avatares de la ausencia de planificación y la concurrencia de intereses.El sect...
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La conmoción provocada en los mercados petrolíferos como consecuencia de la crisis iraní pone una vez más de manifiesto la fragilidad de la estructura energética española. Desde 1973 -el año de la primera convulsión petrolera- las sucesivas administraciones españolas han desoído las tendencias y opiniones que aconsejaban diseñar un marco realista y coherente de política energética. Desde entonces, hasta la desafortunada redacción del último Plan Energético remitido a las Cortes, el sector permanece sumergido en los avatares de la ausencia de planificación y la concurrencia de intereses.El sector petrolero español mantiene una estructura arcaica. La escala de precios dista notablemente de los costes reales y está plagada de subvenciones. Las participaciones estatales se encuentran dispersas y carentes de coordinación elemental. Las privadas tampoco son un ejemplo a imitar. Las distintas fases -de la exploración al refino y la distribución- siguen sin ser integradas. Todo ello genera el lamentable espectáculo de que sociedades estatales compitan dentro y fuera, frecuentemente por encima de intereses nacionales. La pugna interna de la Administración por ubicar el -cada vez más necesario- ente petrolero no ha concluido y amenaza con posponer eternamente su creación.
Las cifras de consumo energético de este país son espeluznantes, y, no precisamente por su valor absoluto, sino por el elevado porcentaje de irracionalidad y despilfarro que contienen. Los precios de la energía no son disuasorios, sino que incentivan el abuso. A estas alturas de 1979 seguimos sin contar con las más elementales primas a las empresas que inviertan en proyectos de reducción de consumo.
Mientras todos los países de nuestra órbita cercana dirigen sus esfuerzos al desarrollo de energías alternativas, este país persevera en un planteamiento cauteloso y hasta torpe de la cuestión nuclear. Ello no hace sino propiciar una peligrosa continuidad en la dependencia del petróleo, sin un horizonte claro que permita abrigar esperanzas de sustitución. Ni siquiera el programa gasista se ha desarrollado conforme a lo previsto, aunque un hilo de esperanza surge en este tema, a partir de los buenos indicios de los sondeos de Cádiz y Jaca.
Desgraciadamente, el Gobierno de UCD no está solo en su postura. Los partidos de la oposición mantienen posturas ambiguas y faltas de concreción, especialmente en el tema nuclear.
Tampoco el sector privado afronta mejor la situación. Los intereses en presencia privan por encima de los planteamientos racionales y del interés general. En el ámbito concreto del subsector petrolero, la guerra entre refinerías, a la búsqueda del máximo beneficio, ha provocado una excesiva dependencia del mercado spot (entrega inmediata) en los suministros, dado que el pasado año la oferta fue sensiblemente superior a la demanda. Ahora, con las repercusiones de la crisis iraní, el mercado se ha disparado y las refinerías españolas acuden llorosas a la Administración, en demanda de la otrora vilipendiada cuota del comercio de Estado.