Lagunas de una campaña por la vivienda / y 3

Arquitectos. Miembros del equipo LURLa Federación, en su campaña de vivienda 1978, no recoge, después de todo este proceso de crisis, este derecho manifestado multitudinariamente. Tampoco plantea una alternativa central a la política de UCD, ni critica los intereses a los que beneficia: es muy poco, después de su silencio durante los dos años del Plan de Viviendas Sociales. Entrando en los puntos concretos de la campaña, puntualizamos por nuestra parte:

En el plan para resolver los problemas más urgentes no menciona cómo va a ser financiado. Sobre la desaparición definitiva del chaboli...

Arquitectos. Miembros del equipo LURLa Federación, en su campaña de vivienda 1978, no recoge, después de todo este proceso de crisis, este derecho manifestado multitudinariamente. Tampoco plantea una alternativa central a la política de UCD, ni critica los intereses a los que beneficia: es muy poco, después de su silencio durante los dos años del Plan de Viviendas Sociales. Entrando en los puntos concretos de la campaña, puntualizamos por nuestra parte:

En el plan para resolver los problemas más urgentes no menciona cómo va a ser financiado. Sobre la desaparición definitiva del chabolismo no se hace ninguna críticaá que el Gobierno considera inviable su desaparición a cierto plazo, o a que no existan, recogidos en ningún texto legal, los derechos de los barrios deprimidos. Créditos oficiales para la mejora de la vivienda de los propietarios modestos, a largo plazo y sin interés.

La elaboración de una política de alquileres referida a la localización de la vivienda y condiciones de servicios de la misma darla lugar a que las familias con menos recursos tendrían que abandonar los barrios más céntricos. Lo que más precisa el débil movimiento de barrios es el apoyo de los sindicatos en sus luchas y que éstos recojan en sus programas reivindicativos los temas planteados por los trabajadores en sus barrios.

Traspaso a los ayuntamientos de decisiones secundarias para crear una ficción de participación, sin posibilidad en ellos de tomar acuerdos ejecutivos que comprometan a otros organismos. El reconocimiento de la participación de los ciudadanos lo concretaríamos en el derecho a todo tipo de información sobre planes que afecten a los vecinos o el derecho a controlar la ejecución de las obras por comisiones de afectados.

En conclusión, la Federación no recoge en su campaña el derecho a una vivienda a cambio para 100.000 familias que ya la tienen pero que pueden perderla a corto plazo por expropiación o declaración de ruina. La Central del Movimiento de Barrios recorta este derecho haciendo inquilinos de propietarios realojados en viviendas más pequeñas que las que hoy tienen (56 m.2 para familia de cuatro miembros).

La promoción estatal directa como via de "vivienda por vivienda"

Unicamente es posible abordar aquí una orientación general que podría servir, a lo sumo de punto de partida para definir las condiciones de realojamiento de cada caso concreto. Reconocimiento de los derechos, valoración actualiza da de los bienes creados y gestión pública de la permuta son tres puntos capitales que no cuentan con ninguna apoyatura en la legislación al uso. Como bases de discusión propondríamos:

- La aprobación de medidas legales, como decreto-ley, para garantizar el derecho de realojamiento de los vecinos en sus barrios. Ni los pactos de la Moncloa ni el programa de la Federación de Asociaciones recogen soluciones concretas.

- Un presupuesto público acorde con los déficit y los plazos de tiempo para subsanarlos. No vamos a decir al Estado de dónde tiene que sacar el dinero, pero sería bien visto por todos que se cortaran los continuos reclamos publicitarios, en promociones de lujo, de exenciones fiscales, desgravación en las transmisiones o protección oficial. Dentro de una política fiscal se debería incluir:

- Imposición a las viviendas libres y protegidas de lujo.

- Cupos obligatorios de financiación de viviendas oficiales baratas por cajas de ahorro o bancos de crédito a la construcción; en definitiva, dinero del Estado y sociedades públicas de crédito.

- Partidas en los Presupuestos del Estado destinadas a subvenciones a fondo perdido a la vivienda barata, con el fin de que las deducciones de los salarios no supongan la hipoteca de la vida de la familia.

- Concesión de créditos baratos a largo plazo y sin interés, con la aplicación de fórmulas de devolución en base a amortizaciones constantes, de modo que resulte una carga cada vez menos pesada.

- Aprobación de condiciones especiales para jubilados, pensionistas, incapacitados, parados, etcétera. El decreto de promoción directa del 18 de julio pone un tope mínimo a los alquileres del 2% del precio de venta de la vivienda, con lo que se excluyen así los casos más dramáticos.

- Constitución de patrimonios de suelo público mediante expropiación de solares libres retenidos por más de dos años, con indemnizaciones de acuerdo con las tasas tributadas desde su adquisición, pero no por las plusvalías acumuladas sobre los mismos, que corresponden a la colectividad.

- Promoción estatal directa de viviendas a precios iguales al coste de la construcción, tendiéndose a la creación de empresas municipales o estatales para la absorción del paro en cada localidad. Fomento de empresas pequeñas o artesanales para las obras de reparación o mejora de las viviendas de los cascos antiguos.

- Valoración, actualizada de los bienes o derechos adquiridos, que se dejan por ruina o remodelación, descontándose del valor de la nueva vivienda.

- Indemnizaciones por las pérdidas ocasionadas a pequeños propietarios e inquilinos (como caso concreto de esta permuta, tenemos el Poblado Dirigido de Orcasitas).

- Realojamiento en el mismo barrio.

- Subvención del Estado del 30% a fondo perdido.

- Créditos sin interés a treinta años con amortización constante.

- Descuento de la vivienda que se deja con una valoración actualizada.

- Precio al coste de construcción.

- Dedicación de fondos públicos para la construcción de cerca de 1.200 viviendas.

En este caso singular, han sido necesarios tres decretos, una orden ministerial y la aprobación en Consejo de Ministros de un presupuesto extraordinario, ya que las reivindicaciones de los vecinos no encajan en la actual legislación.