El Consejo de la Revolución portugués, alterado en su relación de fuerzas

Con el nombramiento del almirante Souto Cruz como vicejefe del Estado Mayor Central de las fuerzas armadas (cargo que estaba vacante desde la primavera) y la designación del contraalmirante Antonio Sousa Leitao para el mando supremo de la Marina portuguesa se confirma una alteración de la relación de fuerzas en el seno del Consejo de la Revolución.

El organismo político-militar, que cuenta ahora con diecinueve miembros, incluyendo el general Eanes, que lo preside, está constituido ahora por diez representantes de la izquierda moderada llamada meloantonista, mientras los conse...

Con el nombramiento del almirante Souto Cruz como vicejefe del Estado Mayor Central de las fuerzas armadas (cargo que estaba vacante desde la primavera) y la designación del contraalmirante Antonio Sousa Leitao para el mando supremo de la Marina portuguesa se confirma una alteración de la relación de fuerzas en el seno del Consejo de la Revolución.

El organismo político-militar, que cuenta ahora con diecinueve miembros, incluyendo el general Eanes, que lo preside, está constituido ahora por diez representantes de la izquierda moderada llamada meloantonista, mientras los conservadores disponen de ocho votos.Están en juego la ley Electoral y la ley de Censo, recientemente aprobadas en el Parlamento por la llamada mayoría de izquierda (socialistas más comunistas). Los socialdemócratas y los demócrata-cristianos, que parecen temer las consecuencias electorales de un aumento de las abstenciones, se han batido en vano en el Parlamento para imponer el voto obligatorio.

El Consejo de la Revolución, que se reunió el viernes, ha levantado el último obstáculo legal a la promulgación de la ley de Censo, al declarar constitucional el texto elaborado por los diputados. Si el presidente Eanes se decide a ceder a las presiones de la derecha no tendrá más remedio que hacer uso de su derecho de veto político para impedir la promulgación de la ley y hacerla volver para una segunda consideración al Parlamento, donde necesitaría esta vez una mayoría de los dos tercios.

Pero entonces, sin ley electoral actualizada, quedará de nuevo bloqueada para el presidente la vía que lleva a la disolución del Parlamento.