Diez años para hacer justicia

En diez años la Magistratura italiana no ha podido resolver satisfactoriamente el caso de la milanesa plaza Fontana, donde dieciséis personas resultaron muertas y cerca de un centenar heridas a consecuencia de la explosión de una bomba en las oficinas del Banco Nacional de Agricultura. Se iniciaba así lo que se ha denominado «estrategia de la tensión», tomentada desde el propio aparato del Estado para minar la confianza en las instituciones.Un anarquista, Pietro Valpreda, bailarín de profesión, cargó inicialmente con las culpas del atentado y la equivocación le costó tres años de cárcel...

En diez años la Magistratura italiana no ha podido resolver satisfactoriamente el caso de la milanesa plaza Fontana, donde dieciséis personas resultaron muertas y cerca de un centenar heridas a consecuencia de la explosión de una bomba en las oficinas del Banco Nacional de Agricultura. Se iniciaba así lo que se ha denominado «estrategia de la tensión», tomentada desde el propio aparato del Estado para minar la confianza en las instituciones.Un anarquista, Pietro Valpreda, bailarín de profesión, cargó inicialmente con las culpas del atentado y la equivocación le costó tres años de cárcel. Otro anarquista milanés. Giuseppe Pinelli, no pudo resistir la presión de los interrogatorios y terminó arrojándose desde la ventana del tercer piso de la Jefatura de Policía. El comisario que dirigía las investigaciones, Luigi Calabresi, sería asesinado en mayo del 72, cuando salía de su casa.

Para esas fechas los jueces habían reconocido su error inicial, habiendo salido a la luz el intento de golpe de Estado del príncipe Borghese y se iniciaba la caza de los grupos fascistas que aparecian implicados en el atentado. Dos personas de segunda fila, que habían formado una célula en Padua, fueron detenidas bajo la acúsación de ser los autores materiales: Glovanni Ventura y Franco Fredda.

Entre los presuntos organizadores de ta matanza aparecía Marco Pozzan, fundador de Ordine Nuovo, detenido en Madrid en enero de 1977, a consecuencia de las investigaciones realizadas tras el asesinato de cinco abogados en Atocha, y entrcuado ese mismo año a las autoridades italianas.

El procedimiento judicial perMitió llegar a la conclusión de que había sido el propio SID (Servicio Secreto Italiano) quien financió la operación. En marzo del 76 eran detenidos por esta razón el general Gian Adelio Maletti. jefe de una de las secciones del servicio secreto, y su brazo derecho, capitán Labruna. Apenas cuatro meses después, el fiscal Vittorio Occorsio, que había llevado el peso de la investigación en su primera fase, era muerto a tiros en Roma.