Argumentos en favor del control de salarios y la movilidad de plantillas

El cuadro general de política económica descrito en los puntos anteriores es coherente con los objetivos de precios, producción y empleo que el Gobierno considera razonables y que, como ya se ha indicado, se concretan en una reducción de la tasa interanual de inflación hasta el 12% ó 12,5% y en el logro de un ritmo de crecimiento real de la economía del orden del 4,5% ó 5% en 1979, así como una ruptura en la tendencia decreciente del empleo.Aunque el Gobierno puede adoptar medidas en el ámbito que le es propio, relativo a empresas públicas y tratamiento de subvenciones y determinados beneficio...

El cuadro general de política económica descrito en los puntos anteriores es coherente con los objetivos de precios, producción y empleo que el Gobierno considera razonables y que, como ya se ha indicado, se concretan en una reducción de la tasa interanual de inflación hasta el 12% ó 12,5% y en el logro de un ritmo de crecimiento real de la economía del orden del 4,5% ó 5% en 1979, así como una ruptura en la tendencia decreciente del empleo.Aunque el Gobierno puede adoptar medidas en el ámbito que le es propio, relativo a empresas públicas y tratamiento de subvenciones y determinados beneficios fiscales, que propicien un comportamiento salarial congruente con este cuadro general de la economía, hay que decir que ninguna política económica puede determinar, sin embargo, por sí sola, en una economía de mercado y en una sociedad democrática en qué medida el crecimiento del producto nacional en términos nominales va a distribuirse entre incrementos de precios e incrementos de la producción y la actividad reales. Tal distribución depende, de modo decisivo, de las tasas pactadas de incremento de los salarios monetarios.

Establecido el marco de la política económica, mayores tasas de aumento de los salarios monetarios se traducirán en ritmos más fuertes de avance de los precios -que frenarán el incremento del poder de compra de los salarios- y en menores tasas de crecimiento de la producción y el empleo.

En estas condiciones, el Gobierno, una vez diseñado el marco general de política económica, ha de apelar a trabajadores y empresarios, en nombre de los intereses generales, para que acuerden, en uso de sus facultades de negociación, unas tasas prudentes de incremento de los salarios monetarios que, al mismo tiempo que garantizan el poder adquisitivo promedio de los trabajadores que disponen de empleo, no impliquen una reducción de las posibilidades de crecimiento del producto y la actividad reales por debajo del ritrmo que parece necesario para asegurar una evolución favorable del empleo.

El Gobierno se ve obligado a destacar que ni crecimientos mayores de los salarios monetarios implican mayores aumentos de los salarios reales -como lo ha demostrado claramente la experiencia de 1977 y 1978- ni los incrementos de los salarios monetarios pueden discutirse con referencia a un marco redistributivo referente solamente a rentas del trabajo y del capital; pues por debajo está en juego, en estos momentos, en la economía española, el proceso redistributivo entre los trabajadores en paro y el resto de la sociedad.

El Gobierno juzga, además, que el interés general aconseja que trabajadores y empresarios consideren la posibilidad y conveniencia de introducir grados de menor rigidez en las relaciones laborales, contemplando aspectos tales como agilizar los expedientes de regulación de empleo, que no supongan rescisión de contratos de trabajo; facilitar la movilidad interna de los trabajadores mediante reconversión y adaptación profesionales, sin perjuicio de sus derechos personales; restablecer un marco específico más adecuado para las relaciones laborales en la pequeña empresa; facilitar la actualización de plantillas por un determinado porcentaje anual sin disminuir el empleo global y estableciendo una protección adecuada a los representantes sindicales, y establecer medidas efectivas que permitan controlar el absentismo injustificado y otras que colaboren a la obtención de mayor productividad.

El Gobierno entiende que una menor rigidez de las relaciones laborales, dentro de las líneas sugeridas o de otras similares, supondría una contribución de la máxima importancia para facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo en el futuro.

La moderación en el crecimiento de los salarios monetarios y la menor rigidez en las relaciones laborales constituirían una aportación decisiva a la reducción de la inflación y a la aceleración del ritmo de a ctividad a las que responden y que hace posibles la política económica diseñada por el Gobierno.