El ministerio fiscal demanda a la Asociación de Funcionarios de Justicia de Asturias

El fiscal de la Audiencia de Madrid ha formulado una demanda contra los magistrados, jueces, fiscales y secretarios de Asturias que habían promovido la constitución de la Asociación Profesional de los Funcionarios Técnicos de la Justicia de Asturias, depositando los correspondientes estatutos en la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo con el real decreto de 17 de junio de 1977, regulador del derecho de asociación de los funcionarios públicos.La tesis sostenida por el ministerio fiscal es la de que los funcionarios al servicio de la Administración de justicia no pueden asociarse ...

El fiscal de la Audiencia de Madrid ha formulado una demanda contra los magistrados, jueces, fiscales y secretarios de Asturias que habían promovido la constitución de la Asociación Profesional de los Funcionarios Técnicos de la Justicia de Asturias, depositando los correspondientes estatutos en la Dirección General de la Función Pública, de acuerdo con el real decreto de 17 de junio de 1977, regulador del derecho de asociación de los funcionarios públicos.La tesis sostenida por el ministerio fiscal es la de que los funcionarios al servicio de la Administración de justicia no pueden asociarse ni sindicarse, por lo que pide en su demanda que la asociación sea declarada no conforme a Derecho.

El derecho de asociación es contemplado como rango de norma fundamental en el texto constitucional que será sometido a referéndum en diciembre. El derecho de asociación pro fesional está reconocido en el Derecho positivo español a los funcionarios públicos con las excepciones de los militares y las fuerzas de seguridad.

Los objetivos de este movimiento asociativo de los funcionarios de lajusticia no son de tipo partidista. Funcionarios judiciales han manifestado a EL PAIS no tener intención de recurrir a la huelga para ser escuchados, por entender que es un instrumento inadecuado a su alta función, y han preferido acudir a la vía asociativa como cauce legítimo para expresar su profunda preocupación por el progresivo deterioro de la Administración de justicia, consecuencia inevitable del creciente volumen de su trabajo; por la necesidad de arbitrar medios adecuados para lograr una auténtica independencia del poder judicial frente a los mecanismos del poder ejecutivo; por la falta de medios materiales y personales de las oficinas judiciales, que dan una lamentable imagen de penuria, y por el notorio desfase de sus retribuciones económicas.