El PSOE de Granada denuncia la presunta legalidad del presupuesto municipal
Por «violar toda la normativa vigente y plantear numerosos interrogantes», el comité local del PSOE de Granada declaró ayer su intención de recurrir el presupuesto ordinario de 1978, recientemente aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad, para que «sea anulado y sustituido por uno nuevo que contenga el pago de las deudas municipales contraídas por ésta o anteriores corporaciones».
El déficit real del Ayuntamiento granadino puede estimarse, según el PSOE, en unos ochocientos millones de pesetas, de los que quinientos millones corresponden al presupuesto aprobado para 19781 desglosad...
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Por «violar toda la normativa vigente y plantear numerosos interrogantes», el comité local del PSOE de Granada declaró ayer su intención de recurrir el presupuesto ordinario de 1978, recientemente aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad, para que «sea anulado y sustituido por uno nuevo que contenga el pago de las deudas municipales contraídas por ésta o anteriores corporaciones».
El déficit real del Ayuntamiento granadino puede estimarse, según el PSOE, en unos ochocientos millones de pesetas, de los que quinientos millones corresponden al presupuesto aprobado para 19781 desglosado de la siguiente manera: 152 millones, por deudas contraídas con terceros; cuarenta millones, por el déficit resultante de liquidar el presupuesto de 1977; 110 millones, que deberían corresponder al presupuesto especial de urbanismo para 1978, no incluido en el ordinario; cien millones, que deberían destinarse a la cuota anual de amortización de empréstitos recibidos del Banco de Crédito Local, y 74 millones de ingresos «ficticios», puestos en el presupuesto del 78 para cuadrar el mismo, pero que en realidad no se producirán.
Al no estar incluido en el presupuesto aprobado el pago de todas estas cantidades, el PSOE entiende que la actual Corporación Municipal granadina «se desliga de estos compromisos e intenta transferirlos al próximo ayuntamiento democrático, por lo que cabe preguntarse si el crédito oficial necesario para pagar dichas deudas será concedido en caso de que la futura Corporación no resuIte del agrado político de UCD, dado que el director general de Administración Local se supone cualificado miembro del partido gubernamental».