Hacia unos acuerdos económicos-sindicales

(Miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, diputado del PSOE)

El desarrollo político en los próxímos meses va a estar marcado por un hecho de una importancia excepcional: la aprobación por el pueblo español de una Constitución democrática que va a poner fin al proceso constituyente que se inició el día 15 de junio del pasado ano. Ello va a suponer el punto culminante de una ruptura institucional con el pasado franquista y, lógicamente, la consolidación de un Estado democrático que hará difícil que actos desestabilizadores puedan provocar procesos involutivos. Las soluci...

(Miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, diputado del PSOE)

El desarrollo político en los próxímos meses va a estar marcado por un hecho de una importancia excepcional: la aprobación por el pueblo español de una Constitución democrática que va a poner fin al proceso constituyente que se inició el día 15 de junio del pasado ano. Ello va a suponer el punto culminante de una ruptura institucional con el pasado franquista y, lógicamente, la consolidación de un Estado democrático que hará difícil que actos desestabilizadores puedan provocar procesos involutivos. Las soluciones de «emergencia nacional» propiciadas por determinados partidos políticos y fuerzas sindicales, así como otros agoreros de la política en base a pretendidas situaciones de un dramatismo exagerado, no van a tener justificación política una vez aprobada la Constitución.

Durante esta etapa de transición, la necesidad de conseguir una Constitución democrática y abierta, de todos los españoles, que permita el juego a todos los partidos políticos motivó, junto a las circunstancias propias de este período de transición y dada la relación de fuerzas existente en el Parlamento, el desarrollo de una política de «consenso» que posibilitara una Constitución de las características antes mencionadas.

A pesar de las declaraciones de algunos de sus miembros, para el actual Gobierno de UCD la situación ideal sería la de continuar, una vez celebrado el referéndum de la Constitución, con el mismo esquema de «consenso» político y económico seguido hasta ahora; política en la que se vería apoyado por el PCE. La razón radica en que el actual Gobierno no cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamento, encontrándose en una situación incómoda en base a la cual necesita, desesperadamente, el apoyo parlamentario de otras fuerzas políticas que le permita desenvolverse con cierto desahogo. Con ello, la UCD trataría de mantenerse en el Gobierno sin necesidad de convocar nuevas elecciones legislativas, lógicas después de finalizado el período constituyente. Y en este contexto se sitúa la petición de un acuerdo políticoeconómico con una vigencia de tres años, precisamente los que restan para cumplirse el actual período legislativo.

Un acuerdo de este tipo no sólo reduciría el papel del Parlamento, institución básica en la consolidación de la democracia, sino que provocaría una grave desmovilización de los trabajadores comprometiendo su capacidad de acción reivindicativa en los próximos años. Al mismo tiempo, una política consensual global, que ha tenido su, valor en el período anterior, sería negativa no sólo para los trabajadores, sino para el país, que entraría en un estado de frustración al anularse en el juego político la nitidez necesaria entre las alternativas de los distintos partidos y en base a las cuales se presentaron ante el electorado. En síntesis, la UGT no está de acuerdo con una política global consensuada que sólo serviría para mantener en el poder a un Gobierno de derechas.

Evidentemente, existe un hecho constatable: la grave crisis económica que puede agravar aún más la actual situación de los trabajadores. Esta situación puede justificar un acuerdo a través del cual se intente aliviar los problemas que les áfectan, fundamentalmente el del paro. Pero ante unos, acuerdos globales polítíco-económicos, nosotros propugnamos unos acuerdos con un contenido económico-sindical, referidos al año 1979.

Estos acuerdos deben ser unos acuerdos a tres bandas; es decir, negociados exclusivamente por las asociaciones de empresarios, las centrales sindicales más representativas y el Gobierno. Ello no sólo dejaría intacta la operatividad del Parlamento, sino que también potenciaría el protagonismo de los trabajadores a través de las centra les sindicales más representativas. Es evidente, que para nosotros la posición del Gobierno no puede ser, en ningún caso, la de un árbitro que redujera la negociación a una confrontación entre centrales sindicales y empresarios. El Gobierno, desde el momento en el que están en juego contrapartidas sindicales, inversiones públicas, etcétera, tiene que ser un tercero en la negociación. Por otra parte, el contenido de estos acuerdos no debe entrar en aspectos estrictamente políticos, que sólo son competencia del Parlamento a través del juego democrático de los partidos políticos.

La capacidad de negociación de las centrales sindicales puede alcanzar una serie de contrapartidas (garantía del poder adquisitivo de los salarios, política de empleo y de lucha contra el paro, sistema democrático de relaciones laborales, democratización de las instituciones de la Seguridad Social, patrimonio sindical, etcétera) que mejoraría notablemente la situación de los trabajadores, al mismo tiempo que potenciaría a las centrales sindicales en defensa de los intereses que están llamadas a representar.

¿Constituye esto un «pacto social» como denuncian peyorativarmente CCOO y el PCE? La clase trabajadora y la opinión pública necesitan un debate clarificador que evite argumentos manipuladores de la realidad. Y esto exige que se precise qué es lo que se entiende por «pacto social». Porque, lógicamente, si el «pacto social» se define en función de las partes que van a intervenir en la negociación, tan «pactossocial» es un acuerdo global político-económico como un acuerdo de contenido económico-sindical, ya que en ambos participarían las fuerzas répresenlativas de las partes sociales e incluso, en el primero, las representaciones políticas de dichas partes. Y si el «pacto social» se determina en función del contenido del mismo, cualquier acuerdo que se reduzca a una moderación salarial haciendo recaer el peso de la crisis exclusivamente sobre los trabajadores sólo obtendría una rotunda negativa por parte de la UGT. No somos tan ilusos como para pretender obtener, a través de los acuerdos, una serie de transformaciones estructurales que modificaran el modelo económico capitalista; ello sería desconocer que un Gobierno de derechas, como el actual, a menos que sea un suicida, jamás podrá hacer concesiones en el terreno de las estructuras que configuran el modelo económico. Pero tampoco hay que minimizar la capacidad de las centrales sindicales para, en un acuerdo a tres bandas, obtener contrapartidas concretas y favorables a los trabajadores. Para la UGT, la mejora de la situación de los trabajadores, la potenciación de los sindicatos en la empresa, su participación en los órganos gestores de la Seguridad Social y de las empresas públicas, la potenciación de una infraestructura sindical de servicios para los trabajadores, son factores que van a influir positivamente en un cambio a favor de la izquierda en la correlación de tuerzas actualmente existente.